La cadena perpetua a debate

En catorce ciudades de nuestro país, miles de españoles acudieron el viernes a las concentraciones convocadas por la plataforma «Todos somos Marta». En ellas, se pidió al Gobierno que lidere la propuesta de cambios en la Ley, en concreto, el endurecimiento de las penas en casos de asesinatos o violaciones. Esta demanda viene avalada, además, por el 1.100.000 de firmas que la familia ha recogido en todo el territorio nacional con la misma demanda. 50.000 de ellas han sido aportadas por la familia Cortés, que también sufrió otro crimen especialmente execrable: el de su hija Mari Luz Cortés. La sociedad en su conjunto no es impermeable a la naturaleza y el contexto de ambos asesinatos ni, naturalmente, a la circunstancia de que las víctimas eran menores de edad. Por eso se considera que los autores de tan horrendos actos merecen una condena ejemplar que se ajuste a las dimensiones de su terrible conducta.
Esta apreciación viene avalada por encuestas cuyos resultados son inapelables. LA RAZÓN publicó recientemente una en la que el 86 por ciento de los sondeados se mostraba favorable a que pasasen el resto de su vida en la cárcel los condenados por delitos de violación, pederastia y terrorismo. Un 60 por ciento creía que en este capítulo también debería incluirse a los asesinos. Los datos que quizá merecen mayor reflexión por parte de los poderes públicos son que más de un 82 por ciento de los encuestados piensa que las condenas que se aplican a los criminales en España no son suficientes y que un 78 por ciento valora que la cadena perpetua no supone un retroceso en nuestro Estado de Derecho.
La opinión pública ya se ha posicionado a través de todos los cauces que están a su alcance. Ahora, la pelota está en el tejado de la clase dirigente. El padre de Mari Luz y el de Marta del Castillo han sido recibidos tanto por el presidente del Gobierno como por el líder de la oposición y, sin duda, han activado un debate, éste sí, que es demandado por una mayoría de la sociedad. Mariano Rajoy ya manifestó su disposición a abordarlo con el fin último de que se ponga encima de la mesa una reforma legal que sea más contundente con delitos de especial gravedad. Por contra, el Gobierno está actuando con demasiada cautela. Sí, el tema es de por sí delicado, pero obviarlo sería un error por cuanto la sociedad está pidiendo una respuesta. Desde el Ejecutivo se explicó que la cadena perpetua es incompatible con el artículo 25.2 de nuestra Constitución. Sin embargo, expertos juristas argumentan que sería constitucional si hay un juicio de revisión. Éste consistiría en que cada cierto tiempo se revise la situación del recluso y, en caso de que esté en condiciones de ser reinsertado, que la pena tenga una duración determinada .
Si los partidos políticos llegan a la conclusión de que la cadena perpetua no es constitucional, habrá que activar otras alternativas. Ahí están el endurecimiento de las penas y el cumplimiento íntegro de éstas para que no se produzcan situaciones tan alarmantes como la puesta en libertad del «violador del Valle de Hebrón» o la del «segundo violador del Ensanche», que cumplió 16 años por cinco violaciones y varias agresiones sexuales, algo que creó una polémica considerable.
Lo cierto es que, ante estos delitos y la excarcelación de los que los cometen, la sociedad tiene una sensación de indefensión y de inseguridad que necesita una actuación más diligente por parte de los poderes públicos para que acometan las reformas que sean necesarias despojándose de complejos y prejuicios que terminan debilitando el Estado de Derecho.