Campaña del miedo chavista para boicotear a la oposición

El régimen presiona a los funcionarios para que voten en la consulta oficial y amenaza la de la disidencia.

Se acercan las fechas en las que Venezuela vivirá dos momentos clave en su historia electoral: el plebiscito organizado por la oposición y la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. En el palacio de Miraflores saben que no cuentan con el favor del pueblo y, por tanto, preparan otras estrategias de presión. Desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez, el oficialismo viene supervisando el voto. De hecho, Maduro pidió vigilar con listados que todos los empleados públicos voten en la Constituyente, y que los trabajadores participen «sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía». Las elección de la Asamblea, rechazada por la oposición, será el 30 de julio. Una práctica que recuerda a los métodos cubanos, donde todos los funcionarios están obligados incluso a asistir a los mítines que Raúl Castro preside en la Plaza de la Revolución.

Una prueba del resultado de su amenaza se verá este domingo, cuando el chavismo celebrará un simulacro de esta importante cita electoral. El método está basado en la «lista Tascón», una recogida de firmas de 2003 y 2004 para la renuncia de Chávez, petición que condujo al referéndum revocatorio de 2004 que perdieron los firmantes. Antes y después de la consulta, hubo acusaciones de que la lista fue usada por el Gobierno para discriminar a los opositores después de que fuera publicada en internet por el diputado Luis Tascón como parte de la verificación de las firmas.

La propuesta de Maduro es «agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores, llamar a los que tengan carné de la patria y organizar la forma en que van a ir a votar a las 5:00 el domingo 30 de julio en cambote [grupo]». «Al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores deben votar los 15.000 trabajadores sin ninguna excusa», ordenó el líder boliviariano. El diputado Armando Armas comenta a LA RAZÓN que «es muy probable que hoy Maduro vuelva a amenazar de forma indirecta a los que vayan a votar». «Se esperan funcionarios del SEBIN y colectivos amador chequeando la identidad de los que voten para presionar. Los medios oficiales ya están advirtiendo a los que voten de firma indirecta», asegura.

La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por Maduro el 1 de mayo, tras un mes de protestas de la oposición y una crisis institucional provocada por la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin funciones al Parlamento y a los diputados sin inmunidad. Además y para ganarse el favor de los trabajadores, el presidente anunció otro aumento del salario mínimo del 60%.

Ese proceso se celebrará sin la participación de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha convocado otra consulta el domingo contra la Constituyente, y de algunos sectores del chavismo críticos al proceso. Según confirmaron fuentes de Voluntad Popular a LA RAZÓN, la gente también tiene miedo a votar. «Después de que emitan su voto vamos a quemar los libros donde aparecen sus nombres para que no haya represalias», afirman. Temen que el régimen se haga con los listados de participación. Sectores chavistas han amenazado con acudir a algunos de los colegios de la MUD para requisar las urnas.

Una encuesta de Datincorp muestra que el 52% de los venezolanos tiene pensado votar el domingo, lo que representaría más de diez millones de personas del ceso electoral. Entre ellos, el 44% se mostró «totalmente decidido», incluido un 8% que confesó simpatizar con el chavismo. Las cifras, aunque se quedan cortas con respecto a la proyección de la oposición, que espera atraer a 14 millones a las urnas (instaladas en iglesias y otras instituciones, y no en los centros de votación habituales), constituirían un masivo rechazo al proceso constituyente. «Éste podría ser el mayor acto de desobediencia civil que se ha registrado hasta el momento. Una votación masiva formalizaría un estado de rebelión popular», considera Diego Moya-Ocampos, analista de IHS Country Risk.

Por su parte, el régimen chavista, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, lanzó una orden a los medios de comunicación para no usar el término «consulta popular», según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, medida que ya fue acatada por algunos sectores.

Para eclipsar la consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confía en lograr una amplia movilización en el simulacro organizado para elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. Luis Emilio Rondón, el único de los cinco rectores del CNE que se ha deslindado del chavismo, solicitó a sus colegas «la suspensión y reprogramación del simulacro», por ser «inoportuna su realización en la misma fecha que se llevará a cabo una consulta ciudadana anunciada antes», declaró.