Revés judicial a la política migratoria de Biden

La inmigración ilegal sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un juez de California acaba de tumbar su última regla de solicitud de asilo para los migrantes indocumentados que tratan de acceder al país por la frontera con México. El juez californiano considera la norma «arbitraria y caprichosa», porque exige una cita previa antes de llegar a la frontera entre México y EE UU o que los migrantes puedan demostrar que solicitaron protección en algunos de los países por los que pasaron en su larga travesía hasta el país, una opción, dice el magistrado, que no está al alcance de todos. Este nuevo régimen de Biden pretende sustituir al famoso Título 42 impuesto por Donald Trump durante su mandato, una medida sanitaria que, con la excusa de la pandemia, permitía devolver en caliente a su país a las personas que accedieran de manera ilegal a Estados Unidos.

Al frente de la decisión de frenar la nueva norma, que entró en vigor hace ya un par de meses, está el juez del Tribunal del distrito Norte de California, Jon S. Tigar –nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama–, que asegura que estos «programas de admisión no están significativamente disponibles para muchos no ciudadanos sujetos a la regla», una norma que «generalmente se basa en los programas de admisión especial para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos». Cabe decir que la decisión del Gobierno federal también tiene mucho que ver con los patrones cambiantes de migración. Precisamente, EE UU no puede deportar inmigrantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses porque podría suponer un aumento de tensiones en las relaciones diplomáticas.

Esta nueva política de Biden ha sido condenada incluso por los aliados del propio presidente, legisladores demócratas y defensores de inmigrantes. Aseguran que se pone en peligro a los inmigrantes que tratan de entrar a EE UU sin cita previa porque se quedan atascados en México, a merced de las mafias que trafican con humanos.

Aun así, se espera que el Departamento de Justicia estadounidense recurra la decisión y para ello cuenta con 14 días, que es el tiempo que tardará en entrar en vigor la decisión del juez Tigar. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya dijo que seguirán adelante con su plan, porque a pesar de que el tribunal de distrito «suspendió temporalmente su decisión, el fallo no cambia nada de inmediato. No limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal» a Estados Unidos.

Esta no es la única batalla legal que la Administración de Biden enfrenta en la frontera con México. Esta misma semana el Departamento de Justicia ha demandado al estado de Texas con el fin de obligarle a retirar las boyas que su gobernador, Greg Abbott, ha instalado a lo largo del río Grande para impedir la entrada ilegal de inmigrantes en la frontera sur. El Gobierno federal le había pedido anteriormente que las retirara, pero la respuesta del gobernador republicano a las exigencias federales fue clara, «Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis que ha causado» la política migratoria de la actual Administración. Agarrándose a un «estado de emergencia» ante la constante llegada de inmigrantes indocumentados, Abbott asegura tener pleno derecho a defender sus fronteras contra una «invasión».

El Departamento de Justicia sostiene en su demanda que las nuevas boyas dificultan la navegación en el río, y le pide al tribunal federal que ordene quitar y prohíba la utilización de barreras flotantes cerca de Eagle Pass, en el río Grande, también conocido como el río Bravo por la enorme fuerza de sus corrientes que las hace mortalmente peligrosas. Además, estas barreras flotantes ponen en peligro las relaciones diplomáticas de ambos países, los gobiernos de EE UU y México coinciden en que son ilegales, por tratado y por ley, y hay que quitarlas cuanto antes.

La desafiante respuesta de Gregg Abbott hace pensar que estamos al inicio de otra larga batalla. «Texas lo verá en la corte, señor presidente», escribió el gobernador texano en su carta de respuesta al Gobierno federal. Además, añadió, que nadie quiere ver «otra muerte en el Río Grande, sin embargo, sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada. Nadie se ahoga en un puente». En estos momentos, cualquier inmigrante que logra pisar suelo estadounidense es apresado por la Patrulla Fronteriza, rellena una solicitud de asilo y a partir de ahí reciben una citación con el juez para revisar su caso, a menudo esta cita es a años vista. Durante este tiempo, los solicitantes de asilo quedan en un limbo que les permite moverse libremente por el país y hasta obtener un permiso de trabajo. Pocos vuelven a aparecer. Según datos recogidos por el Departamento de Justicia en el primer trimestre del 2023, solo el 18% de los que comienzan el proceso acaban presentándose a su cita con el juez para regularizar su estado legal en el país.

Funcionarios del Gobierno aseguran que desde que se retiró el Título 42 de Donald Trump el pasado mayo, que permitía expulsiones más rápidas y penas más duras, ha habido un importante descenso del número de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera sur ilegalmente. Una tendencia que coincide con los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP, por sus siglas en inglés), que recoge que en junio la Patrulla Fronteriza arrestó a casi 100.000 migrantes en la frontera sur, la cifra más baja registrada desde febrero de 2021.