Presupuestos de batalla

MADRID- A partir del próximo 1 de enero, la Comunidad cobrará un euro por cada receta médica. Con esta medida, que funciona desde hace cuatro meses en Cataluña, el Gobierno regional, que dirige Ignacio González, explicó ayer que busca moderar el consumo de fármacos y que con ello se prevé una recaudación de 83 millones de euros. Lo anunció tras subrayar que los madrileños atesoran más de 45 millones de medicamentos en sus domicilios y que España es el segundo país de la Unión Europea que más medicamentos consume, un 15% más que la media.

La implantación de esta tasa tendrá unos límites. Se establece un máximo de cobro anual de 72 euros al año –en Cataluña es de 61 euros– y si el medicamento cuesta igual o menos de 1,67 euros no se pagará el euro. Estarán exentos los afectados por enfermedades específicas como el síndrome tóxico, las personas con discapacidad, los receptores de la renta de integración social, los de pensiones no contributivas, los parados que hayan perdido el derecho a recibir subsidio de desempleo y los enfermos por accidente laboral.

Esta medida se encuadra dentro de un Plan de Sanidad que el Gobierno autonómico presentó ayer dentro del anteproyecto de Ley de Presupuestos regionales, que ahora deberá aprobar el Parlamento madrileño. Con ello se espera «hacer más eficiente» el presupuesto de la Consejería de Sanidad, que baja en total un 4,9% (más de 363 millones) respecto al de este año y que ocupa el 45,22% del total de las cuentas regionales, cinco puntos más que este año.

Además del euro por receta, Madrid copia de Cataluña el modelo de gestión de los centros de atención primaria. La Comunidad permitirá externalizar la gestión del 10% de los centros de salud (un total de 26) que podrán ser adjudicados mediante conscursos públicos a sociedades o cooperativas de profesionales sanitarios.

Otra de las novedades que a partir del próximo año se introducen en el sistema sanitario madrileño es la externalización, del llamado «modelo Valdemoro», a seis de los nuevos hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Henares, Sureste y Tajo. O lo que es lo mismo, se externalizará la gestión –incluida la contratación de personal– a empresas privadas para reducir gastos y, al mismo tiempo, «mantener una Sanidad pública, universal y gratuita», recalcó González.

Cumplir con el objetivo de déficit
Sus primeras cuentas como presidente de la Comunidad ascienden a 17.048 millones de euros, un 7,71% menos que las de este año. En total, el ajuste asciende a 2.759 millones de euros que se obtienen mediante una recorte en el gasto de 1.424 millones y un aumento de los ingresos de 1.335 millones. En mayor o menor medida todas las consejerías sufren el «tijeretazo» de los 1.424 millones, ya que tal y como se muestra en el cuadro gráfico, el área que sale más perjudicada es Empleo, Turismo y Cultura (baja un 40,2), mientras que la de Sanidad es la que menos se toca, un 4,9%. «Serios, rigurosos, prudentes y eficaces» fueron las palabras más repetidas por González, que ayer estuvo arropado, por primera vez en la «era Aguirre», por todos los consejeros de su Ejecutivo. El principal reto al que ha hecho frente el Gobierno regional ha sido llevar a cabo la previsión de ingresos y adaptar éstos a un escenario económico sin precedentes por la crisis: no se podía endeudar más del 0,7% por ciento (en cumplimiento el objetivo de déficit fijado para 2013); cuenta con 992 millones menos que el año anterior, por la aplicación denunciada hasta la saciedad por «injusta» de la Ley de Financiación Autonómica; y con el compromiso regional de no subir los impuestos.

Por la venta de bienes patrimoniales de la Comunidad se prevé un ingreso de 742 millones; del Canal de Isabel se cuantifican beneficios por un valor de 150 millones; del aumento en la recaudación de tributos se espera sumar 170 millones y de la liquidación por revisión del sistema de financiación se añadirán otros 190 millones.

Además, se bajan subvenciones un 54%, congelan salarios, rebaja el capítulo de personal un 1%, adelgaza aún más la Administración y se recorta el presupuesto de universidad un 16%. En el capítulo de gastos son pocas las partidas que aumentan: la Renta Mínima de Reinserción un 56% y el bilingüismo, un 35%.