Cada persona cuenta: Al menos 1.300 personas fallecieron en África de forma violenta durante el mes de abril

Al menos 1.300 civiles han fallecido este mes de abril en África de forma violenta, más del doble que en el mes pasado.La cifra no incluye los homicidios entre particulares, debiéndose únicamente a episodios de violencia intercomunal, ataques yihadistas y asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad. En su mayoría, los números se refieren a las matanzas de entre diez y cuarenta personas que ocurren semanalmente en el continente. Cabe a destacar que la dificultad intrínseca a la naturaleza del continente africano para obtener cifras completas lleva a que sea probable que hayan ocurrido más muertes de las mencionadas, debido a que el hermetismo de ciertas regiones impide tener conocimiento de muchos de los fallecimientos hasta que los organismos internacionales publican sus informes trimestrales o anuales, si es que se informa de dichas muertes alguna vez. Esto se da, por ejemplo, en República Centroafricana, Sudán del Sur o Somalia, países en conflicto sobre los que todavía no se han recogido datos para este mes de abril, más allá de unos pocas víctimas filtradas a la prensa.

Las naciones con un mayor número de afectados han sido República Democrática del Congo (más de 248 fallecidos), Nigeria (más de 185 fallecidos), Burkina Faso (más de 260 fallecidos) y Sudán (más de 500 fallecidos). Uno de los mayores horrores vividos este mes en el continente tiene como protagonista a Kenia, donde la policía ha encontrado ya 95 cuerpos pertenecientes a la organización religiosa renombrada por la prensa como la Secta del Hambre, que garantizaba la salvación eterna a sus seguidores si ayunaban hasta la muerte. Aunque las víctimas no fallecieron a manos de grupos armados, lo sucedido ha conmocionado a la nación del este africano.

República Democrática del Congo

Los grupos yihadistas infiltrados en el país y la violencia comunal han sido los responsables de la mayoría de los asesinatos en este mes, con 33 y 85 víctimas, respectivamente. La peor masacre registrada en el mes de abril ocurrió en la provincia de Ituri, al este de RDC y muy cerca de la frontera con Uganda. La matanza tuvo lugar en una agrupación de aldeas el pasado 14 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en las localidades, asesinaron a 43 civiles y posteriormente prendieron fuego a un número indeterminado de viviendas. Aunque se ignora a ciencia cierta a qué grupo pertenecían los perpetradores, fuentes citadas por Reuters aseguraron que se trataban de milicianos de la Cooperativa de Desarrollo del Congo (CODECO).

Dicho grupo, cuyos intereses fluctúan entre la religión, la etnicidad y la política, ya fue responsable de la muerte de más de 60 personas en Plaine Savo en febrero de 2022 y de otras 30 personas en marzo de este año. Entre los meses pasados de diciembre y enero han sido acusados por la ONU de haber asesinado a cerca de 200 personas. Estos ataques forman parte de la tensión existente desde hace décadas entre las etnias Lendu y Hema, donde la CODECO está integrada por milicianos pertenecientes a la comunidad Lendu y actúa con una libertad casi plena debido a la caótica situación en el este de RDC.

Nigeria

Los choques entre pastores y agricultores son comunes en el país más poblado de África, aunque el asesinato de unas 130 personas en apenas 10 días en el Estado de Benue ha sacudido a toda la nación. Los culpables en este caso: pastores de la comunidad fulani que compiten contra agricultores de otras etnias por los terrenos fértiles, cada vez más escasos en el país debido al cambio climático y a la prolongación de las sequías. Aunque el conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria se remonta a los siglos pasados, la situación entre ambos grupos empeoró notablemente a finales del siglo XX, cuando las sequías y la presión demográfica obligaron a los pastores a trasladarse a las provincias del sur. Las muertes se cuentan por decenas de miles desde entonces.

