El TS aún debe decidir sobre otra querella por prevaricación contra Garzón presentada por una asociación malagueña

El Tribunal Supremo, que hoy admitió a trámite una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación, aun debe decidir sobre otra querella presentada el pasado 10 de marzo en los mismos términos por la asociación malagueña Libertad e Identidad (LeI), que acusó al magistrado de "jugar con el derecho como si fuese plastelina"en relación a su investigación sobre los crímenes del franquismo. Concretamente, esta segunda querella por prevaricación afirmaba que las resoluciones de Garzón son "manifiestamente injustas"y acusaba al juez de incurrir en un "fraude de ley"al "eludir por un lado las normas de prescripción de delitos, irretroactividad de la norma penal y por otro lado aplicar otras normas no procedentes como convenios internacionales y delitos de detención ilegal permanente y contra la forma de gobierno". El escrito de 91 folios fue presentado en persona por el portavoz de esta asociación, José Manuel Medina. La asociación, creada en 2006 y afincada en Málaga se presentó ante los medios asegurando que busca "la regeneración de las instituciones, de la sociedad y de la familia". Según matizaron, la querella no busca ir ni contra la ley de Memoria Histórica ni contra las víctimas, sino "contra la acción de Garzón, que lo que buscaba era una foto ante la tumba de García Lorca a sabiendas de que su familia se oponía a su exhumación". Además la asociación denunciaba la "ilegalidad"del proceso que, a su entender "no ha respetado la Ley de Amnistía de 1977, que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución, y que supuso el perdón a todas las personas implicadas en posibles delitos en la Guerra Civil y posteriormente". "Ha dictado las resoluciones a sabiendas de que son injustas", insistía la querella, que se refería a los autos que el 16 de diciembre de 1998 y el 6 de marzo de 2000 dictó el juez para no admitir una querella contra Santiago Carrillo (para juzgar su responsabilidad en los crímenes en la Guerra Civil).

SEGUNDO INTENTO DE MANOS LIMPIAS Pese a que hoy el Tribunal Supremo sí decidió admitir a trámite la querella presentada por Manos Limpias en enero, el alto tribunal ya ya rechazó el pasado 7 de noviembre un primer intento de este sindicato al no aceptar a trámite una denuncia presentada contra Garzón por los mismos motivos. Ya en aquella primera denuncia Manos Limpias acusaba al juez de haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos al declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el Franquismo a sabiendas de que no es competente para ello. El alto tribunal argumentó no ser el órgano competente para entender de este asunto, por lo que declinó entrar en el fondo de la cuestión. Concretamente, la razón para este rechazo tenía su origen en que no procedía admitir a trámite dicha denuncia ya que "de acuerdo con el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial"la responsabilidad penal contra jueces "podrá iniciarse por providencia del tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal o del perjudicado mediante el ejercicio de la acción popular, sin que por consiguiente, esté prevista la denuncia, como medio legalmente admitido". "Por lo tanto, en la medida en la que el denunciante no se ha personado como querellante, la denuncia debe ser desestimada", sentenciaba el auto del Tribunal Supremo que estaba firmado por los magistrados Adolfo Prego (ponente), Juan Saveedra y Juan Ramón Berdugo. Precisamente, estos tres magistrados son los mismos que firman el auto conocido hoy en el que sí admiten los argumentos de Manos Limpias --en este caso por medio de un querella-- junto a los también magistrados Joaquín Giménez y Francisco Monterde.

NIETA DE NEGRIN No es la primera vez que la investigación abierta por Garzón en relación a los desaparecidos del franquismo llega al Tribunal Supremo, quien también el 26 de febrero archivó otra querella por prevaricación presentada por Carmen Negrín --nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín--. En este caso, su querella iba dirigida contra los diez magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado 7 de noviembre acordaron paralizar el inicio de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el juez Baltasar Garzón en su investigación sobre los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo. El alto tribunal señalaba que la resolución fue "debidamente fundada, de tal modo que no puede ser calificada de injusta".

ENFRENTAMIENTO ENTRE GARZON Y FISCALIA Y es que esta investigación, iniciada por el juez el 16 de octubre de 2008, desencadenó un enfrentamiento entre el magistrado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público defendió que el juez no era competente para investigar los delitos cometidos por el franquismo apelando, entre otras cuestiones, a la ley de Amnistía de 1977 o a la prescripción de los delitos. Por estos motivos el Departamento que dirige Javier Zaragoza llegó a solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizase la orden dictada por el juez de iniciar la exhumación de fosas comunes. Sin embargo, el Pleno de la la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional --órgano jerárquicamente superior a los jueces de instrucción-- no llegó a pronunciarse sobre la competencia de Garzón para investigar esta causa ya que el propio magistrado, el 18 de noviembre, declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos de su régimen por fallecimiento y remitió la causa a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes. Esta última decisión supuso la paralización del incidente de competencia planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Pleno de la Sala de lo Penal.