Aunque la ministra Trinidad Jiménez se empecine en negarlo, el sistema sanitario español está a punto de reventar. El dinero que se recaudará por medio del tijeretazo aplicado a laboratorios, distribuidores, farmacias y sanitarios representa una ayuda para los empobrecidos servicios autonómicos de salud. Pero nada más. Tres comunidades reconocen ya en pequeños foros que a la vuelta del verano habrán agotado todos sus fondos y tendrán difícil incluso pagar nóminas o retribuir a las boticas los medicamentos prescritos desde los centros de salud. También admiten que tardarán aún más, si cabe, en abonar sus deudas a los proveedores de tecnología, y que aplicarán las mismas demoras a los fármacos dispensados desde los hospitales, ante la imposibilidad de incurrir en más déficit o de acudir al mercado crediticio en busca de financiación adicional. Los datos son en cualquier caso demoledores.

La «mordida» del Gobierno a las nóminas de los médicos, enfermeras y auxiliares, y el recorte a los beneficios de la cadena relacionada con el medicamento apenas difuminará a final de año el negro panorama que se cierne sobre el sector. En diciembre, el Sistema Nacional de Salud arrastrará un déficit cercano a los 10.000 millones pese al tijeretazo, y todos, Sanidad y autonomías, se encontrarán en una tesitura compleja: o aumentan los ingresos económicos, o la Sanidad no podrá seguir ofreciendo las prestaciones que ahora oferta a los ciudadanos. En este contexto, resultan llamativos los estudios que preparan algunos consejeros socialistas, como el vasco Rafael Bengoa, sobre el establecimiento del copago en pensionistas. Los tiros apuntan en esa dirección como remedio de urgencia.