Garzón suspende por tres años las actividades de ANV y PCTV

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado hoy la suspensión por tres años de las actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), lo que impide a este último partido concurrir a las elecciones del 9 de marzo. 
Según los autos de suspensión, de más de 200 folios cada uno, los responsables de PCTV y ANV estaban en el umbral de integrarse en ETA al haber convertido a estos dos partidos en los últimos tres años «en un instrumento político en manos de dirigentes de Batasuna y en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y cumplir con los fines terroristas de Batasuna-ETA». 
La medida de suspensión, prorrogable al límite máximo legal de cinco años, no afecta, según el juez, a «las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar personas integradas» en ANV y en el PCTV, que mantendrán sus puestos en los Ayuntamientos y en el Parlamento vasco.
No obstante, respecto al grupo parlamentario de PCTV, contra el que Garzón carece de competencia para actuar, el juez anuncia que elevará en su momento suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que decida si debe reclamar al Parlamento vasco que retire la inmunidad parlamentaria a los nueve diputados de ese grupo en el Parlamento vasco. 
En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado hoy mismo a favor de pedir a Garzón que remita al TSJPV la parte de la investigación sobre el PCTV que afecta a las parlamentarias Nekane Erauskin (portavoz) y Karmele Berasategi (tesorera), por si éstas hubieran cometido los delitos de colaboración con ETA y asociación ilícita por los que el juez ya ha imputado a otros responsables del partido que no son parlamentarios. 
En total, catorce miembros de ambos partidos se encuentran ya imputados en la causa por los delitos de colaboración con organización terrorista, asociación ilícita y defraudación de subvenciones y/o malversación de caudales públicos. 
Según Garzón, «los fondos que han recibido y reciben tanto PCTV como ANV por su representación municipal, foral y parlamentaria son gestionados por personas ajenas a su estructura y vinculadas a Batasuna y a la dirección única del denominada Movimiento de Liberación Nacional Vasco».
Así, indica, se ha identificado «un sistema de tesorería común en el que participan tanto PCTV y ANV como la propia Batasuna» y «la existencia de una caja única al servicio» de estas estructuras». 
Dentro de ese entramado financiero se han descubierto transferencias de ANV a miembros de Batasuna y del entorno de ETA por un valor total de 768.000 euros que «han supuesto la práctica descapitalización del PCTV y del grupo parlamentario representado por Karmele Bertasategui y Nekane Erauskin». 
La práctica totalidad de la mesa nacional de Batasuna y algunos de sus colaboradores más próximos, unas 61 personas en total, además de otros responsables de organizaciones del MLNV, perciben fondos procedentes de PCTV, según el juez. 
Garzón afirma que «la suspensión cautelar de la actividad del PCTV o de ANV no se trata pues de un acto ‘ad hoc' para evitar la concurrencia de este último partido a un proceso electoral», sino que es para prevenir la continuidad delictiva de colaboración con organización terrorista y anuncia que esta medida podrá levantarse «en el momento en que se acredite» que ya no se persiste ese delito. 
El juez cree que si las acciones de los dirigentes de PCTV y ANV «no han llegado a propiciar una integración ha sido porque la actuación de las instituciones, entre ellas la judicial, lo ha impedido».
Entre esas actuaciones judiciales, Garzón destaca la operación en la que fue detenida la cúpula de la nueva Mesa Nacional de Batasuna el pasado 4 de octubre en Segura (Guipúzcoa), causa que se une a los procedimientos abiertos para investigar el PCTV y ANV, conformando el sumario 4/2008, que cuenta por tanto con 52 imputados, 38 por integración (los de la mesa nacional de Batasuna) y 14 por colaboración. 
Hasta el momento, según Garzón, PCTV y ANV financiaban actividades electorales de Batasuna-ETA para poder hacer campaña, actividad de la que, según el magistrado, no se desprende una pertenencia terrorista «sino la voluntad de favorecer a las actividades de ETA-Batasuna y su presencia indirecta en campaña electoral». 
