La fiscalía recuerda al jurado que los cuatro acusados «iban a trincar»

Sevilla- Los cuatro acusados del primer juicio de Mercasevilla, incluido un ex delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, «iban a trincar», «a robar», dijo ayer el fiscal anticorrupción, que decidió, una vez expuestas las pruebas en las nueve sesiones previas, mantener en sus conclusiones la petición de condena por un presunto intento de cohecho para los cuatro funcionarios públicos: Antonio Rivas, ex delegado; Fernando Mellet, ex director general de la lonja; Daniel Ponce, ex director adjunto; y Regla Pereira, ex coordinadora de proyectos de la extinta Fundación Socioasistencial de la sociedad municipal.

En un extenso informe final, el fiscal Juan Enrique Egocheaga afirma que la petición de 450.000 euros en comisiones a los empresarios de La Raza como condición para gestionar una escuela de hostelería supone «un claro intento de corrupción», por el que solicitó al jurado popular «una respuesta» por tratarse de una conducta que se debe «erradicar de la sociedad». Para cada uno de ellos pide una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses. Un castigo que la acusación particular de Mercasevilla compartiría, mientras que el PP solicita que se eleve a 1.350.000 euros de multa y tres años de inhabilitación. Por su parte, los abogados de la defensa han solicitado su libre absolución, señalando el de Antonio Rivas, Francisco Baena Bocanegra, que «no hay prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia» de su cliente.

«Los acusados solicitaron una mordida, un dinerito extra, y ello constituye un delito», argumentó el fiscal. «Se quisieron hacer ricos», añadió. Nada más conseguir la subvención de 900.000 euros de la Junta, «los cuatro imputados se concertaron para obtener una mordida, un beneficio ilícito a costa de los empresarios».

El fiscal repitió la frase de la grabación «la Junta colabora con quien colabora» y recordó los documentos internos de Mercasevilla aportados a la causa en las últimas jornadas del juicio para subrayar «una mayor participación de Rivas en las conversaciones previas» que «lo acercan» al momento de la concesión de la subvención.

Respecto a Mellet, que se negó a declarar, y a Daniel Ponce, que sólo respondió a su abogado, la fiscalía aseguró que «cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras», ya que ambos señalaron a Rivas cuando les tomaron declaración ante la Policía: «Ninguno se sorprendió del encargo» y «no declarar no supone una autoinculpación».
En relación a Regla Pereira, el fiscal incidió en que no quiso reconocer la voces de la grabación y en que estuvo en la primera reunión, aunque con «un relato no muy acorde con la realidad cotidiana».

Egocheaga pidió al jurado que tuvieran una visión de conjunto de la grabación ante la insinuación de las defensas de que los empresarios dieron la impresión de estar dispuestos a pagar, cuando lo que tenían era «la sensación de que les querían robar». Y elevó la comisión a 450.000 euros, pues entiende que la petición de 150.000 euros posteriores a cambio de la acometida eléctrica «es un disfraz» creado por los procesados «para poder aumentar la petición de dinero». Por su parte, el abogado de Mercasevilla consideró el caso «un escándalo de corrupción» y recordó que «el que la hace, la tiene que pagar».

Antes del inicio de los alegatos finales, los peritos de la Guardia Civil que analizaron la grabación del intento de soborno realizada por los empresarios de La Raza ratificaron por videoconferencia que la cinta no estaba manipulada ni había sufrido «cortes» o «inserciones», mientras que la perito de la Policía Nacional, que examinó la prueba con anterioridad, incidió en que su calidad es «deficiente» y que la grabación «está distorsionada y tiene solapamiento», motivo por el cual no pudo realizar el pertinente informe. En la jornada de hoy expondrá sus conclusiones el PP y algunas de las defensas, antes de que el juicio quede visto para sentencia.