Infraestructuras

Inversiones en la infraestructura verde finiquitan el «metro por metro»

La nueva ley exige más compensaciones a los planes sobre suelo rústico

Inversiones en la infraestructura verde finiquitan el «metro por metro»
Inversiones en la infraestructura verde finiquitan el «metro por metro»larazon

VALENCIA- El anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que aprobó la pasada semana el Consell, acaba con el polémico «metro por metro». Este instrumento, creado en la etapa del ex conseller Rafael Blasco y durante la cual la presentación de un PAI era el pan nuestro de cada día, obligaba al promotor de un plan urbanístico a regalar a los Ayuntamientos o a la Generalitat un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro rústico que convertían en urbanizable y no estuviera previsto en la ordenación general. Se trataba así de compensar el suelo verde que se perdía. La iniciativa, que parece una justa recompensa, ha conseguido unos resultados hoy en día cuestionables.
La Lotup, que también elimina las cuotas de sostenibilidad, establece como medida compensatoria que el promotor al que se le autorice una reclasificación de suelo, invierta un cinco por ciento de las plusvalías urbanísticas obtenidas en mejorar la infraestructura verde.
Es decir, deberá invertir en la mejora y recuperación del gran corredor verde planeado desde el departamento de Medio Ambiente de la Conselleria de Infraestructuras para que los espacios verdes queden cohesionados. A este promotor también se le exigirá dar un diez por ciento que cederá al Ayuntamiento. En total, aportará un 15 por ciento por los beneficios que obtiene de la construcción de las viviendas o equipamientos.
Se trata del porcentaje más elevado, ya que otra de las novedades de la Lotup es que establece tres supuestos diferentes para que las plusvalías del promotor reviertan en la sociedad.
La Ley estatal establece una horquilla del cinco al diez por ciento y de manera justificada hasta un 20. La Ley Urbanística Valenciana (LUV) exigía la reversión de un diez por ciento del aprovechamiento urbanístico. Ahora, este porcentaje se queda para los desarrollos que ya estén previstos en plan y recoge una reducción hasta el cinco por ciento en los casos en los que las actuaciones se realicen dentro de lo que se denomina «ciudad construida» y siempre que haya un aumento de edificabilidad.
Estos tramos persiguen un objetivo claro. Promover el consumo de suelo consolidado y acabar con la construcción de planes diseminados.


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