Internacional

El chantaje de Boris Johnson a Europa

Un juez de Edimburgo desestima de forma provisional la suspensión del cierre del Parlamento. El «premier» admite que el fin último de su maniobra es lograr cesiones de la UE.

Un juez de Edimburgo desestima de forma provisional la suspensión del cierre del Parlamento. El «premier» admite que el fin último de su maniobra es lograr cesiones de la UE.

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Como si de una partida de cartas se tratara, el primer ministro británico, Boris Johnson, lanzó ayer un mensaje a quienes están en contra del Brexit: «Mientras en la Unión Europea piensen que el Parlamento podría tratar de bloquear el Brexit, es menos probable que nos den el acuerdo que queremos». Con esta advertencia, Johnson hizo referencia a los continuos intentos de la oposición que pretende que la opción de salirse de la Unión Europea a las bravas no sea una baza que pueda jugar el Gobierno. El «premier» planteó que cuanto más se busque eliminar de la mesa de negociaciones el bloqueo de un Brexit duro, «más probable es que terminemos en esa situación».

Eran sus primeras declaraciones tras decidir la suspensión del Parlamento, e insistió en que su principal objetivo es «lograr un acuerdo con la UE» con concesiones. Preguntado sobre si tiene un mensaje a quienes protestan por su decisión, afirmó: «Mi mensaje es que creo que lo peor para la democracia ahora sería cancelar el referéndum, que es lo que ahora algunas personas están sugiriendo, y anular ese resultado». Fiel a su estrategia de chantaje tanto a la oposición como a Bruselas –ante la que se presenta como «obligado» por el referéndum de 2016–, advirtió del riesgo que supondría desoír el mandato que dieron los británicos para abandonar la UE. «Si paramos el que Reino Unido salga el 31 de octubre, si eso es lo que los parlamentarios acaban haciendo, se provocará un daño duradero en la confianza de la gente en los políticos», ha sostenido, dijo en SkyNews.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn tachó estos comentarios de «completas tonterías» y está buscando junto a otros partidos de la oposición la manera de desafiar al Ejecutivo cuando el 3 de septiembre se vuelvan a reunir en el Parlamento. Pero por el momento no está claro con qué cartas van a jugar para intentar ganar la partida al primer ministro.

Hasta que no se retomen las sesiones en la Cámara de los Comunes, la mesa de juego se mantiene en los tribunales, donde ayer Boris Johnson saboreó una pequeña victoria al ver cómo los intentos de paralizar la suspensión del Parlamento fueron frenados, al menos de momento. El juez escocés Lord Raymond Doherty desestimó de forma temporal el recurso que habían presentado 75 diputados ante el Tribunal de Sesiones de Edimburgo para detener de forma cautelar el cierre de la Cámara británica en Londres. El magistrado argumentó que no está convencido «de que se haya logrado demostrar que exista la necesidad de una medida cautelar urgente a estas alturas del procedimiento».

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Lord Doherty no entró a fondo en la cuestión al considerar que «es preferible que no diga más en esta etapa de lo estrictamente necesario». Precisamente el próximo martes habrá una vista y será aquí cuando el juez entre a valorar si el cierre del Parlamento promovido por Johnson es o no inconstitucional.

Un portavoz del Gobierno vio de forma positiva que el tribunal se pronunciara en contra del interdicto provisional con el que se pedía que el juez se pronunciara antes sobre la legalidad de la medida. El Ejecutivo no considera que haya «una buena razón» para que el magistrado aprobara las medidas cautelares. Por su parte, la abogada Aidan O’Neill, que representa los intereses de la petición de los 75 diputados en Escocia, fue más allá y subió la apuesta al decir que el primer ministro debería presentar ante el tribunal «una declaración jurada sobre los motivos por los que quiere suspender el Parlamento». Cuando presentó su medida, Johnson argumentó que se basaba en «sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa». Una explicación que la oposición vio como un farol y que interpretó en verdad como la intención de acortar los plazos lo máximo posible para que los diputados no tengan tiempo suficiente para frenar un Brexit sin acuerdo.

