Cae otro ente público por mezclar funcionarios y «enchufados»

SEVILLA-Las sentencias contra las agencias administrativas que la Junta ha creado al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público se acumulan y el Gobierno andaluz sigue sin hacer nada a la espera de que la Justicia decida sobre su contestada reforma. El TSJA ha dictado un auto el pasado 18 de noviembre al que ha tenido acceso LA RAZÓN que acuerda suspender cautelarmente la integración del personal procedente de la Agencia de Evaluación de la Acreditación y la Calidad Universitaria, el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (Citta) y la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia) en la Agencia Andaluza del Conocimiento. En total, 95 trabajadores afectados.
Como en casos anteriores, la decisión se apoya en las sentencias previas dictadas por la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA que afectaban a la Agencia de Instituciones Culturales y a la de Empleo. En esta ocasión, la novedad radica en que existía una resolución previa que no admitió la petición de medidas cautelares y que ahora, tras un recurso de reposición, sí las aprueba. La jurisprudencia a la que se aferra el Gobierno andaluz apunta a que los tribunales desaprueban la ley impulsada por la consejera Carmen Martínez Aguayo.
La sentencia recuerda los anteriores pronunciamientos de la sala, que concluía que la creación de las agencias «no respetaba los principios básicos de acceso a la función pública, esto es, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, vulnerándose, de ese modo, los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, así como la normativa que los desarrollan, lo que supone un desprecio al Estado de Derecho».
Hay que destacar que este proceso no se ha seguido por la vía de los derechos fundamentales, sino por la ordinaria. El matiz es importante, porque se abren nuevas vías que otorgan la razón a los colectivos de funcionarios y sindicatos que han luchado contra la medida. Según el bufete Mariano Aguayo, que ha llevado el proceso, la decisión «conlleva como efecto la paralización, hasta que recaiga resolución definitiva y firme, de la integración del personal».