«Asumo todas y cada una de las decisiones» dice Garzón

MADRID-A las 17:35, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, dio por terminado el juicio contra Baltasar Garzón por ordenar grabar en prisión a los principales imputados del «caso Gürtel» con sus abogados. Antes de ese momento, el acusado –quien se enfrenta a penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación– ejerció su derecho a la última palabra, por espacio de 10 minutos, para insistir y reiterar su inocencia, asumir todas las consecuencias de las decisiones por las que se ha sentado en el banquillo y defender que con ellas buscaba evitar la continuidad delictiva, pero también garantizar los derechos de las distintas partes del proceso.

Garzón –quien será juzgado nuevamente el martes por su investigación de las desapariciones de las víctimas del franquismo–, se responsabilizó de todas las resoluciones que han sido puestas en telas de juicio: «Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad».

Junto a ello, insistió en que no se vulneró en ningún momento el derecho de defensa con su resolución, sino que, por el contrario, «se protegió» y la «evidencia más palpable» de ello estaba en la cláusula que se establecía al respecto en el auto de intervención y en el que ordena el expurgo de las transcripciones de todo lo que afectase a ese derecho.

Con anterioridad, las acusaciones –que criticaron al Colegio de Abogados de Madrid por no estar presente en la causa cuando «se han vulnerado derechos básicos de la Abogacía»–, Ministerio Fiscal y defensa expusieron sus respectivos informes de conclusiones definitivas. En primer lugar, el abogado Ignacio Peláez, quien rechazó de plano que defendiese al PP, aseguró que lo único que busca del Supremo es «amparo» frente a la «vulneración de sus derechos constitucionales». «Lo que pedimos a la Sala –afirmó– es que establezca los límites a los tribunales, de que el fin no justifica los medios».

Por ello, solicitó la condena de Garzón no sólo por su «conducta», sino «para establecer los límites de cuáles son esas posibles intervenciones».

Por su parte, José Antonio Choclán, en representación de Francisco Correa, quien no tuvo dudas en calificar como un ataque al Estado de Derecho las resoluciones de Garzón. Así, señaló que las continuas alusiones por la defensa de que se pretendía evitar la comisión de un delito de blanqueo de capitales no es más que «invocar la razón de Estado, que es la antítesis del Estado de Derecho».

Posteriormente, citó a Voltaire para incidir en este tema: «Decía que la razón de Estado son los límites de los tiranos y esta resolución –la orden de Garzón de ordenar grabar las conversaciones– lo que ha hecho es debilitar los límites constitucionales de la protección de derechos».

«Caso Marta del Castillo»
Pablo Rodríguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, incidió en que la única forma de garantizar el derecho de defensa es no grabar «ni un solo segundo» de esas comunicaciones, y que Baltasar Garzón se convirtió «en una suerte de Gran Hermano que todo lo escuchó».

A continuación intervino el fiscal jefe, Antolín Herrero, quien insistió en la inocencia de Garzón. Así, destacó que no se vulneró el derecho de defensa «porque no ha habido una indefensión material» y que la decisión de Garzón estaba justificada. «Estamos ante un caso extraordinario y la medida era ajustada de alguna manera al fin buscado en la investigación», evitar la continuidad delictiva. La fiscal Pilar Fernández Valcárcel, aludió también al «caso Vioque» –un narcotraficante que pretendía asesinar al hoy fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza– y el «caso de Marta del Castillo», donde el juez autorizó grabar en prisión al acusado Miguel Carcaño y a su abogado.
«Todo ello demuestra que no está vedado la media aquí adoptada», destacó.
El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, destacó que más que en un «clamoroso caso de prevaricación», estamos en una «clamorosa equivocación». Coincidió con el fiscal en que la medida de su cliente, quien «está sufriendo», era «necesaria y pertinente» y que las tesis de las acusaciones eran «como empezar el Credo por Poncio Pilato».

 

Veredicto
«La inhabilitación especial acabaría con su carrera»
El juicio por las escuchas ordenadas por Garzón por las que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, ha quedado visto para sentencia. La verdad es que no pinta bien para el juez dado que en la vista oral no consiguió desmontar los indicios que le han hecho sentarse en el banquillo por delitos de prevaricación y vulneración de garantías constitucionales. El propio juez ha reconocido que esas garantías y el derecho de defensa estaban en juego y que aún así mantuvo las escuchas. Por lo que no sería descabellado esperar una sentencia condenatoria, que de producirse en los términos solicitados por las acusaciones y unido a la inhabilitación especial acabaría con la carrera del Juez.
Jorge Urosa
Profesor Historia del Derecho URJC



«Han elevado la dignidad del ejercicio profesional»
«Visto para Sentencia» ha quedado un juicio sumamente importante para que podamos enorgullecernos de que verdaderamente vivimos en un Estado de Derecho. Y realizo tal afirmación porque, si bien no puedo aventurar cuál será el fallo del Tribunal Supremo, si puedo valorar la magnífica labor realizada por los abogados de las acusaciones, que teniendo en contra a la propia Fiscalía, no sólo han conseguido que se juzgue a un «ciudadano» cuya actuación reviste al menos indicios de criminalidad, sino que han elevado la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía.
Mª Palma Álvarez
Profesora Derecho Penal
 URJC