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En Londres los tribunales también tienen trabajo con la demanda que presentó la empresaria y anti-Brexit Gina Miller ante la Corte Suprema y a la que se sumó ayer el exprimer ministro John Major. El exmandatario «tory» pidió permiso al tribunal para formar parte de la petición de Miller y no duplicar esfuerzos. La Justicia celebrará una vista preliminar el jueves 5 de septiembre para valorar la demanda. Sin embargo, muchos le recuerdan a Major que él también suspendió el Parlamento cuando fue primer ministro durante 19 días en 1997 para evitar que se debatiera sobre un caso de corrupción dentro del Partido Conservador. El cierre fue seguido de elecciones que ganó el entonces líder de los laboristas, Tony Blair.

Otro exprimer ministro que se mostró crítico fue Gordon Brown, al decir que Johnson «está desgarrando» el país y «triturando la Constitución» con su cierre del Parlamento. Brown comentó que había hablado con líderes europeos y que pensaba que «la próxima semana la Unión Europea retirará la fecha límite del 31 de octubre y eliminará la excusa que tiene Boris Johnson y la afirmación que está haciendo de que la UE es inflexible en su tiempo, para que así pueda ser posible que los diputados (británicos) voten contra un Brexit sin acuerdo».

La oposición a los planes de Johnson se extiende también ahora hasta los juzgados de Irlanda del Norte. La próxima semana la Corte Suprema de Belfast tendrá que decidir, como así hizo Edimburgo ayer, si paraliza la suspensión del Gobierno como medida cautelar tras una petición del activista Raymond McCord, que considera «antidemocrático» el cierre del Parlamento. «En muchos sentidos, hay razones más fuertes en Irlanda del Norte por las cuales es aplicable el interdicto provisional, debido a la evidente agitación que se creará aquí si hay un Brexit sin acuerdo», argumentó. Para muchos en Irlanda del Norte, una salida sin acuerdo se ve como un riesgo que podría poner en peligro el proceso de paz de Irlanda del Norte. El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, aseguró ayer que «Boris Johnson está planteando una postura muy clara y firme pero que no es para nada razonable y por tanto la UE no puede facilitarla y él debe saberlo». «El Gobierno británico ha cambiado su enfoque de forma radical así que son ellos quienes tendrán que plantear soluciones». Pero, según Coveney, «cada vez que hemos planteado esa cuestión, la respuesta no es convincente». «De hecho, a veces no se recibe ninguna respuesta», añadió.

Este sábado, la ofensiva judicial se transformará en social al trasladarse la batalla de los tribunales a las calles, donde se han convocado protestas en más de 30 ciudades, organizadas por el grupo anti-Brexit Otra Europa es Posible. La más multitudinaria será la de Londres, pero incluso se han convocado manifestaciones fuera de Reino Unido, bajo el lema «Detengamos el golpe de estado».

Momentum, el movimiento de las bases laboristas que apoyan a Jeremy Corbyn, que también participará en las protestas, llamó al desorden público para que «se ocupen puentes y se bloqueen carreteras. Su objetivo es que si Johnson quiere cerrar el parlamento, ellos cerrarán las calles.

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Los agricultores británicos piden aranceles para los productos de la UE

El Sindicato Nacional de Agricultores de Reino Unido pidió ayer al primer ministro, Boris Johnson, aranceles a la importación de huevos, algunos productos lácteos, hortícolas y granos si finalmente Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin un acuerdo comercial. Se espera que las exportaciones agrícolas británicas a la UE enfrenten aranceles en un escenario sin acuerdo, pero en marzo el Gobierno Theresa May anunció un plan para eliminar las tarifas sobre muchas importaciones para evitar la llamada frontera dura con Irlanda. El sindicato asegura que «no hay indicios de que dicho acuerdo sea recíproco por parte de la UE» y advierte de que ese escenario permitiría que «todos los bienes de la UE ingresen al Reino Unido libres de impuestos».