«A los padres no deben salirles gratis los delitos de sus hijos»

SEVILLA-Baena, Isla Cristina y Fuente Tójar son un ejemplo de que algo está pasando con los menores en España. Los niños mimetizan a los adultos y las agresiones se disparan. –¿Tras los últimos sucesos, es buen momento para abrir un debate sobre la Ley del Menor?–Hay que abrir el debate sobre el sistema de protección de menores. La sociedad hipócrita debe mirarse a sí misma, porque los menores son sólo la cabeza visible y un ejemplo del fracaso del sistema de protección social. Cuando una sociedad acude mucho a las reformas penales algo falla. –¿Cuál es la responsabilidad de los padres?–Los padres deben ser responsables civiles y afrontar las indemnizaciones en los casos en los que el menor no pueda ser imputado. Son ellos los responsables de sus hijos y los actos de éstos no deben salirles gratis. Le pongo un ejemplo: en la época de recrudecimento de la kale borroca en el País Vasco el Estado introdujo la responsabilidad paterna en los daños que los jóvenes ocasionaban en los bienes inmuebles. El resultado es que se redujeron este tipo de actos. –Pero los menores de catorce años no deben salir indemnes ....–Donde no llega la responsabiidad penal deben intervenir los servicios sociales. Tienen razón los que se alarman cuando se dice que no son imputables, pero eso no significa que no se les atienda. Si hace falta, deben entrar en centros y ser asistidos tanto ellos como sus familias.–¿Cómo un menor puede convertirse en un violador o un asesino a tan corta edad?– Se convierten en depredadores, es una cuestión de poder. Lo hacen en grupo. En la mayoría de los casos, son estudiantes con problemas en el colegio y viven en zonas muy populosas. A ello hay que unir que los chicos y las chicas se encuentran muchas horas en la calle y a horas muy tardías. –Todos señalan la educación como uno de los asuntos clave.– Es una variable importantísima. Tenemos un 30 por ciento de fracaso escolar y eso hay que combatirlo. Pero hay otro asunto importante: hay que ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio una vez que acaba el curso. La figura del educador social es clave.–Pero eso cuesta dinero y es díficil que las administraciones se pongan de acuerdo.–Hay que fomentar las políticas de intervención social desde los municipios con la colaboración de las comunidades autónomas y el Gobierno.–Ahora van a reformar la ley de régimen local y quieren resolver la financiación de los consistoriosLos ayuntamientos pueden coordinar esas políticas. Igual que hay socorristas en las playas y las piscinas, es necesario la creación de espacios lúdicos que sean atendidos por especialistas. –En Sevilla, hay un grupo de familias que vagan de un asentamiento a otro expulsadas de sus viviendas... – Es una vergüenza. Como asociación lo hemos hecho todo: hemos escrito al alcade de Sevilla, al presidente de la Junta, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo. Y nada. Unos cien niños han estado sin ir a la escuela desde finales de marzo; los escolarizaron cinco días al final del curso y ya está–La Junta ofreció un albergue para los niños.–Pero eso contradice el artículo 17 de la Ley de Protección al Menor, que obliga a las administraciones a intervenir para mitigar las situaciones de riesgo. No están ahí voluntariamente, sino que han sido obligados a huir de las Tres Mil Viviendas por coacciones y amenazas. ¡Y la Fiscalía sin intervenir! Estas familias carecen del estatus jurídico de persona. Yo hago una extrapolación: en la Alemania nazi a los judíos los echaban de sus casas y la Administración miraba para otro lado. Aquí sufren acoso policial. Si las familias no fueran gitanas y se hubieran quedado sin sus pisos por un derrumbe, ya estarían recolocados.–¿Le preocupa las restricciones presupuestarias que, con carácter general, la Junta ha anunciado para el año que viene?–Ya hemos detectado quejas de los servicios provinciales de Protección de Menores este mismo año. Nos consta que la directora general de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, está apagando fuegos por todos los lados.

«Algunos políticos deberían estudiar unas oposiciones»La Asociación Prodeni (Pro Derechos del Niño y la Niña), es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de ámbito español, creada en 1987 y que tiene su sede central en Málaga. Por su naturaleza, tiene un contacto permanente con las Administraciones, y muchos no son muy fructíferos. «Algunos políticos deberían estudiar unas oposiciones». ¿Algún ejemplo?. «No es normal la gestión de la Gripe A que está realizando la ministra de Sanidad. Ojo: los niños son un grupo especial de riesgo».