Una casa sin luz ni agua

MADRID- A finales de junio les entregaron las llaves, firmaron las escrituras y ya están pagando la letra, sin embargo, muchos de los 94 vecinos de la promoción de vivienda pública de la parcela Echeveste de San Fernando de Henares accedían a sus casas a través de zonas en obras, sin agua, con portales con paredes de hormigón visto y con plazas de garaje y trasteros que se inundan cada vez que llueve. Pero éste sólo es el último capítulo de la carrera de obstáculos que ya dura cinco años para obtener la vivienda que ganaron por concurso en 2005. La explicación del retraso (las casas deberían haber sido entregadas en 2007) está siendo investigado por la Justicia.
 Y es que ellos han sido las víctimas del conocido como «caso DICO», por el que está imputado el alcalde del municipio, Julio Setién (IU); la ex regidora, Montserrat Muñoz (IU); el teniente de alcalde, concejal del Área de Promoción y Gestión de Suelo Público y Vivienda y consejero delegado de la EMS, Manuel González Rojo (PSOE), y su predecesor, Ángel Arranz (IU). Todos ellos están siendo investigados porque presuntamente habrían cometido fraude, malversación y tráfico de influencias en la adjudicación de las viviendas a la primera constructora que se hizo cargo de la promoción: DICO, a pesar de que había informes en contra. La promoción de viviendas de la parcela Echeveste se adjudicó a DICO a pesar de que el arquitecto responsable del proyecto alertó de que la obra era irrealizable y «temeraria» atendiendo al presupuesto que ofertó la constructora. La promoción siguió adelante y el tiempo acabó dando la razón al arquitecto: tuvo que ser paralizada en dos ocasiones, su presupuesto aumentó en un 70 por ciento y tuvo que ser acabada por otra constructora, Corsán Covian. La Audiencia ha solicitado ahora toda la documentación pertinente a la Empresa Municipal del Suelo (EMV), mientras los vecinos ganadores del concurso siguen sufriendo las consecuencias del «caso DICO».
Algunos de ellos ya han puesto en manos de la Justicia los problemas que están sufriendo. El otro asunto pendiente son las cerca de 60 viviendas que se han quedado sin ocupar, tras las renuncias de algunos de los vecinos ganadores del concurso. En las últimas reuniones del Consejo de la EMV, el portavoz del PP de la localidad, Eusebio González, solicitó que todas ellas se alquilen o se vendan como viviendas protegidas, ya que están construidas sobre suelo público. Sin embargo, los representantes de POSE e IU en el Consejo se han negado y proponen venderlas como viviendas libres.

Un caso reabierto
En abril de 2009, el Juzgado de Coslada, que investiga lo que sucedió en Echeveste así como las imputaciones del alcalde del municipio, de su concejal de Vivienda y de sus respectivos antecesores, archivó el caso. El PP recurrió el auto y en noviembre de 2009 la Audiencia Provincial pidió que se reabriera al considerar que se había archivado precipitadamente.