“Una victoria tan legal como contundente en votos populares”

Es necesario remontarse hasta las presidenciales de 1824 para encontrar un episodio histórico de similar calado al que se está viviendo en las elecciones de los Estados Unidos –la naturaleza del problema en las del 2000 cuando se enfrentaron Bush Jr. y Gore era de distinta índole-. Aquel 1824 Andrew Jackson, candidato para convertirse en el 6º presidente de la nación, venció en votos populares a los otros tres contendientes –J. Quincy Adams, Henry Clay, y William H. Crawford- pero no alcanzó el número de compromisarios requeridos y, de acuerdo a la ley, fue la Cámara de Representantes quien finalmente nombró a Quincy Adams en un retruécano legal al parecer más propio de tahúres que de virtuosos políticos. Jackson sería elegido presidente en los comicios de 1828.

Ahora asistimos a un espectáculo propio de cualquier república bananera ideada por Woody Allen, e impropio de la democracia más antigua y consolidada del planeta. No me refiero al resultado, sino al bochornoso espectáculo ofrecido por el mismísimo presidente:se auto-proclamó vencedor faltando decenas de millones de votos por escrutar; acusó de fraude el proceso que en esos mismos momentos se estaba desarrollando; solicitó por activa y pasiva detener el recuento electoral de los votos por correo; impugnó resultados con un ejército de abogados ya preparados de antemano a tal efecto; lanzó una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a las querellas; y se niega a reconocer una derrota tan legal como contundente en votos populares.

También habrá quien considere parte del “show” la dilación en conocer el resultado final. No lo es. Siempre ha sido así. El proceso, establecido desde el siglo XIX, se denomina canvassing y garantiza que todos y cada uno de los votos –existen 6 modalidades de voto más la abstención- son contados. Cada Estado dispone de su propia legislación electoral, y en algunos incluso los condados pueden regular al respecto. Está establecido que el primer lunes tras el segundo martes de diciembre –este año el próximo 14 de diciembre- los delegados elegidos se reúnan y emitan su voto en cada Estado y envíen al Congreso su propuesta de presidente y vicepresidente. Una vez recibidas y contadas las nominaciones de todos los estados, es en el Congreso donde se anunciará oficialmente, el 6 de enero, el nombre del elegido para ocupar la presidencia; el nuevo presidente tomará posesión del cargo el 20 de ese mismo mes. Estas dos últimas fechas permanecen inamovibles desde 1933. Burocráticamente, lo ocurrido este año nada tiene de extraño respecto a anteriores comicios.

Su presidencia gustará más a unos y a otros menos. Como en sus predecesores, la suya ha tenido sus luces –innegable éxito en política económica- y sombras –deja un país totalmente polarizado-. Habrá quien considere altamente cuestionables actuaciones en el ámbito geopolítico, en ocasiones erráticas, traducidas en innumerables ceses y dimisiones de personas altamente cualificadas como Rex Tillerson, Secretario de Estado; pero de ley es aceptar que su reciente implicación en el establecimiento de relaciones entre Bahrein/Emiratos Árabes e Israel pudiera ser el primer paso en el largo camino que todavía queda por recorrer para lograr la pacificación en la zona más convulsa del mundo. Pero el fondo del actual debate va más allá de sus actuaciones durante los cuatro años como inquilino de la Casa Blanca. Lo que está cuestionando es el propio sistema, acto ominoso de por sí, para lo que cuenta, y ese es el verdadero peligro, con millones de seguidores fanatizados, encabezados por sus hijos Donald Jr. y Eric, en esta disparatada cruzada.

