El futuro de la mandataria será decidido por 90 diputados

Ante la posibilidad de que el Congreso vote este mismo fin de semana el «impeachment» –la votación comenzaría el viernes y, a causa de los discursos de los parlamentares, se alargaría hasta el domingo–, oposición y Gobierno se han movilizado para convencer a los indecisos. La oposición parece tener asegurados 300 votos –insuficientes, pues se necesitan 342, dos tercios de la Cámara–, contra los 120 del Gobierno, según señalan las últimas encuestas. Eso significa que quienes decidirán si el juicio político avanza a la fase definitiva en el Senado –o es archivado– serán unos 90 diputados de formaciones minoritarias. En ellos recae la responsabilidad de mantener la elección de las urnas o apoyar un proceso de destitución que cada vez tiene más tintes políticos, en lugar de jurídicos.

En una estrategia mediática para condicionar a los indecisos, Gobierno y oposición aseguran públicamente que sus cálculos les garantizan ya la victoria. Algunos periódicos como el «Estado de Sao Paulo» han creado en sus portales de noticias un «marcador» en el que suman votos los diputados que revelan anticipadamente su elección. «Tenemos 342 votos, pero no tenemos ‘‘grasa’’ para quemar, y necesitamos un margen de seguridad porque el Gobierno está actuando para comprar diputados, ofrecer ventajas y negociar cargos», explicó ayer el coordinador del Comité Pro-Impeachment, el diputado Mendonça Filho, en referencia a las maniobras de Lula en Brasilia para negociar el apoyo de partidos, sobre todo los que tienen un peso notable en el nordeste del país, centro del apoyo político del Partido de los Trabajadores (PT). No es improbable que, antes de la votación del domingo o incluso después, el Gobierno recurra al Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar de suspender el proceso o, por lo menos, posponerlo alegando irregularidades. Una estrategia para «judicializar» el «impeachment».

«El Gobierno va a tratar de judicializar el caso para que el Supremo manifieste si hubo o no crimen de responsabilidad por parte de Rousseff», explica a LA RAZÓN el jurista Luiz Flavio Gomes. «La gran cuestión que el Gobierno puede pelear en el Supremo es si los hechos presentados para sostener el ‘‘impeachment’’ [las supuestas irregularidades en la administración de las cuentas públicas de 2014] son anteriores al actual mandato, que comenzó el 1 de enero de 2015», explica por su parte la jurista Eloísa Machado de Almeida, de la Fundación Getulio Vargas (FGV).