El Govern exige a Zapatero «lealtad institucional» entre administraciones

Ya lo dice el refrán que «en materia de dinero, no hay compañero», así que no sorprende que por dinero, la Generalitat haya tenido su primera pelea con el Ejecutivo de Zapatero. El Govern no ha encajado bien que la ministra de Economía, Elena Salgado, le haya exigido que tome «medidas drásticas» para reducir el déficit catalán, que situado en el 3,86 por ciento del PIB, es de los peores de toda España.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, exclamó ayer, tras la reunión del Consell Executiu, que le parece «increíble» que el 24 de noviembre –antes de las elecciones catalanas–, el Gobierno diera por buenas las cifras presentadas por el tripartito y dijera que Cataluña cumplía con las previsiones de déficit y ahora diga lo contrario. Homs conminó a Zapatero a no esquivar su cuota de responsabilidad en el déficit catalán que, tras alcanzar los 7.607 millones de euros, triplica las previsiones.

Rebaja del billete de Cercanías
Bajo el pretexto de que «nadie se cree que el déficit se ha disparado en dos meses», Homs exigió a Zapatero «lealtad institucional». Le echó en cara que no puede cargar de gastos a Cataluña sin compensarle y además criticarle, tal y como ha hecho con la decisión de rebajar el precio de los billetes de Cercanías un cinco por ciento para incentivar el transporte ferroviario con el pretexto de ahorrar combustible. El portavoz del gobierno catalán avisó al Gobierno de que todavía no ha comunicado a la Generalitat cómo va a compensarle por el dinero que dejará de recaudar si aplica la rebaja del 5 por ciento sobre el precio de los billetes de Cercanías. Y le recordó que la ley orgánica de financiación, rigiéndose en el principio de lealtad institucional, señala que «todas aquellas decisiones que tome el Gobierno y que acaben afectando al gasto de la Generalitat deberían compensarse».

Homs echó mano de un ejemplo muy gráfico para que la queja de la Generalitat cuaje. Dijo que el Gobierno «invita a café, la gente se toma el café y después dice que pagues tú la cuenta. No es asumible y hay que denunciarlo».

La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, y el ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, Generalitat y Gobierno, se verán las caras la semana que viene, en el marco de la comisión bilateral, para negociar 40 traspasos estatutarios pendientes desde 2007. Josep Antoni Duran Lleida participó ayer en el Consell Executiu para trazar la estrategia que pasará por renunciar a todos los traspasos que no vengan con el dinero requerido, como las becas.


En defensa de la Ley de Consultas
- El Consell Executiu de la Generalitat acordó ayer que se personará y formulará alegaciones al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de Consultas populares por vía de referéndum, la que impulsó el tripartito durante la pasada legislatura y que fue blanco de las críticas de la federación nacionalista.
- Las alegaciones se basarán en los argumentos que en su día explicó el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
- El equipo de Artur Mas está preparando una nueva ley de consultas populares que no requerirían pedir permiso al Ejecutivo, por ejemplo, para preguntar a los ciudadanos sobre un nuevo pacto fiscal en la vía del concierto del País Vasco.