El presidente de Suráfrica, acusado de corrupción tras encontrarse 580.000 dólares escondidos en un sofá de su granja

El Presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, corre el riesgo de ser destituido a raíz de los últimos sucesos que le acusan de corrupción y evasión de impuestos. El Congreso Nacional Africano (ANC) ha dedicado las últimas horas a reunirse con el comité de su partido y con sus asesores más cercanos, en busca de una estrategia que le permita tomar la decisión adecuada. Son tres los destinos que Ramaphosa tiene para elegir: o bien es destituido por su propio partido, o bien dimite, o bien procura mantenerse al frente del Gobierno hasta las próximas elecciones de 2024. Se espera que su decisión se haga pública en las próximas horas.

Cyril Ramaphosa (cuya fortuna personal está valorada en 450 millones de dólares) asumió la presidencia del país en febrero de 2018 con el firme propósito de poner fin a la corrupción que asfixia a Suráfrica desde hace décadas. En los cuatro años que ha durado su mandato, ha conseguido mejorar el Índice de Percepción de la Corrupción en el país del puesto 73 global al número 70, según muestran los datos de Transparencia Internacional, aunque esto no ha impedido que el descontento de la población sudafricana contra la clase política se haya mantenido, tanto por la permanencia de la corrupción como por la crisis económica y social que sufre pese al fin del apartheid a finales del siglo pasado.

Un robo con culpables a ambos lados

El escándalo que sacude al presidente comenzó el 9 de febrero de 2020, cuando dos hombres entraron en la granja Phala Phala de Ramaphosa y robaron 580.000 dólares en efectivo (la suma inicial que se divulgó fueron cuatro millones de dólares) que hallaron escondidos dentro de un sofá. El presidente no hizo público el robo ni presentó denuncia alguna contra los delincuentes. No sería hasta junio de 2022 que Arthur Fraser, ex jefe de la Agencia de Seguridad del Estado (SSA por sus siglas en inglés), anunció en televisión que había presentado cargos criminales contra el propio Cyril Ramaphosa a raíz de lo sucedido en los días posteriores al robo. Fraser aseguró entonces que el equipo de seguridad del Presidente consiguió dar con los ladrones para luego secuestrarlos, pagarles por su silencio y soltarlos de vuelta, todo ello sin que la ciudadanía sudafricana supiera nada sobre lo sucedido.

En un principio, Ramaphosa no dio importancia a lo sucedido. No tuvo problemas a la hora de reconocer que, efectivamente, unos hombres entraron para robar en su granja en febrero de 2020, y cuando llegó el momento de hablar del dinero encontrado en el sofá se excusó diciendo que él es un “granjero” que se dedica al “negocio de ganado”, y que el dinero correspondía a las “ganancias” de haber vendido algunos de sus animales. A continuación negó que la cantidad extraída fuera de 4 millones de dólares y acusó a la prensa de promover exageraciones infundadas, ya que, en palabras del Presidente, la cantidad robada era “mucho menor”. En una conferencia del Congreso Nacional Africano aseguró ante un público expectante que “nunca he robado dinero de ningún lugar” y allí quiso dejar la polémica. Desde entonces, hasta hoy, se negó categóricamente a responder a más preguntas relacionadas con el robo.

Las preguntas que le eran arrojadas por líderes de la oposición y periodistas procuraban esclarecer la procedencia del dinero y reconocer si era posible que se tratara de dinero lavado para evitar su pago en impuestos.

La oposición supo desde un primer momento que esta era una oportunidad de oro para apartar a Ramaphosa del poder y, dicho sea de paso, terminar con la racha de victorias electorales que lleva sosteniendo el Congreso Nacional Africano desde la victoria de Nelson Mandela en 1994. Ningún otro partido político ha gobernado Suráfrica desde entonces. La oposición comenzó a presionar. El partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) fue especialmente duro con el Presidente y protagonizó sucesivas broncas en el Parlamento sudafricano al calificar como “ladrón” a Ramaphosa de forma continuada.

La tensión llegó a su punto máximo y la Portavoz del ANC ordenó la creación de un comité independiente que investigase a fondo lo sucedido en torno al 9 de febrero de 2020, y para determinar también si Ramaphosa debería ser sustituido a raíz de lo sucedido en Phala Phala. El informe de dicha investigación fue entregado el 30 de noviembre al ANC. En él se decía sin lugar a dudas que Ramaphosa tiene “cuestiones que aclarar” y admite la posibilidad de que el Presidente puede haber sido sujeto de irregularidades relacionadas con el dinero del sofá. Los líderes de la oposición y figuras relevantes dentro del ANC señalan que el Presidente puede haber violado las leyes anticorrupción del país y los hay que apuntan incluso a una violación de la Constitución sudafricana.