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La UE se blinda frente a Huawei

Bruselas sigue el ejemplo británico y pide a los 27 que cierren a la compañía china el acceso a “redes e infraestructuras sensibles”. No obstante, se desvincula del veto total que exige Washington y no se opone a que trabaje en suelo comunitario

The EU flag and a smartphone with the Huawei and 5G network logo are seen on a PC motherboard in this illustration
Ilustración con el logotipo de Huawei y varias banderas de la UE en una placa base de un ordenadorDado RuvicReuters

Bruselas sigue la estela de Reino Unido. La capital comunitaria presentó ayer una propuesta en la que se desmarca del veto estadounidense a operadores de 5G como Huawei, pero aboga por imponer límites en los campos considerados sensibles. Aunque en el documento publicado por el ejecutivo comunitario no aparece ningún nombre en concreto, la sombra del gigante chino se cierne sobre el texto.

Bruselas no tiene competencias sobre asuntos de seguridad nacional, pero eso no le impide recomendar a los Estados miembros que analicen el perfil de riesgo de los suministradores de estos servicios y en consecuencia pongan en marcha «restricciones relevantes» que pueden abarcar desde limitar la dependencia a determinados operadores o incluso impedir el acceso a «partes sensibles de las redes 5G o la exclusión necesaria de entidades de alto riesgo».

Una ley del año 2017 obliga a las empresas chinas a colaborar con los servicios secretos del país, pero tanto Huawei como Pekín niegan que el Gobierno chino esté espiando a los ciudadanos europeos a través de este gigante de telefonía móvil. «No apuntamos contra tal o cual país o contra tal o cual empresa», aseguró ayer el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a la vez que defendía las reglas «claras y exigentes» del club comunitario.

La postura británica puede ser un ejemplo para los países europeos, ya que simboliza los intentos de no dejarse arrastrar ni por China ni por EE UU y mantener una voz propia en medio de la guerra fría. Este pasado lunes, Londres resistió los cantos de sirena estadounidenses, pero dejó clara la importancia geoestratégica del 5G. Por eso ha impuesto un límite de cuota del mercado del 35% para los «proveedores de alto riesgo» –a la sazón Huawei– y ha impedido que la empresa china pueda desplegar su tecnología en localizaciones sensibles para la seguridad nacional, lo que incluye las centrales nucleares y las instalaciones militares.

Además, Huawei no podrá alcanzar el denominado «núcleo» de las infraestructuras británicas. Un planteamiento salomónico que ha suscitado las iras de la Casa Blanca en un momento en el que Downing Street se prepara para negociar su acuerdo comercial con Washington tras la consumación del Brexit.

Bruselas, por su parte, también intenta hacer equilibrios, ya que es consciente de la división de las capitales europeas en la apertura de sus redes, una prerrogativa que, por otra parte, sigue siendo nacional. Alemania es el país que más fuerte ha presionado para no cerrar a cal y canto el acceso a Huawei, a pesar de las presiones de Washington.

Berlín considera que una medida de este tipo abocaría al club europeo a perder el tren de la innovación tecnológica en un sector considerado vital para el desarrollo económico del siglo XXI. Según la información del ejecutivo comunitario, los Estados miembros han asignado ya el 16% de las frecuencias pioneras de estas redes de alta velocidad y se espera que a finales de este año los servicios de 5G estén disponibles en 138 ciudades europeas.

«La quinta generación (5G) de las redes de telecomunicaciones desempeñará un papel esencial en el desarrollo de la sociedad europea y la economía. Se espera que ofrezca vastas oportunidades económicas y que sea una base importante para la transformación verde y digital en áreas como el transporte, la energía, las manufacturas, salud, agricultura y medios», asegura el documento del ejecutivo comunitario..

Aunque cada país tiene potestad para adaptar esta «caja de herramientas» presentada por el ejecutivo comunitario, esta propuesta ha sido consensuada con las autoridades de los Estados miembros. Dentro de este proceso, Bruselas pide a las capitales que antes del 30 de abril de este año den los pasos necesarios para poner en marcha estas medidas.