El pago de la deuda histórica sumido en la ambigüedad

El Gobierno andaluz no se aclara sobre la forma de pago de la deuda histórica. Si bien el presidente José Antonio Griñán aseguró el lunes en una entrevista concedida a Canal Sur que los casi 800 millones que restan por cobrar se harán efectivos con «dinero contante y sonante», dando así por cerrado el debate sobre la posible liquidación a través de la cesión de suelo titularidad del Estado, ayer el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, volvió a reabrir la polémica. Adujo en este sentido, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha levantado un «falso debate» ya que, «si hay que hacer un edificio para sanidad, ¿qué diferencia hay entre comprarlo directamente o recibirlo para consolidar el pago?», se preguntó, según recoge Efe. «El presidente fue claro, pues si se necesita suelo para prestación de servicios me da exactamente igual que yo pueda comprar ese suelo directamente o que ese suelo me sea entregado, valorado y tasado externamente», aseguró al ser preguntado sobre el caso de los terrenos de Los Gordales, donde está previsto que se construya la Ciudad de la Justicia de Sevilla, uno de los ejemplos de posible pago en especie que puso hace menos de dos semanas el propio presidente andaluz.
El caso es que con las declaraciones de Ávila se vuelve a poner el contador a cero. Y donde Griñán dijo «dinero contante y sonante» para educación, sanidad y vivienda, 24 horas más tarde se vuelven «recursos financieros contantes y sonantes». El matiz no es en absoluto baladí. La oposición valoró el lunes el cambio de postura de Griñán. Hay que recordar que el PP ha amenazado con ir a los tribunales si hay pago en especie.

La Junta pide su terreno en la Ley de Cajas
Por otra parte, Antonio Ávila advirtió ayer al Gobierno de que suprimir el veto autonómico a las fusiones interregionales de cajas rescatadas por el Estado «no es tan sencillo y puede afectar al Estatuto de Autonomía», que reconoce competencias exclusivas en esta materia. Se refirió así al plan del Gobierno de entrar de forma transitoria en el capital de las cajas de ahorros cuando haya que intervenirlas, una operación que requerirá una suspensión parcial de la Ley estatal de Cajas, por lo que las comunidades autónomas no podrían vetar operaciones de concentración que vengan precedidas de una intervención.