Zapatero deja la patata caliente de Garoña al próximo Gobierno

El culebrón nuclear ha acabado de forma sorprendente. Tal y como se apuntaba desde hace dos semanas, el Gobierno ha optado por tomar una decisión intermedia: la central nuclear de Garoña cerrará el 5 de julio de 2013. No será en 2011, como apuntaba el presidente del Gobierno y, en «espíritu», fijaba el programa electoral; ni será en 2019, como había recomendado el Consejo de Seguridad Nuclear. Será dentro de cuatro años porque, según explicó el propio Gobierno, hay que elaborar un plan para reflotar la comarca. Es decir, no había ningún plan hecho pese a que la decisión estaba en el programa electoral de 2008.

Nadie ha quedado satisfecho con la decisión que, parece, tiene un marcado tinte político. Además, el futuro de la planta es incierto. Será el próximo Gobierno el que tenga que poner el candado y eso, en caso de un cambio de opinión del nuevo Ejecutivo, deja en el alero lo acordado. «No los olvidaremos» Para anunciar la decisión comparecieron ante los medios de comunicación el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Una primera forma de escenificar el argumentario: «priman los intereses laborales». Tan así fue el mensaje, que Sebastián concluyó la rueda de prensa con un «el Gobierno no olvidará a los trabajadores» e incluso reconoció que «necesitamos cuatro años para elaborar un plan de empleo y rehabilitación». Un plan que no se anunció ayer y del que sólo se dieron líneas generales y promesas.

Tampoco explicó si el parador de turismo es parte de la oferta. Además, el responsable de Industria afirmó que se «cumplía el programa electoral». Una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta que no se cumple ni con el criterio marcado de cierre al final de la vida útil (2019, fijado por el CSN), ni con el precepto de «consenso social» (las últimas encuestas, como la publicada en este periódico la semana pasada, demuestran que la mayoría de la población se muestra contraria a la clausura). Otro argumento utilizado por Sebastián fue que «España necesita impulsar las energías renovables». Lo repitió constantemente, dando a entender que la atómica paraliza la energía verde (no mencionó los combustibles fósiles).

Sin embargo, pese a un argumentario de confrontación entre ambas opciones, el ministro reconoció que «es necesaria la existencia de centrales nucleares» y confirmó que «no se cerrará ninguna nueva central hasta que, al menos, cumplan los 40 años» (todas los cumplen a partir de 2021). Por último, en cuanto a lo que a Sebastián le toca, aclaró en la ronda de preguntas que «el llenado de las piscinas donde se guardan los residuos hace aconsejable el cierre en 2013», así como que «en estos tiempos de dificultades económicas son necesarios al menos cuatro años para hacer un buen plan de reconversión».

No aclaró, por contra, pese a que se le preguntó varias veces, si el hecho de que se cierre en 2013, tras los comicios de 2012, no deja la decisión en manos del próximo Ejecutivo. «La orden ministerial contempla los pasos que la empresa tiene que dar hasta 2013», contestó en todas las ocasiones. Desde Moncloa se emitió una nota en la que se afirmaba que «el cierre no es reversible tras las elecciones de 2012». Nuclenor, empresa propietaria de la central, lo niega. Habrá movilizaciones Desde Nuclenor reconocían a este periódico que «si el próximo Ejecutivo decide la continuidad de la planta, podrá hacerse, siempre bajo la aprobación del CSN».

La planta va a funcionar con normalidad, está obligada a hacer las obras del CSN y no se desmontará nada que la haga irreversible. Por su parte, el ministro Corbacho, dijo que «se colocará a todos los trabajadores de la planta» y para ello se ha elaborará un plan con distintos ejes. «Habrá un plan de reindustralización, mejora de infraestructuras, potenciar el turismo y una compensación económica para los ayuntamientos». No hay aún un proyecto definido en cuanto a la partida presupuestaria, hoy tras el Consejo de Ministros se especificarán más las actuaciones, pero Corbacho sí anunció que «hay ya un presupuesto superior a los 100 millones de euros y se concederán subvenciones y créditos sin interés a las actuaciones de rehabilitación que se presenten en la comarca».

Sin embargo, a pesar de las promesas del Ejecutivo, los trabajadores de Garoña manifestaron ya ayer su oposición a la medida tomada. «El Gobierno está invitando a los trabajadores de la instalación a una huelga». El comité de empresa de la central, tras una reunión ayer con representantes del Ministerio de Trabajo, volvió a insistir en su defensa de sus empleos y planteó bajar la carga en todas las centrales nucleares al entender que «la energía nuclear sobra en este país». La posibilidad de un parón nuclear, a nivel nacional, está ahora encima de la mesa.