La justicia europea abre la puerta a congelar fondos a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria

El alto tribunal europeo confirma la legalidad del mecanismo sobre el respeto al Estado de derecho

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y su homólogo húngaro Viktor Orban
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y su homólogo húngaro Viktor Orban FOTO: FRANCOIS LENOIR REUTERS

La justicia europea ha avalado hoy el instrumento que supedita el cumplimiento del Estado de derecho a la recepción de los fondos europeos, lo que allana el camino para que Bruselas pueda suspender las ayudas europeas a países como Polonia y Hungría. De hecho, el dictamen conocido hoy es una respuesta a un recurso interpuesto por los dos países mencionados, ya que las instituciones europeas consideran que están sumidos en una deriva autoritaria en ámbitos como la independencia del sistema judicial o la pluralidad informativa.

La conclusiones desveladas hoy por el Abogado general no son vinculantes, pero suelen anticipar en un 80% de los casos el veredicto definitivo que se espera para principios de 2022. En la cumbre del mes de julio de 2020, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete idearon un nuevo mecanismo para poder cortar el flujo de fondos europeos, incluido el nuevo mecanismo Next Generation EU para hacer frente a los estragos del coronavirus, para aquellos países que no respetaran el Estado de Derecho y que, por lo tanto, estuvieran poniendo en peligro la ejecución de estas ayudas. Posteriormente, Polonia y Hungría vetaron la aprobación de Next Generation EU en protesta por este nuevo instrumento y los Veintisiete consiguieron que dieran su brazo a torcer, a cambio de poder presentar un recurso previo ante el alto tribunal europeo sobre la legalidad del nuevo mecanismo.

En estos meses la deriva autoritaria de estos países no ha remitido. De hecho, Polonia incluso ha puesto en cuestión uno de los principios nucleares del funcionamiento del club europeo: la primacía del derecho europeo sobre el nacional. A pesar de que técnicamente la Comisión Europea no necesita esperar al veredicto del Tribunal de Justicia de la UE para activar el procedimiento – cuya puesta en marcha puede demorarse entre cinco y ochos meses- la Comisión Europea ha decidido hacerlo como modo de dar una oportunidad al diálogo, en línea con la posición defendida por la canciller alemana Angela Merkel en la pasada cumbre de octubre.

Precisamente el nuevo acuerdo de gobierno entre socialistas, liberales y verdes en Berlín prevé una posición más dura del nuevo ejecutivo alemán respecto a la deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Todo indica que los intentos del club comunitario de contemporizar con los países del Este pueden llegar a su fin con la salida de la canciller.

Esta prudencia del Ejecutivo comunitario no cuenta con el apoyo de todas las instituciones europeas. De hecho, la Eurocámara ha denunciado a la Comisión ante al Tribunal de Justicia de la UE por esta tardanza en activar el nuevo mecanismo.

En sus conclusiones desveladas esta mañana, el abogado general señala que este mecanismo no resulta incompatible con otros instrumentos sancionadores ya existentes como el artículo 7 -ya activado en el caso de Polonia y Hungría-, pero cuya puesta en marcha se encuentra en punto muerto ya que se necesita la unanimidad de las capitales europeas para su aplicación.

El español Manuel Campos Sánchez- Bordon desmonta los argumentos de Polonia y Hungría al asegurar que este nuevo instrumento " no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador similar al del artículo 7 TUE, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Unión” y puntualiza que “el respeto de los principios del Estado de derecho puede revestir una importancia fundamental para el buen funcionamiento de las finanzas públicas y para la correcta ejecución del presupuesto de la Unión”. Además, el abogado general defiende la seguridad jurídica de este nuevo mecanismo al señalar que su aplicación requiere “un vínculo suficientemente directo entre la vulneración del Estado de derecho y la ejecución presupuestaria, de modo que no es aplicable a todas las vulneraciones del Estado de derecho, sino a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión”.

Por el momento, Bruselas se ha limitado a congelar la luz verde del plan de recuperación post- covid del que a Polonia le corresponden 39.000 millones de euros, pero el golpe podría ser más fuerte si se incluyen otro tipo de ayudas como los fondos agrícolas o las ayudas que reciben las regiones. En las últimas semanas se ha vivido un acercamiento entre las instituciones europeas y Varsovia debido a la crisis migratoria vivida en la frontera con Bielorrusia.