Masacre de civiles
Al menos 150 personas son asesinadas en Burkina Faso a manos de "hombres uniformados"
El gobierno burkinés confirma sesenta muertes, mientras testigos sobre el terreno aseguran haber contabilizado hasta 213 fallecidos
Hasta 213 personas podrían haber sido asesinadas por hombres vestidos con uniformes militares el pasado viernes en el Departamento de Barga, Provincia de Yatenga, al noroeste de Burkina Faso. Según confirmó este domingo Lamine Kaboré, fiscal del Tribunal Superior de Ouahigouya, el comandante de la Brigada de Investigación de la gendarmería de Ouahigouya le informó de que más de 60 personas fueron “asesinadas por personas que vestían uniformes” del ejército burkinés. Los autores se llevaron consigo diversos bienes después del ataque, según el fiscal, que también añadió en su comunicado haber “impartido las instrucciones necesarias a fin de dilucidar los hechos y detener a los involucrados”.
Según han confirmado los testigos de la masacre, los agresores llegaron sin previo aviso subidos a vehículos todoterreno y motocicletas, sólo para comenzar a ejecutar de forma indiscriminada a cuantos se cruzaron en su camino, incluyendo en su rabia a niños, ancianos y mujeres. Mientras las fuentes oficiales ajustan la cifra a 60 fallecidos, los habitantes de la localidad de Karma aseguran haber contabilizado hasta 213 personas asesinadas. La difícil situación en Burkina Faso (en 2022 fue el país del mundo con más muertes a causa del terrorismo), unida al secretismo con que opera la junta militar que gobierna el país en su guerra contra el yihadismo, vuelve en extremo difícil dilucidar la veracidad de las informaciones. La portavoz para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasi, emitió este martes un comunicado donde aclaraba que "al menos 150 civiles han sido asesinados [en Karma] y muchos más han sido heridos" y llamaba a una investigación "rápida e independiente" sobre lo sucedido.
Daniel es un defensor de los Derechos Humanos residente en Uagadugú y que trabaja con numerosas organizaciones locales para combatir contra la discriminación étnica y religiosa que afecta a esta nación africana, especialmente en lo que respecta a la etnia Peul. Tras una frenética mañana de llamadas, confirma que la masacre del pasado viernes “sigue una pauta similar a la que siguieron las milicias estatales en 2019” y alberga pocas dudas de que haya sido perpetrada por miembros de las fuerzas de seguridad burkinesas. Mientras los medios de comunicación nacionales aseguran que la masacre se limitó a la localidad de Karma, cuya población pertenece en su mayoría a la etnia Mossi, Daniel confirma que otras aldeas de la zona fueron atacadas, en esta ocasión con una mayoría Peul entre los locales.
La junta militar que gobierna Burkina Faso aplica el delito de terrorismo a cualquier ciudadano que colabore con los yihadistas. Daniel pone de ejemplo a los vendedores de bolsas de agua: “si un vendedor callejero vende una bolsa de agua a un terrorista, aunque no sepa que se trata de uno en el momento de la venta, el vendedor será juzgado como terrorista por las autoridades”. Esta dinámica legislativa, unida al hecho de que las aldeas masacradas durante el pasado viernes nunca han sido atacadas por los yihadistas, hace pensar a Daniel y sus compañeros que el Ejército burkinés haya respaldado sus acciones en una supuesta colaboración entre los habitantes de las aldeas y los yihadistas.
Pone asimismo de ejemplo lo ocurrido hace escasas semanas, cuando una periodista de RFI publicó un vídeo donde podía verse a un grupo de hombres uniformados asesinando a pedradas a un grupo de adolescentes adolescentes, supuestamente acusados de colaborar con los yihadistas. El gobierno burkinés negó en un principio que los uniformados fueran militares, aunque finalmente aceptó lo sucedido alegando que los tiempos de guerra justifican acciones de este tipo. Menos de 24 horas después de la publicación del vídeo, la corresponsal de RFI en Burkina Faso fue expulsada del país.
Dinámicas en repetición
Burkina Faso ya ha sido escenario de otras masacres de civiles perpetradas por los yihadistas y sus propias fuerzas de seguridad. El 12 de junio de 2022, 116 personas fueron asesinadas por hombres armados sin identificar en la localidad de Seytenga, al norte del país; en 2019, la milicia estatal conocida como Koglwego protagonizó el asesinato de cincuenta civiles acusados de colaborar con los yihadistas; otras 138 personas fueron masacradas en junio de 2021… Los números en cualesquiera de las masacres mencionadas nunca fueron confirmados de forma definitiva, como se teme que ocurrirá en esta ocasión.
Los asesinatos de la semana pasada ocurrieron después de que una base de las fuerzas de autodefensa burkinesas (VDP) sufriera un ataque el pasado 15 de abril, momento en que ocho soldados y 32 efectivos de las VDP fueron asesinados por atacantes del grupo terrorista JNIM. Este no es el primer ataque que podría atribuirse, si no al ejército burkinés, a las VDP. En noviembre de 2022, al menos 50 civiles de las localidades próximas a la ciudad de Djibo fueron asesinados por miembros del 14º Regimiento. En otro incidente registrado, 28 personas fueron asesinadas en Nouna, provincia de Kossi, sin que las investigaciones realizadas hayan alcanzado a señalar culpables.
La mayoría de las matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad burkinesas en los últimos años corresponden a “contraataques” posteriores a las incursiones yihadistas en la zona. Daniel confirma que, en estos contraataques, “la escasa información de la que disponemos y el lenguaje utilizado por los militares vuelve imposible saber si los asesinados eran terroristas propiamente dichos o supuestos colaboradores”. De lo que no le cabe duda, es que los militares “se colocan a la altura moral de los yihadistas” cuando promueven las matanzas de civiles sin un juicio previo.
Tanto él como Ismael Kousse, uno de los pocos psicólogos burkineses que se dedican a tratar los traumas que influyen las masacres entre la población civil, lamentan la falta de diálogo entre el Ejército y los yihadistas. Kousse recuerda que “fueron las masacres previas a 2015 las que facilitaron la introducción de las células yihadistas entre la población civil”, mientras opina que el conflicto en Burkina Faso no terminará mientras ambos bandos sigan actuando con una brutalidad como la registrada el pasado viernes. Quien a hierro mata, a hierro muere. Esta es un realidad que conocen de cerca demasiados burkineses.
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