Argentina lleva a EE UU ante el tribunal de la Haya por el cobro de su deuda

Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por considerar que las decisiones judiciales estadounidenses en relación al caso planteado por fondos especulativos contra el país suramericano violan su inmunidad soberana.

En su presentación, el país suramericano acusa a Estados Unidos de violar "su obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina, en particular sus inmunidades soberanas".

Estados Unidos, que no reconoce obligatoriamente la competencia de la CIJ, también es demandado por la supuesta "violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado".

También se le acusa de no cumplir con "la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación".

"La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial", dijo la Jefatura de Gabinete de Argentina en un comunicado.

En un acto en la sede del Ejecutivo transmitido por cadena nacional, Fernández sostuvo que la demanda es "contra los Estados Unidos por la actividad de su Poder Judicial".

"El Estado se compone de tres poderes y uno tiene que hacerse responsable, también Argentina, de pagar juicios de gente que ha demandado al Estado por actividad de sus jueces", sostuvo Fernández.

Aclaró que "esto no significa que se actúe contra ese país por el país, sino simplemente que poderes o empleados dependientes de ese país han provocado daño o han actuado no conforme a derecho".

"¿Para qué sirve La Haya? Para evitar que los países, cuando tenemos diferencias, nos agarremos a los bombazos o a los misilazos. La sociedad democrática debe resolver sus diferencias a través de tribunales internacionales de los que somos signatarios", afirmó.

Las críticas a la Justicia estadounidense devienen de la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de fondos de inversión especulativos que demandaron a Argentina por bonos impagos desde 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

El fallo de Griesa quedó firme después de que en junio pasado la Corte Suprema estadounidense rechazara un recurso del Gobierno argentino contra la sentencia del magistrado neoyorquino.

Griesa hasta ahora no se pronunció por esta acción argentina ante la CIJ, pero convocó a Argentina y los fondos demandantes a una nueva audiencia mañana, viernes.

El propósito de esta audiencia es tratar de "las afirmaciones recientes hechas por la República de Argentina", señaló la Corte de Nueva York.

Como parte de la aplicación de la sentencia, que obliga a Argentina a pagar a los fondos 1.330 millones de dólares más intereses, Griesa ha bloqueado 539 millones de dólares que Argentina depositó en el Bank of New York Mellon para afrontar un pago a los tenedores de la deuda reestructurada.

Según insistió hoy el Gobierno de Cristina Fernández, esas decisiones "vulneran la determinación soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa".

"De tal manera, dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos", afirma el comunicado.

Argentina dijo que somete este desacuerdo a la CIJ, "en tanto que principal órgano judicial de la Naciones Unidas, brindando así a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad a derecho y a la justicia".

Si Estados Unidos no aceptara la competencia de La Haya, Argentina entiende que ese país "está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver"la controversia.

Según el Gobierno argentino, las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos "y del derecho internacional general "imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias por medios pacíficos".

Durante la instancia de la causa en la Corte Suprema, el Gobierno de Barack Obama se presentó en el proceso como "amicus curiae"(amigo de la corte) de Argentina, una figura jurídica que representa el apoyo a una de las partes ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa.

Así, el 21 de abril pasado el subprocurador general de Estados Unidos, , Edwin Kneedler, hizo una presentación de diez minutos ante el Supremo en respaldo de la posición de Argentina, según la cual lo dispuesto por Griesa viola las leyes de inmunidades extranjeras.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, acusó hoy a Griesa de actuar como si tuviera la "infalibilidad"que se le atribuye a un papa y de promover "la inseguridad jurídica"al bloquear el pago a los tenedores de los bonos reestructurados.

Capitanich dijo que el banco Mellon, como agente fiduciario, está obligado a transferir a los inversores el dinero que Argentina depositó en días previos al vencimiento del 30 de junio.

Estados Unidos retiró en 1986 su aceptación obligatoria de la jurisdicción de la Corte de La Haya, después de que ese tribunal le diera la razón a Nicaragua en la demanda que presentó en 1984 por el apoyo estadounidense a los "contras".

La sentencia de la Corte obligaba a Estados Unidos a "cesar y abstenerse"del "uso ilegal de la fuerza"contra el gobierno de Nicaragua y a pagar compensaciones.