SEVILLA- Griñán ha tardado en hablar sobre el ingreso en prisión de su ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Lo hizo ayer, obligado por las circunstancias, ya que el PSOE-A celebró su Comité Director –máximo órgano socialista entre Congresos– para ratificar el acuerdo de Gobierno con IULV-CA. Sus palabras, ante muchos de los firmantes del manifiesto que consideran a Fernández como un «represaliado político», sirvieron para constatar que el presidente de la Junta se aleja del «máximo respeto a las decisiones judiciales» que ha repetido en innumerables ocasiones. Para Griñán, «Antonio no debería estar en prisión preventiva y tiene intacta su presunción de inocencia», frase que motivó los aplausos de los presentes. Unas palabras de apoyo para complacer también a ese sector dentro del PSOE que ha criticado la postura de la Junta de Andalucía como acusación en este caso, como por ejemplo, el ex consejero de su Ejecutivo Luis Pizarro. Para el ex «número dos» del PSOE-A también tuvo un mensaje: «Espero que todos tengamos la madurez suficiente para saber que la Junta de Andalucía tomó la decisión de perseguir este fraude. Somos parte acusadora y la representación procesal recae en el cuerpo de letrados de la Junta con total independencia», señaló.
El secretario general de los socialistas andaluces completó este aparente cierre de filas con críticas al PP, al que acusó de «trampas procesales y mentiras», así como a su «corte mediática». Todo para derivar en una conclusión final: «Somos un partido y un gobierno honrado e irreprochable», sentenció.
Al margen de la obligada referencia a los ERE, Griñán se presentaba ante el Comité Director del PSOE-A en una posición reforzada después de conseguir que el PP no obtuviera la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas. Así, defendió que Andalucía se ha convertido en el «epicentro del escenario político europeo y casi de todo el mundo» por resistir «al pensamiento único» que encarna el PP y la derecha, que entiende que hay que promover políticas de ajuste para salir de la crisis. A juicio del presidente andaluz, «con nosotros ha nacido la recuperación y esperanza en el voto de la izquierda». ¿Los motivos? «No es inexorable sacrificar derechos o igualdad para salir de la crisis».
Ésa será la tarea de su nuevo Ejecutivo, una vez que sea investido presidente autonómico el próximo jueves. El líder del PSOE-A mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado con IULV-CA, al que calificó como una fuerza política «responsable, solvente y leal». Atrás han quedado ya debates en el Parlamento en los que el jefe del Ejecutivo andaluz acusaba a Valderas de «no seguir un camino recto» o de hacerle «el trabajo sucio a la derecha».
Sobre las líneas maestras del nuevo Gobierno andaluz no añadió mucho a lo que ya se sabe. Insistió en que será un Ejecutivo «cohesionado, que buscará los mismos objetivos y desarrollará el mismo programa». Ésa es la obsesión del PSOE: que no haya división entre los socios y que ambos se responsabilicen de todas las acciones de Gobierno para centrarse en las políticas y no en «apagar fuegos» internos.
La intención del presidente autonómico es que tenga una estructura «menor» que el actual, tanto en los «servicios centrales como periféricos». Se comprometió a ejercer el poder «con austeridad y eficiencia» y a que las personas que ocuparán las distintas consejerías se seleccionarán en función del «mérito y capacidad» y trabajarán «para todos los andaluces y no para un partido». El acuerdo de gobernabilidad con la coalición de izquierdas fue aprobado por unanimidad.
La reunión del Comité Director también sirvió para criticar al Gobierno de Mariano Rajoy, cuyas medidas, aseguró, no sirven para hacer frente a la crisis. Pese a que señaló que la Junta no recurrirá a la confrontación, acusó al presidente del Ejecutivo central de romper consensos históricos con reformas impulsadas sin consensos. A su juicio, el paro no se resuelve con una reforma laboral que ha provocado despidos masivos ni con unos Presupuestos Generales del Estado que tienen una «visión miope y cicatera» de la educación como gasto y de la igualdad de derechos «como derroche».
También lamentó que el Ejecutivo central está inmerso en el «contrabando ideológico» de la derecha europea.