Industria y el PSOE apuntan a que la central de Garoña será cerrada

La gran expectación creada por la comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, para decir lo que se trató de ocultar el viernes por la tarde y veinte minutos después conocía toda España, demuestra que el debate nuclear se ha convertido en referente de la política española. Un problema para todos los actores implicados, que exigen «devolver el debate al plano técnico». Las múltiples reacciones que ha habido estos días apuntan a que no se cumplirá este deseo. El secretario de estado de Energía, Pedro Marín, manifestó ayer que «no se ha descartado cerrar la central nuclear». Hugo Morán, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, precisó que el dictamen «tiene el mismo valor que otros que se hacen de carácter social o ecológico». Todo apunta a que el Gobierno prepara el anuncio del cierre.

Según la versión del CSN, «no ha habido falta de transparencia, ni han influido las elecciones europeas en la decisión de esperar al lunes para hacer público el informe». Ése era el mensaje principal que trató de transmitir ayer el CSN, ya que lo de la prórroga de funcionamiento de Garoña, menos el Ministerio de Industria (versión del Consejo), lo sabían todos los españoles. Tan importante era dar esa imagen que la presidenta se apresuró a desvincular su actuación de los comicios. ¿Problema? Que aún nadie le había preguntado por ello («excusatio non petita...»). Aunque bien es cierto que medios de comunicación, partidos políticos y grupos ecologistas habían pasado todo el fin de semana denunciando el intento de apagón informativo.

Martínez Ten comenzó su comparecencia agradeciendo «el respeto escrupuloso que el Gobierno ha tenido con este organismo. Nuestra evaluación es ajena a otras consideraciones de política energética», aseguró. Luego, la presidenta detalló el sí condicionado que el CSN ha dado a Garoña. «La central debe cumplir los requisitos que les hemos puesto; hay un calendario de actuaciones que se irán verificando». Es decir, el Consejo ha impuesto 15 condiciones que tienen un calendario de cumplimiento y que en caso de que no se realicen supondrían que se revoca la licencia.

Exigencias propias

Martínez reconoció que los informes técnicos se habían hecho desde abril, pero matizó que el propio Consejo «ha añadido nuevas exigencias» y justificó así que la decisión se tomara a última hora. Por último, Martínez aseguró que «Industria no conocía el dictamen. Quizá esperaban votos distintos o particulares».

Por último, el secretario del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró partidario de seguir manteniendo la central nuclear de Garoña abierta «por los numerosos puestos de trabajo que da y por la riqueza que genera en la provincia burgalesa». Además, reclamó a los dirigentes del PSOE en Castilla y León que «aclaren su postura».