El juzgado pide los documentos de los ERE que oculta la Cámara de Cuentas

SEVILLA-La Fiscalía Anticorrupción, la comisión de investigación de los ERE, el Partido Popular y ahora también, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todos han pedido el informe íntegro de fiscalización del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que la Cámara de Cuentas se niega a entregar y que pone en una situación muy complicada al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por su gestión como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009).

El juez sustituto de Mercedes Alaya, Iván Escalera, reclama, en un auto fechado el 31 de octubre al que ha accedido este periódico, el «expediente administrativo completo –no es casual el subrayado y la negrita de estas tres palabras en el texto– de fiscalización», apelando a la «norma 37 de Manual de Procedimiento de dicha Cámara». El ente de extracción parlamentaria ya remitió a la comisión de los ERE el expediente del informe, en el que se incluyen directrices técnicas, el informe provisional, alegaciones y votos particulares. Pero falta información sensible.

El juzgado que instruye el caso reclama una batería más amplia de documentos. Entre ellos, «el Acta del Pleno de la Cámara relativo a la aprobación del Plan Anual de Actuaciones donde se encuadre la fiscalización», los programas de trabajo de los miembros del equipo de auditoría y «las modificaciones que dichos programas hayan sufrido», escritos dirigidos a las entidades a fiscalizar, el primer borrador del informe, memorando de prealegaciones, borrador del informe elaborado por el responsable técnico, acta de la comisión técnica donde se recojan las sugerencias de este órgano hacia el borrador, el escrito de valoración técnica («coincidente o discrepante respecto a lo dictaminado por la Comisión Técnica»), fichas de tratamiento de las alegaciones o los «dictámenes emitidos por el Gabinete Jurídico sobre cuestiones jurídicas planteadas en el proceso fiscalizador».

Este último documento es sustancial, porque avalaría la tesis expresada por el interventor general entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, de que el ex presidente andaluz recibió avisos de la Intervención lo suficientemente importantes como para que hubiera tomado cartas en el asunto, sin necesidad de que hubiera mediado un informe de actuación.

Hay que recordar que Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, recibió reiterados avisos de la Intervención General sobre las graves disfunciones que estaba produciendo el método empleado –la transferencia de financiación– para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Sobre el ejercicio 2003, la Intervención llegó a abrir incluso un informe especial, en el que ponía de relieve que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que existía ya un desfase presupuestario de 38 millones de euros. Griñán ha sostenido en todo este tiempo que su entonces «número dos» en la Consejería, la actual consejera de Hacienda, no le dio traslado de la información al no ser lo suficientemente relevante. Es decir, que no se trataba de un informe de actuación que alertara del menoscabo de fondos. La Cámara de Cuentas remitió ayer a la comisión de los ERE un informe de su gabinete jurídico en el que apunta que la información requerida se «corresponde a la petición formulada». En este envío de información faltan muchos de los documentos que ahora pide también el juzgado que lleva el caso. Entre ellos, el citado informe jurídico emitido en julio, varios meses después de la filtración del primer borrador del informe de los ERE.

El Anteproyecto del informe de fiscalización también señalaba directamente al presidente andaluz, en un espinoso párrafo, el 81, que quedó borrado en el texto final. Dicho párrafo señalaba que las modificaciones presupuestarias habían sido autorizadas por el Consejo de Gobierno y el «titular de la Consejería de Hacienda» a lo largo del periodo 2001 a 2010 «sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprecia».