«El impago nos ha cogido indefensos»

BARCELONA- Olvidados, profundamente preocupados e inquietos. Así se sienten los directores, trabajadores e usuarios de los centros sociales concertados como geriátricos o residencias para ancianos, discapacitados o drogodependientes que han sufrido el impago de la Generalitat correspondiente al mes de julio. «Nos ha cogido indefensos, con una mano delante y otra detrás», describe intranquilo el gerente del centro de día Leal en Nou Barris (Barcelona), Mario Luqui, que, a pesar de no haber recibido el pago del Govern, ha tenido que hacer lo imposible para mantener abierto su centro, pagar a sus trabajadores y atender a los 24 ancianos que cuida cada día.

«Sólo hemos podido pagar el 60 por ciento de las nóminas a todos los trabajadores», explica Luqui, a quien el impago de la administración catalana le ha afectado de forma «brutal». «Si hemos podido pagar ha sido gracias al entendimiento de los trabajadores y al soporte de las familias de los usuarios, ya que algunas de ellas han asumido el total de la cuota pagando la parte que la Generalitat no ha abonado», dice el gerente agradecido a las familias.

Preocupados
«Somos entidades débiles y pequeñas y si esta situación se repite en los próximos dos o tres meses miles de centros de servicios sociales se verán obligados a cerrar sus puertas», advierte Luqui, cuyo centro intenta no trasladar estas preocupaciones a sus usuarios, la mayoría ancianos con demencia senil.

«Esta situación se suma a los retrasos que sufrimos de los pagos de las administraciones desde el mes de marzo y que la tarifa que paga la Generalitat está por debajo del coste y congelada desde el año 2010», añade el gerente, que en julio del año pasado se vió obligado a cerrar otro de sus centros, abierto desde 1997, porque la situación ya era grave.

«La Generalitat valora en 617 euros, con IVA incluido, una plaza de centro de día para jornada completa, cuando para el centro esta plaza tiene un coste real de unos 800 euros, de modo de que las entidades ya estamos pagando casi 200 euros de más por cada usuario», explica el gerente del centro Cuidem la Memoria para enfermos de alzheimer, Christian Oliete, también afectado por el impago de la conselleria de Bienestar y Familia. «En empresas como las nuestras, si no se nos paga un mes, el centro tambalea», dice Oliete, a quien la administración no le pagará este mes unos 14.000 euros.

Teniendo en cuenta que en este tipo de entidades el gasto principal son las nóminas de los trabajadores, los empleados son los que han sufrido más el problema de liquidez de la Generalitat. «Tengo compañeras que han anulado las vacaciones y otras que no pueden pagar la hipoteca de este mes», describe la enfermera del centro de día Leal Carme Coma, que este mes cobrará solamente el 60 por ciento de su nómina. «Las auxiliares de enfermería cobrarán este mes unos 600 euros, cuando en realidad cobran unos mil euros», especifica Coma, preocupada por la situación que atraviesan compañeras cuyos maridos están en el paro.
«Estamos sufriendo muchísima tensión desde la semana pasada, cuando no sabíamos si cobraríamos algo o nada. Muchas no saben si este mes podrán pagar el piso o el teléfono», lamenta esta enfermera de 36 años de edad. «Esto es el principio de la esclavitud, ya que no dejaremos nunca a los abuelos o a los enfermos abandonados, con esta decisión han atacado a los más débiles», considera Coma.

Por su parte, la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), contabilizó ayer que los impagos de la Generalitat a las residencias concertadas y colaboradoras correspondiente al mes de julio asciende a 28 millones de euros. Concretamente, el ejecutivo catalán ha dejado de abonar los 1.200 euros de media que les corresponden mensualmente a un total de 23.388 dependientes catalanes que se encuentran en residencias, la mayoría de ellos reconocidos con grados severos de dependencia, según explicó la Ascad.