La UE multa a los arroceros por exceso de superficie de cultivo

VALENCIA- Este hecho comporta que los arroceros tengan que hacer frente a unas sanciones anuales que ascienden a cerca de 260.000 euros, que no se pagan en efectivo sino que se dejan de percibir en concepto de ayuda. Concretamente, esta cantidad representa entre un tres y un cinco por ciento de las ayudas que se deberían recibir.

Así lo explicó el técnico encargado del sector del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Sergio Navarro, quien recordó que, a pesar de que ésta no deja de ser una cantidad bastante elevada, está muy lejos de los tres millones de euros que se pagaban hasta 2003 (el 65 por ciento de las subvenciones).

En dicho año se aprobó una reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la que se introdujo la regionalización de estas multas. Hasta ese momento, todas las comunidades autónomas se repartían la cuantía de la sanción por el exceso de superficie nacional, no se calculaba de forma autonómica.

En 2003, la entonces consellera de Agricultura de la Comunitat Valenciana, María Àngels Ramón-Llín, consiguió que se introdujera la regionalización de estas penas, de manera que cada comunidad autónoma asumiera las hectáreas en las que sus productores se habían excedido en la cosecha.

Los valencianos además, al contrario que otros arroceros que pueden cosechar diferentes productos en sus terrenos, sólo pueden producir arroz, al estar en el entorno del parque natural de l'Albufera.

Por lo que respecta a la campaña de arroz de este año, Navarro explicó que las expectativas de producción han caído entre un diez y un quince por ciento y habrá unas 100.000 toneladas de producción.

El precio ha aumentado en unos céntimos, al pasar de los 0,27 céntimos por kilo de la pasada campaña, a los 0,29 de la actual, pero no aumenta la rentabilidad debido a la merma de la cosecha y al aumento de los costes de producción, que en los últimos años se han incrementado en cerca de un 30 por ciento, es decir, entre 2.000 y 2.800 euros.

Esta última es una de las cuestiones que más preocupa a los productores. Las limitaciones a la hora de utilizar unos determinados productos fitosanitarios impuestos por la UE, aumentan los costes, puesto que éstos son más caros, y además conducen a resistencias de las plagas, ya que siempre se utilizan los mismos.

De hecho, si en 2008 se hacían uno o dos tratamientos con carácter preventivo, ahora se realizan tres o cuatro.

El aumento del precio del gasóleo y de la electricidad, mientras que los precios se mantienen prácticamente estables, complica también que estos agricultores consigan obtener rentabilidad con sus cultivos.

 

Quemar la paja sería mucho más rentable
La polémica sobre la quema de la paja, es decir, los residuos que deja la producción del arroz, viene de años. La UE prohibió esta práctica a la Comunitat por considerarla perjudicial para el medio ambiente (y sobre todo porque los arrozales reciben ayudas por estar en un parque natural) y obliga a utilizar la técnica del «fangeig», es decir, mezclar la paja con la tierra para que se disuelva. Navarro asegura que la quema sería mucho más rentable para los productores.