La Justicia europea condena a los países del Este por no acoger refugiados en 2015

El fallo del Tribunal de Luxemburgo asegura que Hungría, Polonia y República checa actuaron al margen del derecho comunitario

La justicia europea da la razón al Ejecutivo comunitario frente al rechazo contumaz de Hungría, Polonia y la República Checa a participar en el sistema de reparto de cuotas de refugiados del año 2015.

En una sentencia hecha pública ayer, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) mantiene que estos países no pueden ampararse en el mantenimiento del orden público como motivo para no cumplir con este mecanismo.

El fallo defiende que aunque la legislación comunitaria permite este tipo de excepciones, esta posibilidad debe ser aplicada con una “interpretación estricta”.

Por eso, la normativa europea “no confiere a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones a disposiciones del Derecho de la Unión mediante la mera invocación de los intereses relacionados con el mantenimiento del orden público y la salvaguarda de la seguridad interior, sino que los obliga a demostrar la necesidad de hacer uso de la excepción prevista en este artículo a los efectos de ejercer sus responsabilidades en esta materia”.

En cuanto a los criterios de esta demostración, el fallo explica que estos tres países “debían basarse, tras un examen caso por caso, en elementos coherentes, objetivos y precisos que permitieran sospechar que el solicitante en cuestión era un peligro actual o potencial” y esto obliga a que ningún Estado puede utilizar “perentoriamente” las excepciones de la legislación comunitaria “a los solos fines de prevención general y sin demostrar la relación directa con un caso individual, para justificar la suspensión, o incluso el cese, del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de las Decisiones de reubicación”.

Tras el estallido de la crisis de refugiados debido al recrudecimiento de la guerra en Siria, en septiembre de 2015 los países europeos llegaron a un acuerdo para establecer un mecanismo temporal de reparto de 120.000 solicitantes de asilo varados en Grecia e Italia.

Esta reubicación debía realizarse según un sistema de cuotas basado en diferentes parámetros y cuyo cumplimiento era obligatorio. Los tres países hicieron caso omiso a sus obligaciones con el resto de los socios europeos y se negaron a acatar este pacto.

Esto llevó a que el ejecutivo comunitario –como guardián de los Tratados europeos- denunciará la situación ante el Tribunal de Justicia de la UE en el año 2017.

Aunque el resto de los países no se negaron en teoría a cumplir este pacto, en la práctica lo pusieron en marcha a regañadientes por lo que, al final, tan sólo fueron reubicados 35.000 demandantes de asilo. Muchos de ellos, prosiguieron su ruta hacía los países del Norte y no se quedaron en Italia y Grecia y la firma del acuerdo con Turquía en 2016 redujo de manera drástica el número de llegadas.

En un primer momento, estos tres países intentaron ampararse en un defecto de forma ya que el recurso del Ejecutivo comunitario fue interpuesto cuándo la vigencia de este mecanismo ya había expirado.

La alta corte europea considera, sin embargo que esta sentencia “sigue teniendo interés material, en particular con objeto de establecer las bases de la responsabilidad en que el Estado miembro puede incurrir en relación con otros Estados miembros, la Unión o los particulares como consecuencia de su incumplimiento”.

Tras esta sentencia, Bruselas puede volver a recurrir al alto tribunal para pedir sanciones en caso de que estos países sigan incumpliendo lo pactado, pero la caducidad el mecanismo hace que sea difícil pronosticar sus consecuencias prácticas.

“El sistema de reubicaciones obligatorias de la UE esta muerto y el fallo del TJUE no cambiará esto. El jinete debe sentirse bien solo cabalgando cuando su caballo murió”, tuiteó ayer la ministra de húngara de Justicia, Judit Varga.

A pesar de la victoria moral que este fallo supone para el Ejecutivo comunitario, Bruselas no ha sido capaz de conseguir la aquiescencia de los Estados miembros para la reforma del sistema de asilo.

Una debilidad que ha vuelto ha manifestarse tras el órdago turco, cuando a principios del mes de marzo Ankara se negó a seguir interceptando a los migrantes que intentaban llegar a Grecia tal y como exige el pacto firmado con la UE. Como respuesta, Bruselas defendió el blindaje de las frontera exterior griega y definió al país como “el escudo” del club europeo mientras sigue negociando con Recep Tayyin Ergogan el mantenimiento del acuerdo.

Llueve sobre mojado. La Comisión presidida por Jean Claude Juncker fracasó a la hora de intentar convertir en permanente el mecanismo del año 2015 debido al recelo generalizado de las cancillerías europeas -tal sólo Berlín defendía la iniciativa- y ahora debe ser el nuevo ejecutivo presidido por Úrsula von der Leyen el que le ponga el cascabel al gato. De momento, tan sólo se sabe que la Comisión Europea presentará una nueva propuesta tras la Semana Santa pero von der Leyen no ha querido dar detalles sobre su contenido al ser preguntada en rueda de prensa.

Como muestra del miedo de Bruselas a volver sacar a la palestra un mecanismo de cuotas obligatorio, en la nueva sacudida de la crisis en la frontera turco- griega la Comisión Europea se ha limitado a coordinar un mecanismo voluntario de reparto sólo circunscrito a los migrantes menores no acompañados.