El PP alerta de otro «papeles para todos»

La dirección nacional del PP arropó ayer la campaña de su partido en Cataluña en favor de un contrato de integración en el que, entre otras cláusulas, esté el compromiso de que los inmigrantes en paro regresen a sus países.

Inmigrantes en la localidad barcelonesa de Vic
Inmigrantes en la localidad barcelonesa de Vic

Una defensa que acompañan de una denuncia preventiva: el PP teme que el Gobierno esté preparando otra regulación masiva de inmigrantes para después de las elecciones catalanas.

Los supuestos beneficiarios serían inmigrantes que se han quedado sin trabajo y sin prestación de ningún tipo, y que, por tanto, ya no cotizan a la Seguridad Social. La ley establece que aquel que en el último año haya estado seis meses sin encontrar trabajo, incurre en una situación de irregularidad sobrevenida y debe abandonar el país. La otra vía para la regularización sería, según el PP, la del arraigo. Los motivos que despiertan las sospechas de los populares son dos.

Por un lado, el retraso, ya de más de 5 meses, en aprobar el Reglamento de la nueva Ley de Extranjería. Y en segundo lugar, unas declaraciones del director general de Inmigración en las que anticipó que el Gobierno planea rebajar el plazo necesario para aplicar la figura del arraigo.

Según los cálculos del PP, de esa regularización masiva podrían beneficiarse el año que viene alrededor de medio millón de inmigrantes (aquellos que entraron entre 2007 y 2008).

Al respecto, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, instó ayer al Gobierno a aclarar en público si sus planes van en la dirección de sus temores. «La verdad es que hace ya 11 meses que el Gobierno aprobó la Ley de Inmigración y que debía haber aprobado el reglamento de inmigración. Los expertos nos están advirtiendo de que el retraso en aprobar ese reglamento puede deberse a que el Gobierno de Zapatero esté preparando, para después de las elecciones catalanas, una nueva regularización masiva de inmigrantes en España», declaró. El dirigente popular advirtió de antemano que adoptar esa medida «en las actuales circunstancias de España sería una decisión inadecuada, que, además, no puede tomarse por sorpresa, sin consultar a los agentes sociales y, desde luego, intentando que no se enteren los españoles». Al respecto, recordó que en 2004 en España trabajaba el 87 por ciento de los inmigrantes, mientras que en la actualidad lo hace el 42. «Hay 1,2 millones de inmigrantes en paro, de los que 800.000 no están dados de alta en la Seguridad Social», concluyó.