Los pastores solían intercambiar la leche de sus ganados por el grano de los agricultores, creándose así un frágil estatus quo que bastaba en cierta medida para disipar las tensiones. La popularización de la leche envasada en el país hizo que los agricultores perdieran el interés por la leche local, lo cual empobreció a los pastores y les arrastró a emplear medidas violentas para mantener su control sobre los pastos, si no a través de herramientas económicas, con la fuerza de las armas.

Burkina Faso

Con los yihadistas controlando el 40% del territorio nacional, la situación en Burkina Faso es extrema. Dos golpes de Estado sólo en 2022 y más de 4.000 muertes al año desangran a una nación que se encuentra actualmente en una situación de guerra civil y donde los choques interétnicos multiplican el factor religioso. El actual jefe de Estado, el capitán de artillería Ibrahim Traoré, ha declarado la guerra abierta contra los yihadistas y cualquiera que les preste apoyo. Tal es así, que cualquiera que trate con los terroristas, aunque sea para venderles una botella de agua, será considerado como terrorista por los militares y ajusticiado como tal. Los resultados de esta política extrema amenazan, sin embargo, con el desastre, como puede comprobarse tras lo sucedido este mes de abril.

Un grupo de hombres vestidos con uniformes militares se acercaron a la localidad de Karma y sus alrededores en la mañana del día 20 para comenzar una de las peores masacres de los últimos años. Niños, mujeres, hombres y ancianos fueron ejecutados en pocas horas bajo la acusación de haber colaborado con los yihadistas, según han confirmado los supervivientes. Los números bailotean. El gobierno cita 60 muertos por el ataque y niega la responsabilidad de las fuerzas armadas; grupos defensores de los derechos humanos que se han trasladado hasta Karma en los últimos días han asegurado a LA RAZÓN que la cifra ronda los 200 fallecidos y albergan pocas dudas sobre la responsabilidad del ejército y de las VDP (Voluntarios por la Defensa de la Patria). La cobertura de los medios internacionales ante esta masacre ha sido mínima, entre que el ejército burkinés, lejos de avanzar en su lucha contra el terrorismo, prosigue una dinámica de matanzas que no hace sino incrementar el número de civiles que se unen a los terroristas en busca de una venganza por la muerte de sus seres queridos.

Sudán

La lucha de poder que ha enfrentado a los generales Al Burhan y Hemedti ha derivado en una guerra civil cuyas consecuencias se auguran catastróficas. Tras contabilizarse cuatrocientas víctimas civiles en los primeros días del conflicto, hace casi una semana que el número se ha estancado por debajo de los 600, mientras se intuye que la cifra será mayor de lo registrado a falta de nadie que lleve la cuenta al completo. Una nación que albergaba la esperanza de construir un gobierno civil y democrático en un futuro cercano vio cómo sus sueños se derrumbaban con el estallido de los combates en las principales ciudades del país.

Las cifras de refugiados que huyen del conflicto fratricida apenas comienzan a cobrar forma. La ONU calcula que en torno a 100.000 personas huirán a Chad en las próximas semanas, sumándose así a los 400.000 sudaneses que ya alberga la nación vecina debido a conflictos previos; la OIM indica que más de 75.000 sudaneses se han sumado a la condición de desplazados internos. Al caos de la huida debe sumársele la difícil situación que viven las poblaciones de Jartum (la capital) y Darfur, donde apenas si quedan alimentos en las tiendas y se adivina una crisis humanitaria venida de la mano del hambre.

Resulta relevante conocer que al menos 700 de las muertes ocurridas en el mes de abril, más de la mitad contabilizadas, se han dado a manos de los cuerpos de seguridad de las naciones afectadas. Independientemente de las posibles justificaciones que esgriman los militares burkineses y sudaneses a la hora de completar sus acciones, no cabe duda de que el continente ha sufrido este mes una seria deriva hacia la violencia estatal (traducido por algunos como terrorismo de Estado), que sólo consigue deslegitimizar a las fuerzas de seguridad de los Gobiernos implicados y, en consecuencia, a los propios Gobiernos que dan la orden de disparar.