Respecto de ANV, que trataba de concurrir a las elecciones del 9 de marzo, el juez señala que «la adopción de la medida es necesaria al tratarse de neutralizar una actividad a través de la cual se está financiando actividades terroristas de Batasuna-ETA, que actúa conforme a sus propios designios criminales, atentando contra la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas e instituciones públicas (en el día de hoy contra los juzgados de Bergara) o privadas»..
Por su parte, el Abogado del Estado ha pedido a la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) que, además de la suspensión de actividades como partido político del EHAK-PCTV, se suspenda también la actividad del grupo parlamentario de esta formación política en el Parlamento Vasco, suspensión que no ha solicitado la Fiscalía.
El Abogado del Estado ha formulado hoy esta petición durante la vista de la Sala Especial del Supremo para escuchar las alegaciones de los representantes del PCTV -suspendido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- sobre las medidas cautelares que plantean la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas de ilegalización. 
Según el representante de los servicios jurídicos del Estado, la suspensión cautelar de actividades solicitada para el partido político debe aplicarse además al grupo parlamentario al ser éste también «un instrumento útil para influir, utilizando el terror, en la conformación de la opinión pública» y, por tanto, es una consecuencia «lógica y obligada».
El abogado del Estado Manuel Pacheco ha argumentado que el PCTV se encuentra también en la creación de un grupo parlamentario creado por ese partido, que mantiene los mismos factores de cohesión y relación con la organización terrorista, por lo que es precisa la suspensión de su actividad con carácter inmediato. 
La Abogacía General del Estado también reclama el embargo de cuentas y depósitos existentes a nombre del grupo parlamentario del PCTV -Ezker Abertzaleak-, ya que, según Pacheco, el bloqueo de esas cuentas «es más trascendente» para el interés general que la suspensión misma de actividades.
Sin embargo, el fiscal de sala-jefe de lo Contencioso-Administrativo del TS, Antonio Narváez, no ha solicitado la suspensión del grupo parlamentario al considerar, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el mandato de sus miembros es personal y, por tanto, la vinculación con el partido es discutible pese a que sus integrantes compartan ideología. 
Narváez ha justificado la necesidad de suspender las actividades del PCTV como partido al afirmar que está instrumentalizado por la ilegalizada Batasuna. 
Por su parte, los abogados del EHAK-PCTV, Kepa Landa y Jone Goirizelaia, han indicado que el grupo parlamentario y el partido «son dos cosas diferentes» y han asegurado que la suspensión del grupo parlamentario es una solicitud nueva, sin argumentación, que no incluyó el abogado del Estado en su demanda. 
El resto de medidas cautelares reclamadas son el embargo de las cuentas corrientes del PCTV y el de los ingresos por cualquier subvención pública que tenga asignadas. 
Además, aunque el PCTV no ha presentado candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo, en las demandas se solicita la suspensión de su derecho a presentarlas y a la concurrencia a los procesos electorales. 
Por su parte, la Fiscalía también ha reclamado a la Sala del 61 el cierre cautelar de sus sedes y locales. 
Los representantes del PCTV se han opuesto a la adopción de todas las medidas cautelares alegando que son contrarias a la Ley. 
Según ha afirmado Goirizelaia, «la situación que se ha dado respecto a la actuación del PCTV ha sido tolerada durante muchísimo tiempo, desde la constitución del partido en 2002, y ha sido consentida por el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado».
A juicio de la letrada, «la Ley de Partidos no se hizo para suspender a los grupos parlamentarios» y, además, se tendría que dar al grupo la oportunidad de defenderse.
Además ha recordado que la prueba de que se está ante una «situación consentida» es que el abogado del Estado tiene desde abril de 2005, un mes antes de las elecciones autonómicas, un informe policial, que consta en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional contra el PCTV, que incluye todos los puntos que éste plantea en su demanda.
Al respecto Pacheco ha contestado que «no existe consentimiento por parte del Gobierno». 
Al finalizar la vista los quince magistrados de la Sala del 61 del TS, más su presidente, Francisco José Hernando, han comenzado a deliberar y a las 16.00 horas celebrarán otra vista relativa a las medidas cautelares solicitadas contra Acción Nacionalista Vasca (ANV).