Presiones y amenazas desde las autonomías contra los objetores

La asignatura bandera de la reforma educativa socialista ha tenido tantos desarrollos como autonomías hay. Y no sólo eso, ha generado otras 17 respuestas diferentes de las administraciones educativas autonómicas, en ocasiones abrumadas por un movimiento de resistencia a la asignatura sin precedentes al que han dado respuestas dispares y no siempre de su agrado. Sin embargo, cuatro comunidades se han destacado por su respuesta especialmente beligerante contra el movimiento objetor aunque ninguna, en realidad, se lo ha puesto fácil a los más de 50.000 padres que se han negado a que sus hijos estudien la asignatura.
-Andalucía: Si hay alguna comunidad en la que los objetores tocaron en hueso a la hora de objetar fue Andalucía. Ha sido una de las autonomías más hostiles al movimiento objetor y los padres se han quejado en reiteradas ocasiones de recibir presiones y amenazas continuas de la Junta de Andalucía. La última polémica se generó cuando el Gobierno regional publicó en el Boletín de la Junta de Andalucía los nombres de los menores cuyos padres habían objetado. La actuación fue motivo de denuncias ante el Defensor del Pueblo andaluz y los tribunales de Justicia. El alborotado panorama se ha completado con los injustificados suspensos que han recibido algunos alumnos que no entraban a clase. En centros públicos de Cádiz y Córdoba hubo alumnos que fueron calificados con un 1, equivalente a un suspenso. En Jaén, otro estudiante fue suspendido, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había emitido un auto de medidas cautelares que le autorizaba a no ir a clase de Ciudadanía.
- Castilla-La Mancha: Es otra de las comunidades socialistas donde la Administración ha puesto más pegas a los objetores y, en contraposición, ha surgido un fortalecido movimiento objetor. La agresiva actitud hacia los que se oponían a la materia se ha ido moderando con el paso del tiempo. Hubo casos sonados como el de un alumno de un centro de Yepes al que se le permitió quedarse en la biblioteca mientras sus compañeros cursaban la asignatura, hasta que llegó un inspector y le obligó a entrar en el aula. Padres, asociaciones y plataformas de objetores se rebelaron contra la medida y la inspección echó marcha atrás. El Gobierno regional ha tratado siempre de minimizar el número de personas que rechazan la materia.
- Asturias: El Gobierno regional comenzó con amenazas de sanciones a los padres que objetaran; después instó a los centros a que expedientaran a los que no fueran a clase, aunque se cuidó de no plasmar la orden por escrito. La asignatura ha causado incidentes en institutos de Oviedo. En uno de ellos un profesor reprendió a una alumna ante sus compañeros y acusó a sus padres de perjudicarla por haber objetado. La protesta de los padres ante la dirección del centro hizo que el profesor tuviera que pedir disculpas.
- Navarra: La Inspección educativa del Gobierno Foral dio instrucciones a los centros educativos para que los hijos de los objetores fueran evaluados y suspendidos, además de obligados a entrar a clase. Por la afinidad del Gobierno navarro con el Partido Popular, los objetores llegaron incluso a pedir al presidente de los populares, Mariano Rajoy, que llamara al orden a los dirigentes de la Comunidad para que mudara su actitud. En esta comunidad, padres que llevan a sus hijos a institutos públicos luchan en solitario contra la resistencia de la Administración. El Supremo tiene la última palabra.