Cinco alternativas para reducir el déficit

MADRID- Bruselas lo tiene claro. España tiene que cuadrar progresivamente sus cuentas públicas de aquí a 2013 y el déficit máximo que marca la Comisión Europea es del del 3% del PIB para los países de la moneda única. Para el presente ejercicio, la brecha no podrá superar el 6%, pero el resultado de la gestión del capital público por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos siete años lo va a poner difícil. Bastan dos cifras para explicar la herencia socialista. Si en 2004 la diferencia entre ingresos y gastos era de 2.862 millones de euros, en 2010 se multiplicó por 35 (un 3.400% más) y superó los 100.000 millones –el 9,3% del PIB–.

En los próximos dos años, el futuro gobierno de Mariano Rajoy tendrá que realizar un necesario ajuste de gasto público para ir adaptándolo a un escenario de ingresos menguantes como consecuencia de la crisis económica. No obstante, hay líneas rojas que el futuro ejecutivo del PP no está dispuesto a rebasar bajo ninguna circunstancia.

En la pasada campaña electoral, por ejemplo, Rajoy aseguró que su ejecutivo no mermará todavía más el ya malparado por la crisis Estado del Bienestar. Es decir, que no recortará las pensiones ni el gasto en Sanidad y Educación para equilibrar las cuentas públicas.

Tampoco es partidario de hacerlo con subidas generalizadas de impuestos. Pese a estas autolimitaciones, Rajoy ha afirmado que España cumplirá con el objetivo de déficit del 4,4% fijado por Bruselas para el año próximo. Si los recortes sociales no son una opción y la subida de impuestos tampoco se perfila como remedio, ¿quedan alternativas para enjugar el déficit? Alguna queda, aunque la mayoría son balas que, una vez disparadas, no se pueden recuperar.

Los expertos aconsejan al próximo Ejecutivo que recorte gastos superfluos e innecesarios en el actual contexto de crisis económica. Además, también recomiendan que explore la forma de gestionar sus fuentes de financiación, que analice los activos industriales en poder del Estado y estudie la mejor forma de sacarles partido para lograr una porción del capital necesario para ajustar las cuentas públicas del país.


Canon por el uso de autopistas y autovías
Tanto la patronal de las grandes constructoras (Seopan) como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han demandado en los últimos meses extender el pago por uso a todas las autopistas y autovías del país. En este momento, el 22% de las vías de alta capacidad españolas –los 3.365 kilómetros correspondientes a las autopistas– son de pago. De universalizarse esta opción tanto para camiones como para vehículos ligeros para los viajes de largo recorrido, Seopan calcula que el Estado podría ingresar unos 1.800 millones de euros anuales. La CNC ha solicitado, además, que se negocie de forma inmediata la extensión de los contratos de las concesiones ya en vigor, lo que podría reportar a las arcas del Estado cerca de 1.000 millones de forma rápida.

Venta de participaciones industriales
El Estado posee en este momento, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), acciones en la compañía aeronáutica EADS –5,47%–, Enagas –5%–, Red Eléctrica –20%– y IAG –2,71%–, esta última fruto de la fusión de Iberia con British Air- ways. Aunque las bolsas se encuentran en este momento en un estado de casi continua depresión por la crisis de deuda europea, si el Estado optase por deshacerse de estas participaciones en el mercado, podría recaudar cerca de 2.200 millones de euros. Eso sí, en algunos casos asumiría una minusvalía por la diferencia del valor actual de los títulos respecto a la fecha en la que fueron adquiridos.

Fin de las subvenciones a los sindicatos
Si hay algo de lo que se jactan los sindicatos alemanes es de ser autosuficientes, pues viven de las cuotas de sus afiliados y no reciben ayudas estatales. Algo que no pueden decir sus homólogos españoles, que año tras año engordan sus cuentas a costa del erario público. En los tres últimos ejercicios, el Gobierno central les ha entregado una media anual de 300 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar lo entregado por otras administraciones públicas como comunidades autónomas o ayuntamientos, muy difíciles de cuantificar y rastrear.

Optimización de la lucha contra el fraude fiscal
La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 10.400 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, un 3,6% más que en 2010, según hizo público el pasado día 12 el organismo. No obstante, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) asegura que si el Estado hiciese una apuesta decidida contra la economía sumergida, podría reducirla en hasta diez puntos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales en concepto de impuestos aflorados. Para ello, además de dotar con más medios a los técnicos, proponen una serie de medidas entre las que se encuentra la limitación del uso del dinero en efectivo.

Privatizaciones
El Sistema Europeo de Cuentas que usan los estados de la UE para elaborar sus presupuestos impide recortar el déficit a través de la privatización de empresas públicas. Sin embargo, el dinero recaudado con esta medida puede destinarse a cancelar deuda, lo que a la larga evita tener que recurrir a nuevas emisiones de bonos. El Gobierno socialista tuvo que congelar la salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), así como la privatización parcial de AENA y de los aeropuertos de El Prat y Barajas, por las que esperaba sacar unos 15.000 millones de euros, debido a la mala situación de los mercados. Ahora, el PP deberá decidir si sigue adelante con los procesos.

Ahorro de 2.700 millones para los ayuntamientos
Si hay una administración estrangulada por la crisis, ésa es la municipal. La deuda de los ayuntamientos ronda los 36.000 millones de euros y sus ingresos no dejan de mermar. Encontrar nuevas formas de financiación y métodos para reducir los gastos se ha convertido en una necesidad. La firma de auditoría internacional y asesoramiento legal Russell Bedford cree que la externalización de servicios es un buen recurso para recortar gastos. Según sus cálculos, los ayuntamientos podrían ahorrar hasta 2.700 millones de euros anuales si externalizasen la gestión de las áreas de urbanismo y residuos. La firma también cree que otros servicios gestionados por los ayuntamientos y cuya eficiencia se puede mejorar mediante la iniciativa privada son la limpieza y mantenimiento de edificios públicos, la limpieza viaria, la conservación de parques y jardines y los servicios de apoyo a la corporación (recaudación, oficina técnica de proyectos...).

Otras opciones del Ejecutivo
1.- SEGURIDAD SOCIAL
Es necesaria una reforma de la Seguridad Social para evitar que entre en quiebra en el corto plazo.
2.- AJUSTES EN PUBLICIDAD
En plena época de austeridad, no tiene sentido mantener el gasto actual en publicidad que realiza el Estado.
3.- EMPRESAS PÚBLICAS
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y el de Cinematografía y Artes Audiovisuales son de los organismos que más gastan.