Francia

El Consejo Constitucional francés avala elevar la edad de jubilación a los 64 años

El máximo órgano administrativo también rechaza la convocatoria de un referéndum sobre la polémica reforma de las pensiones de Macron, pero suspende seis artículos menores

Manifestantes levantan barricadas contra la Policia en París
Manifestantes levantan barricadas contra la Policia en ParísMichel EulerAgencia AP

El Consejo Constitucional francés validó este viernes lo esencial de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. El retraso de dos años, de los 62 hasta los 64, de la edad de jubilación era el punto troncal de la controvertida reforma y obtuvo la luz verde del consejo de los nueve «sabios» (como se conoce popularmente en Francia a sus miembros) a pesar de los tres meses de conflicto social vivido en la calle.

Con este fallo, Macron dispone ahora de 15 días para promulgar la ley, pero muy probablemente lo haga en las próximas horas reduciendo al máximo los tiempos de espera. El veredicto no ha sido, sin embargo, de total aprobación y el Consejo ha censurado diez puntos menores de la reforma, como el índice de trabajadores sénior.

El crucial fallo puede interpretarse como un balón de oxígeno para el Gobierno que, paralelamente, podría calentar aún más el ambiente en la calle pese a que algunos líderes sindicalistas ya habían anunciado previamente que lo acatarían, como el reformista Laurent Berger, líder del mayor sindicato del país, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT). Falta por saber qué efectos tendrá el fallo en la unión sindical que hasta ahora ha hecho frente a Macron y si puede haber fisuras a partir de este veredicto del Consejo Constitucional, máximo órgano administrativo de Francia, en sus filas.

El fallo del Consejo desencadenó protestas durante la tarde noche del viernes en Francia que aún continuaban al cierre de esta edición y ya se registraban algunos disturbios en Toulouse o Rennes. Varios cientos de manifestantes acudían de forma espontánea a la plaza del ayuntamiento en París para protestar contra la validación de la reforma por parte de los nueve «sabios» del Consejo Constitucional. La Policía blindó durante toda la jornada la sede del organismo ante los intentos de acudir a sus puertas a manifestarse. Un dispositivo que se prolongó durante toda la madrugada. Existe una prohibición explícita de manifestarse en todo ese perímetro que rodea al Consejo Constitucional hasta este sábado por la mañana.

Aún es pronto para valorar si el veredicto del Consejo puede aún inflamar más la situación en las calles del país durante los próximos días, aunque algunos de los manifestantes que se congregaban tras el fallo en la plaza del ayuntamiento, la Place de la Ville, así lo estimaban.

Al fallo favorable al grueso de la reforma se le une que el Constitucional ha rechazado la iniciativa de referéndum popular que había presentado la izquierda para limitar la edad de jubilación a los 62 años. Una vía que hubiese dado paso a un período de nueve meses para recoger un 10% de las firmas del censo electoral, es decir, casi cinco millones de firmas.

Momentos antes de conocerse el fallo del Constitucional, el presidente francés hacía un gesto de apertura invitando a los sindicatos al Elíseo el próximo martes «fuera el fallo que fuese» por parte del Constitucional. Una propuesta de diálogo sobre el que todavía no se habían pronunciado anoche muchos de los líderes sindicales.

En cambio, sí convocaron una «gran movilización popular» para el 1 de mayo, que debe ser un momento «histórico» para frenar la reforma, anunció la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, durante una concentración de protesta en París.

Binet dijo que los sindicatos piden a Macron que «vuelva al sentido común» y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar», ya que se aprobó sin un voto en esa Cámara (el Gobierno accionó el artículo constitucional 49.3 que se lo permitía).

La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, «ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma», y acusó a Macron de «gobernar el país contra su pueblo».

También antes de conocerse el fallo, varios actos de bloqueos y pequeñas manifestaciones se habían producido durante la mañana del viernes en varios puntos de Francia. La primera ministra, Elisabeth Borne, volvía a hacer un llamamiento a la calma durante la jornada explicando que es lo que necesita ahora el país tras tres meses de duro conflicto social en las calles. «Esta tarde no hay vencedores ni vencidos», dijo Borne para calmar los ánimos tras el fallo del Consejo.

Del lado de la oposición, el presidente del Reagrupamiento Nacional (RN, antiguo Frente Nacional), el ultraderechista Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen, afírmaba que el fallo «no cierra» la crisis y que Macron «no puede esconderse tras él».

La decisión del Consejo Constitucional llega tras una nueva jornada de movilizaciones contra la reforma, la duodécima, que de nuevo estuvo marcada por altercados, enfrentamientos de fuerzas del orden con miembros de grupos radicales y decenas de detenidos. Esta última jornada vino a confirmar una participación en descenso con menos de 400.000 manifestantes, según fuentes policiales, y algo más de un millón según los sindicatos. Ahora habrá que ver qué efecto tiene la decisión del Constitucional en las calles. La próxima prueba de fuego será el 1 de mayo, día en el que los sindicatos esperan una movilización histórica.

Los expertos han puesto en relieve las posibles consecuencias de este descontento generalizado y dilatado en el tiempo, que podría traer consecuencias a largo plazo, como un impulso para la extrema derecha. Marine Le Pen, líder histórica de Reagrupación Nacional y la cara más visible de la ultraderecha en Francia, ya ha aprovechado este malestar para impulsar su proyecto político. Los últimos sondeos indican que en caso de producirse hoy por hoy una segunda vuelta de las presidenciales, Le Pen se impondría a Macron con un 55% de los sufragios.

Desde el inicio de esta crisis social y política, Macron y su Administración sostienen que la ley es esencial para garantizar que el sistema de pensiones no quiebre. Sin embargo, los sindicatos no lo ven igual: aseguran que hay otros medios más progresistas para garantizar la salud del sistema, como aumentar los impuestos a los más ricos o hacer cambios estructurales. A pesar de que en las últimas semanas el presidente de la República ha rechazado reunirse con los líderes sindicales, ha asegurado que organizará un encuentro con estos tras la decisión del Consejo para empezar a trabajar en otras propuestas, una iniciativa «insuficiente», según la CGT. Y es que, para las organizaciones de trabajadores, sin la retirada de la reforma de pensiones sobre la mesa, «no hay nada de qué hablar» con el Gobierno.