Un tenso tira y afloja con la Fiscalía

La investigación por parte del juez Baltasar Garzón de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo derivó, a finales del pasado año, en un duro enfrentamiento con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Ya en febrero de 2008, el Ministerio Público instó al magistrado a dar un paso atrás al considerar que no era competente para instruir el caso, que debía dejarse en manos de los juzgados ordinarios. Garzón, sin embargo, hizo caso omiso y «siguió dictando providencias sin resolver su competencia», tal y como recoge la resolución del Tribunal Supremo notificada ayer.

En otoño de 2008, el juez daba una vuelta de tuerca más al asunto. El 16 de octubre, dictó un auto en el que primero calificó los hechos de «crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad», luego como un delito contra las altas instituciones del Estado y, por último, los tachó de delito permanente de detención ilegal sin ofrecerse razón del paradero de la víctima.

Como la Alemania nazi

En esa misma resolución, el magistrado achacaba las desapariciones a un plan de exterminio similar al que puso en marcha la Alemania de Hitler e imputaba a 35 altos cargos del franquismo, entre ellos el mismísimo Francisco Franco, del que pidió el certificado de defunción.

Cuatro días después, el 20 de octubre, la Fiscalía acusó a Garzón de abrir una «causa general» contra el franquismo y calificó de «disparate jurídico» su empeño en cuestionar la Ley de Amnistía de 1977 y en investigar unos delitos que, recordaba Zaragoza, ya estaban amnistiados. En el momento más álgido de ese rifirrafe entre Garzón y Zaragoza, la Fiscalía le reprochó que adaptase el proceso a la consecución de un resultado «previamente determinado».

Constatado el fallecimiento de Franco y del resto de imputados, el 18 de noviembre del pasado año el juez Garzón declaró extinguida su responsabilidad penal y se inhibió finalmente del caso en favor de los juzgados territoriales, acusando al fiscal Zaragoza de ir «en contra de las víctimas». Diez días después, la Sala de lo Penal concluyó que el magistrado no era competente para investigar el polémico asunto. Ahora, Baltasar Garzón deberá dar explicaciones al Tribunal Supremo de esa instrucción.- Zaragoza acusó a Garzón de abrir una «causa general» de un asunto que no era de su competencia, y le recordó que las leyes deben interpretarse «sin prejuicios previos».

- La Fiscalía calificó de «disparate jurídico» que el juez cuestionase en su resolución la Ley de Amnistía de 1977.

- Calificar los hechos de crímenes contra la Humanidad supone, replicó al magistrado el fiscal jefe, una «manifiesta vulneración de la legalidad penal».

- Garzón imputó a Franco y a otros 34 altos cargos de la dictadura por la desaparición de 114.266 republicanos.

- El juez pidió el certificado de defunción de Franco antes de declarar extinguida su responsabilidad.

- El instructor de la causa comparó las desapariciones del franquismo con el plan de exterminio nazi.

- Garzón rechazó incluir en la instrucción los crímenes de Paracuellos porque «ya se investigaron».