El Constitucional revisará los puntos clave de Ley de la Carrera Militar

La decisión ha sido adoptada por el Pleno del Alto Tribunal casi un año después de que la Audiencia plantease esa cuestión –a finales de marzo de 2010– al estudiar el recurso interpuesto por dos militares que cuestionaban el curso de adaptación y sus efectos. Además, ha decidido que la resolución que finalmente adopte sea tomada también por la totalidad de los magistrados del tribunal.

Junto a ello, ha otorgado un plazo «improrrogable» de 15 días al Congreso, Senado, Gobierno –a través del Ministerio de Justicia– y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que puedan personarse en el proceso «y formular las alegaciones que estimen conveniente». Con esta resolución del TC, queda en suspenso el recurso planteado por los dos militares ante la Audiencia, hasta la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad admitida a trámite.

La Audiencia adoptó esa decisión al considerar que dos artículos de la citada ley –aprobada en 2007–sobre la integración de escalas de oficiales pueden vulnerar la Carta Magna. En concreto, las dudas surgen en que la equiparación del curso de adaptación de los oficiales «no tiene nada que ver con la enseñanza militar», por lo que podrían atentar contra los principios de mérito y capacidad.

La Ley aprobada en 2007 establece la integración en una sola de las antiguas escalas de oficiales y de oficiales superiores. Para que fuera efectiva, los de la primera debían superar un curso de adaptación tras el cual entran a formar parte de la nueva escala única. La cuestión es que los de la superior habían realizado cinco años de estudios y los primeros, sólo tres. Para los de la antigua escala media, el problema radicaba en que tenían que hacer un curso para demostrar su valía para el papel que ya desempeñaban.

La Audiencia dudaba de que sea constitucional, primero, que se permita a los ofi ciales de la antigua escala media ingresar en la misma categoría profesional que los de la escala superior con la sola superación de un curso de adaptación y, segundo, que se equipare la superación del citado curso con un título de grado universitario, algo que se hizo mediante una disposición de en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. En cuanto a este último aspecto, la Audiencia era tajante al respecto. «No se atisba la más mínima relación entre el presupuesto, su ejecución o la política económica» con la equiparación del curso a un título universitario.

«Cheque en blanco»
El auto subrayaba que la ley «supone incluir en un mismo nivel a quienes se encontraban en niveles distintos, no sólo por los cometidos desempeñados sino, entre otros elementos, por la formación requerida para mérito y capacidad» reconocidos en el artículo 103 de la Constitución.

La resolución de la Audiencia afirmaba también que «la regulación del curso de adaptación que efectúa el legislador supone otorgar un cheque en blanco a la Administración para concretar dicho curso y esta delegación tan amplia pudiera tener difícil acomodo constitucional».


Sin consenso en la Ley de Derechos y deberes
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha repetido hasta la saciedad que la Ley de Derechos y Deberes de los Militares sólo saldrá con el máximo consenso posible. Pues por el momento va por mal camino. Los grupos parlamentarios no alcanzaron ayer ningún acuerdo en la reunión de la Ponencia encargada de informar del Proyecto de Ley, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias. Sin ese acuerdo, la norma puede convertirse en otro quebradero de cabeza para Chacón.