La ceguera del presidente

En cualquier caso la ceguera ante la realidad adversa del todavía presidente hasta Inaguration Day, cuando Joe Biden jure oficialmente el cargo frente al Capitolio, no es algo novedoso. Nunca reconoció su equivocación de 1989 al prejuzgar y condenar públicamente –pagó páginas de publicidad en las principales cabeceras- a los jóvenes negros erróneamente acusados y condenados por asesinar a una joven en el episodio conocido como “Los cinco de Central Park”; tampoco admitió que los bonos emitidos con un interés del 14% para la construcción del casino Trump-Taj Mahal, que sextuplicaría su coste, eran bonos basura aunque los adquirientes perdieron decenas de millones de dólares y terminó por cerrar; negó sin parpadear pruebas irrefutables de distinta índole vertidas contra él por señoritas con quienes mantuvo relaciones amorosas… En definitiva, cuando Donald Trump se ha visto acorralado, ha considerado que la mejor defensa es un buen ataque. Exactamente lo mismo que ahora.

Sea como fuere se trataba de asuntos personales, como su falta de caballerosidad en el terreno político. Durante la Convención Demócrata de Milwaukee publicó continuos tuits vejatorios para sus rivales políticos, cuando la tradición establece que esos días el partido en cuestión de protagonista único. Tampoco al proclamar su victoria durante la noche electoral, pues si bien es cierto que todos los presidentes lo hicieron en su momento, tal manifestación por parte del vencedor se formula únicamente tras la felicitación del contrincante reconociendo la derrota.

Daño constitucional

Pero en estos momentos el asunto a sustanciar nada tiene que ver con la galantería, sus valores éticos, capacidad empresarial, o dignidad moral. El daño que puede hacer supera el ámbito de lo privado e interesa la esencia misma de un sistema legal establecido en la Constitución que los Padres Fundadores firmaron en Filadelfia en 1787. Una constitución liberal que sirvió de modelo para las redactadas en Europa durante el siglo XIX -entre otras la española de 1812- de donde surgirían los principios y libertades que todavía hoy constituyen los cimientos fundamento de nuestras democracias.

Resulta altamente improbable que la retahíla de demandas tenga éxito. Es deseable y cuestión de tiempo que las aguas retomen su cauce y no se llegue a una “guerra civil de baja intensidad” como algunos vaticinan. En todo caso se corre el peligro de que Trump pase a la historia no por haber sido el 45º presidente de los Estados Unidos, o el primero en calificar de fraude su derrota; sino por algo más trascendente.

Mencionaba en el primer párrafo al presidente Jackson y su disputa presidencial con Quincy Adams. Ambos pertenecían al partido Demócrata/Republicano que se oponía al desaparecido partido Federalista. Como consecuencia de tal disputa los seguidores de Jackson crearon su propio partido, el actual Partido Demócrata; los seguidores de Adams se reconvertirían en el Partido Whig desde donde surgió el actual Partido Republicano con Lincoln como primer presidente.

El peligro de ruptura entre los republicanos no es un asunto menor. Hasta ahora únicamente el fallecido senador y candidato presidencial John McCain tuvo el coraje para enfrentarse al presidente -su viuda apoyó públicamente a Biden-. La situación ha cambiado, el vicepresidente Pence no ha suscrito en sus intervenciones las acusaciones de fraude ni le ha acompañado en sus comparecencias públicas; prominentes republicanos como Chris Christie, el tejano Will Hurd –quien ha manifestado que la actitud de Trump “además de estar equivocada y ser peligrosa, está socavando los cimientos sobre los que esta nación fue levantada”-, o Larry Howan, gobernador de Maryland –"Ninguna elección ni persona son más importantes que nuestra democracia"-, entre otros como el otrora candidato Mitt Romney o el futurible Marco Rubio citando la Biblia, tratan de poner cordura. El hecho de que Trump se presentara a las elecciones del 2016 bajo las siglas republicanas no significa que necesariamente asumiera los principios del GOP –Grand Old Party-, y genuinos republicanos de pro nunca lo reconocieron como uno de los suyos. El antiguo líder puede ser ahora su mayor peligro y enemigo, pues se corre el peligro de que rompa y divida el partido igual que fragmentó la nación.

Catedrático de Estudios Norteamericanos. Instituto Franklin-UA