Daniel Sancho, encarcelado en Tailandia: ¿cómo son las prisiones del país asiático?

El español Daniel Sancho Bronchalo ha sido acusado en Tailandia de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte del colombiano Edwin Arrieta Arteaga. El chef confesó el sábado en un interrogatorio policial haber asesinado y descuartizado al cirujano plástico de 44 años. Y confirmó su testimonio un día después en una entrevista con la Agencia EFE. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», declaró.

La Justicia tailandesa ha decretado prisión provisional para el hijo del actor Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado miércoles en la pequeña isla de Koh Paghan. El joven de 29 años ya ha ingresado en la prisión de la isla meridional de Koh Samui, donde permanecerá aislado 10 días por el protocolo sanitario de coronavirus.

El juez ha denegado una solicitud de libertad bajo fianza, por lo que no abandonará la cárcel hasta la apertura de la vista oral. De momento no está fijada la fecha del juicio, que dará comienzo cuando concluya formalmente la investigación en la que Sancho pretende «colaborar en todo lo que pueda», como ha hecho en las últimas horas en las labores de localización e identificación de los restos mortales de Arrieta. La Policía cuenta con nueve semanas para poner fin a las pesquisas. Tiene el testimonio del presunto homicida, pero a las autoridades no les convence su versión de los hechos.

Sancho recibirá el martes la visita del abogado contratado por la familia para definir la estrategia legal. El Código Penal de Tailandia contempla «la pena capital máxima» para los delitos de asesinato. No obstante, suele conmutarse por cadena perpetua o 20 años de prisión.

El futuro del chef español dependerá de si su colaboración en el caso contenta o no a las autoridades. En el peor de los escenarios afrontaría la pena de muerte, como ya sucediera en 2017 con otro ciudadano español, Artur Segarra, quien mató y desmembró al empresario David Bernat. En su caso actuó sin embargo el rey Maha Vajiralongkorn, quien ejecutó el indulto. En el mejor, podría ser condenado a una cadena perpetua que fuera posteriormente rebajada y limitada, una ecuación que facilitaría su traslado a España. En cualquiera de los casos, Sancho permanecerá en una prisión tailandesa en los próximos meses a la espera de juicio.

Las estadísticas penitenciarias de Tailandia muestran que aproximadamente el 70% de los reclusos están en prisión por delitos relacionados con las drogas. El país asiático tiene una de las leyes más duras del mundo al respecto: la distribución puede acarrear la pena de muerte o penas de prisión de por vida, y la posesión conlleva penas de prisión de hasta 10 años para determinadas sustancias estupefacientes. Sin embargo, dos de los cuatro españoles que cumplen penas de cárcel en este país lo hacen por delitos de sangre.

Las condiciones penitenciarias de Tailandia se mantuvieron «muy por debajo» de la normativa internacional en 2022, según el informe anual de prisiones de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Unión por la Libertad Civil (UCL, por sus siglas en inglés). Ambos organismos denuncian las condiciones de hacinamiento –la densidad carcelaria es del 145%, según los datos de Prison Insider–, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, las condiciones insalubres, el acceso inadecuado a la atención médica e incluso el trabajo en condiciones de explotación, a pesar de las tímidas mejoras aplicadas en este sentido.

Otras organizaciones señalan, además, los contactos limitados con el exterior y la falta de actividades recreativas y de rehabilitación a causa, principalmente, de la sobrepoblación de las cárceles. Por ello, los índices de reincidencia no disminuyen de forma progresiva. El hacinamiento y la insalubridad se traduce en la propagación de infecciones como la sarna y enfermedades como la tuberculosis. Además, los reclusos apenas reciben atención médica.

«Antiguos presos describieron tratos inhumanos y degradantes a los que ningún recluso debería ser sometido», indicaba el secretario general de la FIDH, Adilur Rahman Khan. «Aunque las autoridades han adoptado algunas medidas positivas para abordar algunas situaciones de flagrante maltrato, el panorama general de las condiciones de reclusión sigue siendo desolador».