Nicaragua empieza a juzgar a 46 opositores, incluidos siete aspirantes a la presidencia

El Ministerio Público de Nicaragua, controlado por el gobierno de Daniel Ortega, ha retomado este martes los juicios contra los 36 opositores encarcelados en la temida prisión El Chipote, formalmente llamada Dirección de Auxilio Judicial, y los 11 presos políticos en arresto domiciliario. Siete ex candidatos presidenciales, a los que el régimen impidió presentarse a las elecciones del pasado 7 de noviembre tildadas como “una farsa” por la UE, se encuentran entre los acusados por la Fiscalía en base a la Ley de Seguridad Soberana. Los 47 opositores están incriminados por “menoscabo a la integridad nacional” y “por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”. Los familiares de los 36 presos de conciencia encerrados en El Chipote han denunciado torturas y malos tratos. Los activistas Jader Parajón y Yaser Vado han sido este martes los primeros opositores que han sido llamados para retomar sus litigios. Los abogados denuncian que los 47 “presos de conciencia” no han tenido derecho a una tutela judicial efectiva.

Las audiencias se realizan en la cárcel El Chipote y no se puede ver las condiciones en las que se encuentran los reos tras las torturas denunciadas por sus familias. Las causas se reanudan después de tres meses de suspensión por una supuesta “saturación” de los tribunales que los abogados de los acusados consideran una excusa del régimen autoritario que el exguerrillero sandinista ha implantado desde su regreso en 2007 a la Presidencia. Las defensas han denunciado que la suspensión y la reactivación de los juicios, anunciada con solo un día de antelación, forma parte de la estrategia de Ortega para dificultar la preparación de los procesos penales contra políticos, estudiantes, periodistas, empresarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio Público acusa a los 47 opositores de incitar a la injerencia extranjera, proponer bloqueos económicos, celebrar la imposición de sanciones y realizar llamamientos a la intervención militar de potencias extranjeras como Estados Unidos.

La Fiscalía ya les considera culpables en su comunicado en el que anuncia la reanudación de los juicios: “Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”. El Ministerio Público es contundente en sus acusaciones y recuerda las masivas protestas contra el gobierno de Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta: “Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía. Son los mismo que han provocado tanto dolor y luto en las familias de los nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”. Las multitudinarias manifestaciones contra el régimen Ortega-Murillo en 2018 fueron reprimidas por la policía y paramilitares sandinistas con una violencia extrema que provocó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los familiares instan al diálogo para lograr su excarcelación

Los juicios se han retomado en un momento en el que los familiares de los acusados han instado a organizar reuniones con la participación de fuerzas políticas, la Iglesia y el gobierno para lograr su excarcelación. Ortega llamó a un “diálogo nacional” y la “reconciliación” tras asumir el pasado 10 de enero su quinto mandato, cuarto consecutivo desde 2007, aislado internacionalmente ante la presencia de una veintena de país, entre ellos Rusia y China. La iniciativa genera cierta división entre los parientes de los reos. Algunos consideran que las conversaciones con lo que consideran “la dictadura de Ortega y Murillo” supondrían un avance para el régimen en su intento de legitimarse en el poder. Otros 124 opositores continúan presos desde la crisis política y la durísima represión en 2018 denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA ha llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar a quienes fueron detenidos “arbitrariamente”, reclama que se les garantice un juicio justo con acceso a una defensa adecuada y exige “cesar todo hostigamiento en su contra”.

La OEA ha apoyado a los familiares en sus denuncias sobre las condiciones de los presos políticos en El Chipote: “El pasado 4 de enero familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos, insalubridad en celdas, despojo de pertenencias, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, falta de atención médica adecuada y de medicamentos”. A la dirigente del Movimiento Unión Demócrata Renovadora (Unamos), Ana Vigil, y a la exguerrillera e historiadora, Dora María Téllez, les corresponde este miércoles retomar su defensa ante el tribunal. La iniciativa de un diálogo con el gobierno de Ortega ha sido respaldada por la cúpula de la principal asociación de empresarios de Nicaragua sin “precondiciones” con el objetivo de facilitar la excarcelación de los presos de conciencia, entre ellos tres de sus directivos.

El aislamiento internacional que viene sufriendo el régimen Ortega-Murillo ha provocado un acercamiento de Nicaragua a China y Rusia. Las tensiones de Estados Unidos con Rusia y China han explotado en América Latina. Ortega rompió el pasado mes de diciembre sus relaciones diplomáticas con Taiwán tras tres décadas de intensa colaboración. Ortega proclamó que existe “una sola China” y expulsó de Nicaragua con carácter de urgencia a los diplomáticos taiwaneses. Los juicios contra los presos políticos y las irregularidades en los procesos complican los esfuerzos de Ortega de legitimarse en el poder.