El Govern da el primer paso para recurrir la reforma de la Ley de Dependencia ante el TC

Barcelona- Tal y como informó el conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, la semana pasada, el Govern se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la menor aportación que hará el Gobierno a las ayudas que establece la Ley de Dependencia. Como primer paso, el Consell Executiu solicitó ayer un dictamen al Consell de Garanties Estatutaries, el órgano consultivo catalán que vela por el cumplimiento del Estatut, para que valore el decreto de reforma de la ley realizado por el Gobierno.

Según la Generalitat, con los cambios establecidos los presupuestos dejan en suspenso el «nivel acordado», es decir el dinero que el Gobierno debía abonar a la Generalitat en concepto de la Ley de Dependencia. Este dinero representa «77 millones de euros menos de aportación del Estado a Cataluña», denunció el portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs.
El texto aprobado por el Gobierno obliga a las autonomías a seguir garantizando las obligaciones que imponía la ley y modifica también el calendario de entrada el vigor de determinadas prestaciones. Con estos cambios, según la Generalitat, se vulnera su competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

El Govern también ha presentado un requerimiento de incompetencia por los cambios que ha introducido el Gobierno en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales, ya que ésta se hará de forma centralizada, lo que a juicio de la Generalitat invade sus competencias.

Para asegurar las ayudas a los dependientes, a día de hoy el Govern sufraga el 70 por ciento de los gastos cuando en realidad deberían aportarlos a medias Generalitat y Gobierno. Por ello,Bienestar ha empezado a trabajar en la ley catalana de la autonomía personal con la que se quiere crear un «cambio de paradigma» en el sistema de ayudas que reciben actualmente las personas dependientes.

Retraso en los pagos a las escuelas
Los centros educativos concertados denunciaron ayer que los retrasos en el abono de los gastos de funcionamiento de julio y agosto a estas escuelas por parte de la Generalitat les «ahogan económicamente». En un comunicado, cuatro asociaciones de centros concertados apuntaron que los gastos que les dejará de pagar el Govern debido a un problema de liquidez afectarán a las nóminas del personal no docente de los centros. Debido a la disminución de recursos, «la situación financiera de muchos centros es muy grave», indicaron.