IDEA invierte en una empresa multada por fraude y en otra en la trama de los ERE

De estos fondos, la agencia dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia invierte en Andalucía 21 y en Andalucía Capital Desarrollo, ambas registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Andalucía Capital Desarrollo participa, a su vez, en Harlequín Nature Graphics, con un 70 por ciento; en las bodegas Williams & Humbert, con un 45; en Balneario Lanjarón (76%); en el centro comercial La Puerta de Almería (25%); en Axesor (30,5%); y en Omega (35%). Los datos los aporta el propio consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, en una respuesta publicada el 26 de julio en el boletín del Parlamento andaluz, en contestación a una pregunta formulada por el diputado de IULV-CA, Ignacio García. IDEA controla el 11 por ciento de Andalucía Capital Desarrollo, con una inversión que se eleva a los 3,9 millones de euros, y el 50 por ciento de Andalucía 21 (9 millones de euros). El resto de los accionistas en estos últimos fondos eran inicialmente las cajas de ahorro.

Se da la circunstancia, y aquí reside el punto llamativo, que el Consejo de Ministros acordó el pasado 22 de julio sancionar a Harlequín Nature Graphics con 187.515 euros por una infracción «muy grave» a la Seguridad Social. Dejó de ingresar 245.137 euros en cotizaciones entre enero y diciembre de 2009.

Por otra parte, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga al menos dos expedientes de regulación de empleo de Williams & Humbert financiados por la Junta de Andalucía por tener prejubilados que han cobrado pólizas de forma irregular.
Los dos expedientes sobre los que ha puesto la lupa la juez Alaya, y sobre los que ha tenido que remitir documentación la Consejería de Empleo consultada por este periódico, datan de 2005 y 2009. El primero afectó a 29 trabajadores y supuso un desembolso de 2,1 millones de euros por parte del Gobierno andaluz y el segundo afectó a 43 y costó a las arcas públicas 9,6 millones. En respuesta a otra pregunta del parlamentario de IULV-CA Ignacio García sobre estos ERE, publicada el 13 de junio, el consejero de Empleo, Manuel Recio, asumió que, como resultado de la investigación interna llevada a cabo por su departamento y remitida a la juez, figuraban «determinadas personas que presumiblemente no habrían prestado servicios laborales para las respectivas empresas, ono lo hicieron por el tiempo suficiente para resultar beneficiarios de las correspondientes pólizas». No obstante, se remitió a que los datos están en el juzgado y declinó detallar los beneficiarios de prejubilaciones que figuran de forma irregulares para no vulnerar la ley de protección de datos.

No hay que olvidar que la Agencia IDEA –antiguo IFA hasta el 2003– es el ente a través del que se han vehiculado los fondos para pagar las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis ahora investigadas. En torno a 700 millones entre 2001 y 2010, que el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, etiquetó ante la Policía como «fondo de reptiles».

Esta década es en la que se centra la juez, que ha pedido numerosa información relacionada con IDEA. En un auto del 15 de julio, Alaya reclama a la Junta la certificación del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la nueva encomienda a IDEA de abril de 2010 para el pago de las ayudas sociolaborales, que sustituyó al primer acuerdo de julio de 2001 entre el IFA y la Consejería de Empleo y que auspició el «fondo de reptiles».