Discrepancias entre el Consell y el ICO sobre cómo pagar las facturas

Uno defiende el reparto generalizado y el otro por la antigüedad

VALENCIA- La organización del pago de facturas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a proveedores y acreedores de la Generalitat, además de constituir una esperanza para aligerar las deterioradas cuentas públicas valencianas y las de las empresas, está provocando diferentes discrepancias.

Por una parte, tanto Madrid como los técnicos de la Conselleria de Hacienda son partidarios de seleccionar a los acreedores en función del tiempo que lleven esperando el pago, mientras que desde otros Departamentos del Gobierno valenciano se antoja más justo y político el reparto más universal, aunque sea de menor cuantía, es decir, que todo el mundo reciba algo.

Otro importante punto de discusión se centra en atender solamente las facturas de proveedores y acreedores, o incluir también las ayudas y subvenciones pendientes a las empresas, líneas que fueron otorgadas en su día por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva).

Y finalmente, existe el debate sobre quién realizará los pagos: el ICO o el Consell.

Primero, las facturas
Lo cierto es que, de entrada, la Generalitat remitirá al ICO la relación de facturas pendientes para revisarlas y dar el visto bueno. A partir de ahí, esta institución crediticia pretende ser ella misma la que efectúe los pagos, mientras que el Consell defiende para sí la ejecución del pago.

Fuentes de la Generalitat valenciana explicaron a LA RAZÓN que confían en que la disposición financiera sea rápida. En este sentido, esperan un montante en torno a los mil millones de euros para el pago de facturas, cantidad que inicialmente mejoraría mucho la situación actual.

El argumento principal del ICO para defender su postura se centra en que es desde allí de donde sale el dinero para ayudar a salvar el maltrecho estado valenciano, por ello es más lógico que ellos mismos distribuyan los pagos. Ya se sabe aquello de «quien paga, manda».

Por su parte, desde el Consell se aduce que en buena parte la responsabilidad proviene del Gobierno central que, durante años, se ha negado a financiar a la Comunitat Valenciana conforme a otras autonomías, tanto en función de la cantidad por habitante como respecto a la realidad del número de habitantes.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha señalado en diversas ocasiones que si la Comunitat hubiera recibido una financiación justa, la deuda sería de 11.500 millones menos, justo la mitad de la que existe en la actualidad. Lo cierto es que, sea por una cosa o por otra, las empresas y proveedores esperan recibir el pago cuánto antes.