Biden combatirá las leyes estatales que limitan el derecho de voto

En EE UU, no hay ahora mismo una batalla política más crucial que la de los derechos del voto, supuestamente amenazados por la batería de leyes restrictivas puesta en marcha por diversos Estados. Joe Biden tenía previsto hablar desde Filadelfia para fijar su posición al respecto. Un funcionario anónimo de la Casa Blanca le había dicho a la CNN que Biden está dispuesto a «encarar la mayor amenaza al derecho al voto y la integridad de nuestras elecciones desde la Guerra Civil, renovando su petición de una legislación vital» para «proteger y promover el derecho constitucional y sagrado al voto».

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó el lunes que, en opinión del presidente, se trata de un asunto «moral», en tanto que «negar el derecho al voto es una forma de represión y una forma de silenciamiento». Psaki adelantó que el Gobierno pretende «usar todas las herramientas a su disposición para continuar luchando para proteger el derecho fundamental de los estadounidenses a votar contra la avalancha de leyes de supresión de votantes, basadas en una teoría de la conspiración peligrosa y desacreditada que culminó en un asalto a nuestro Capitolio».

Mientras, los gobernadores y congresistas republicanos que favorecen las nuevas leyes entienden que trabajan en favor de la limpieza del proceso, puesto en riesgo por la posibilidad de unos fraudes en las votaciones que nunca existieron en noviembre. La sombra de la injerencia rusa, repetidamente denunciada por los servicios secretos, les proporciona, paradójicamente, de buenos argumentos. Los demócratas, en cambio, asumen que las medidas legislativas están destinadas a restringir el voto de las minorías y los pobres, tradicionalmente menos capaces de cumplir con las exigencias de unas leyes del voto más coercitivas. Consideraciones pertinentes en un país donde más de la mitad de la población carece de pasaporte y donde no existe el documento nacional de identidad.

El último capítulo de esta guerra se está librando ahora mismo en Texas, donde los congresistas demócratas habrían recurrido al filibusterismo para paralizar el proyecto de ley del gobernador. Una ley que, entre otras cosas, pone trabas al voto por correo. Previsiblemente, todo puede desembocar en una disputa relacionada con los derechos constitucionales y las provisiones para evitar que los ciudadanos sean discriminados en su derecho al voto. Tarde o temprano quizá tengan que pronunciarse los jueces del Tribunal Supremo.

Los congresistas demócratas por Texas han viajado hasta Washington para empujar una respuesta a nivel nacional. Loyd Dogget ha escrito que «Estos valientes legisladores de Texas a los que he dado al Capitolio de EE UU no se dejarán intimidar por el acoso y las amenazas. El impacto inmediato de su trabajo ayudará a proteger a los texanos».

Sus rivales los acusan de haber abandonado su puesto en Texas para hacer propaganda. El senador Ted Cruz fue uno de los primeros en criticarlos. También lo hizo el gobernador Abbot, uno de los más que posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca en 2024. «Los demócratas deben volver al trabajo para el que fueron elegidos». «No se les deben negar a sus electores recursos importantes solo porque sus representantes electos se negaron a presentarse a trabajar».

«La mayor ironía», había respondido Psaki, es que estas leyes fueron diseñadas para responder a una amenaza que nunca existió. «Ninguna elección en nuestra historia», dijo, «ha cumplido con un estándar tan alto, con más de 80 jueces, incluidos los designados por su predecesor, descartando todos las denuncias». «Las elecciones de 2020 fueron las más escrutadas en la historia de Estados Unidos», recalcó Biden desde Filadelfia, «Hubo desafío tras desafío, presentados a funcionarios locales, estatales y electorales, legislaturas estatales, tribunales estatales y federales, incluso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no una, sino dos veces». Todos concluyeron lo mismo. Las elecciones fueron limpias.