Los grupos acuerdan por unanimidad reformar el Senado

MADRID- Dicen que el primer paso es el más difícil y ése ya lo han dado. Por unanimidad y sin confrontación alguna, todas las fuerzas políticas del Senado dieron ayer el visto bueno a una reforma tan necesaria como urgente. Y es que, en los últimos años, han sido muchos los que han cuestionado la labor de la Cámara Alta y, más aún, la de sus señorías. Eso sí, se han puesto como fecha límite el verano de 2013.
A partir de ese momento, el Senado pasará a ser una Cámara de primera lectura, por delante del Congreso, siempre que se trate de iniciativas legislativas de índole autonómico, como la reforma de estatutos, la financiación autonómica, la cesión de tributos o las leyes marco de transferencia o delegación previstas en el artículo 150 de la Constitución. Parece complicado, pero no lo es. Lo que los senadores pretenden es que este tipo de asuntos pasen primero por sus manos y no por las de los diputados, como ocurre ahora.
Y van más allá. Tal y como figura en el documento que ayer rubricaron todos los grupos parlamentarios, el Senado tendrá «una mayor intervención» en aquellas proposiciones de ley originadas en esta Cámara, ya sea porque tengan una «relevante incidencia autonómica o local» o porque «procedan de las Asambleas de las Comunidades Autónomas». Su objetivo no es otro que evitar que sea el Congreso quien ejerza siempre mayor influencia, ya que, por el momento, todas las iniciativas de este tipo deben pasar la criba y la aprobación de los diputados, pese a surgir en la Cámara Alta.
Finalmente, pretenden que también sean los senadores los primeros en ver las leyes «relativas a la organización y financiación de las entidades locales». En definitiva, lo que buscan es «reforzar las funciones del Senado como Cámara de representación territorial». Así, llegados a este punto, sobra decir que la iniciativa partió de una moción presentada por el PSOE y enmendada por el PP, que culminó con la actual redacción del acuerdo y el respaldo unánime del Pleno. Ahora, el siguiente paso será que la Comisión de Reglamento cree una ponencia, cuya misión será precisar las reformas.
Todos lo tenían claro, ya que en sólo tres Plenos han conseguido el consenso que no alcanzaron en los ocho años de gobierno socialista. ¿El motivo? «Esta institución ha sido últimamente puesta en entredicho y por ello es más urgente que nunca impulsar este tipo de reformas», apuntaba ya Francesc Antich, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y encargado de defender esta iniciativa. Desde el PP, su portavoz en la Cámara, José Manuel Barreiro, quiso dejar claro que «no debe entenderse como una censura al trabajo» desarrollado por el Senado que ha cumplido con lo que marca la Constitución. Por este motivo, apunta que hay que evitar que surjan «en la calle críticas infundadas» que incluso cuestionan la existencia de esta Cámara. Pero si alguien persiguió e impulsó esta reforma, ése fue Manuel Fraga. Un sueño que nunca vio cumplido.
Más contundente se mostró el portavoz adjunto de la Entesa, Joan Sabaté, que propuso «reformar la Constitución» para redefinir la «composición» de la Cámara. Es decir, apuesta por una representación autonómica, frente a la actual, circunscrita por provincias.

Ahora
- Cuando se trata de una proposición de ley iniciada en el Senado, es remitida al Gobierno. Si da su conformidad es debatida en el Pleno y enviada al Congreso, que decide. Aprobada allí, se devueve al Senado.
- El Congreso remite el proyecto o proposición de ley al Senado. Si el texto no es modificado, es enviado al Gobierno y se publica en el BOE. Si hay modificaciones, el proyecto es devuelto al Congreso, que decide.

Con la reforma
- Si se trata de una proposición de ley de contenido autonómico iniciada en el Senado, los primeros en tener acceso serán los senadores.
- En el trámite ordinario de proyectos de ámbito local o autonómico ocurre lo mismo.