La inmigración ilegal: arma política recurrente entre demócratas y republicanos

La crisis migratoria persigue al presidente Joe Biden desde su primer día de mandato y así seguirá, por lo menos, hasta que se decida en las próximas elecciones presidenciales si continúa alojado en la Casa Blanca. El demócrata viajó el martes a Nueva York en el marco de la edición 78 de la Asamblea General de la ONU y fue testigo de cómo la ciudad enfrenta terribles dificultades en cuestiones de migración. El miércoles, cuando el líder estadounidense regresó a Washington, anunció que se otorgaría el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a casi medio millón de venezolanos que además recibirán un permiso de trabajo más rápido. Solo aplicará a los llegados antes del 31 de julio de 2023, pero permitirá que muchos indocumentados legalicen su situación en el país, empiecen a engordar las arcas del Estado y se mantengan por sí mismos, sin necesidad de ayudas públicas.

La decisión llega cuando quedan 14 meses para que se celebren las elecciones presidenciales en EE UU y es importante empezar a convencer a los votantes de por quien deben decantarse. El apoyo de los hispanos es clave para el triunfo, así que mejor ayudarles a reunirse con los suyos en el "país de las oportunidades". De hecho, Biden está tan interesado en contar con el beneplácito latino que en agosto invirtió $20 millones de dólares durante 16 semanas para llegar a todos ellos con anuncios en su lengua, en español. Además, desde su propio partido le presionan desde hace tiempo para que tome medidas ante la crisis social y migratoria que están enfrentando varios estados. Las autoridades demócratas de Nueva York (tanto su alcalde Eric Adams, como la gobernadora, Kathy Hochul) y los líderes del partido en el Congreso llevan meses pidiendo ayuda social y económica al gobierno central. Desde hace tiempo advierten que la red de seguridad social de sus ciudades está a punto de romperse (solo a la Gran Manzana han llegado más de 110.000 inmigrantes en el último año), y es necesario que se les permita a los recién llegados trabajar cuanto antes para que dejen de depender de los ayuntamientos.

Biden ha tenido que tomar varias decisiones en cuestiones de inmigración desde que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y algunos de sus aliados (como los dirigentes de Florida y Arizona) comenzaran a enviarinmigrantes a territorios demócratas. El líder estadounidense ha intentado poner freno a la llegada desbordante de solicitantes de asilo a la frontera alejándolos de las puertas de su país, pero esta solución tampoco ha sido la panacea. Se han abierto centros de procesamiento en tres regiones latinoamericanas en un intento de convencer a los migrantes de que no hagan un largo y peligroso viaje en vano. Y aunque el objetivo es seguir abriendo oficinas en el extranjero, incluso en el país vecino mexicano, los propios funcionarios reconocen que es una respuesta insignificante para el enorme desafío que enfrentan.

De nada sirvió tampoco cuando en mayo el presidente implementó una nueva política migratoria para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente sustituyendo el Título 42 de la era Trump por el Título 8, con reglas mucho más estrictas, deportaciones y la prohibición de regresar al país en cinco años si no seguías estas normas. Hay que reconocer que esto provocó que los cruces de frontera cayeran alrededor del 70%, pero se han vuelto a disparar. Solo en los 15 primeros días de septiembre se apresaron a más de 142.000 migrantes que trataban de entrar en EE UU, y una cifra que está a punto de superar los máximos mensuales anteriores.

Por si la cuestión no fuera suficientemente complicada, desde el bando republicano proponen duras medidas para combatir la crisis migratoria. El expresidente Donald Trump ha llegado a proponer incluso que se trasladen tropas a la frontera para enfrentar a quien intenten entrar en el país de manera ilegal. El senador estadounidense de ultraderecha, Ted Cruz, que precisamente es de origen hispano, ha propuesto una ley para que se impongan sanciones federales a los inmigrantes indocumentados, y en la Florida, su gobernador Ron DeSantis no solo les persigue a ellos, sino también a quienes contraten o transporten indocumentados. Además, 25 gobernadores republicanos han enviado una carta al presidente demócrata exigiéndole que tome medidas firmes en la frontera entre México y EE. UU. ¨Los estados están en primera línea, trabajando las 24 horas del día para responder a los efectos de esta crisis: los refugios están llenos, las despensas de alimentos vacías, las fuerzas del orden bajo tensión y los trabajadores humanitarios agotados¨, se lee en la misiva. Biden se defiende asegurando que durante la presidencia de Donald Trump, los republicanos ¨destriparon¨ el sistema de migración y ahora no quieren otorgar los fondos necesarios para hacer frente al problema.