El partido de Uribe desmonta los pactos de Santos con las FARC

El Centro Democrático, el partido político creado por el ex presidente Álvaro Uribe, publica una lista con 68 “capitulaciones” del Gobierno colombiano con las narcoguerrilla.

El Centro Democrático, el partido político creado por el ex presidente Álvaro Uribe, critica en un documento los riesgos de firmar una paz con las FARC porque supondría “la claudicación del Estado democrático al grupo terrorista”, implantaría “la arbitrariedad”, la “incertidumbre entre los inversionistas” y “retardará el desarrollo rural”. El partido ha presentado recientemente en Colombia una lista con “68 capitulaciones de Santos en La Habana” relativa a los tres grandes temas que se han pactado en las conversaciones en Cuba hasta ahora: narcotráfico, participación política y reforma rural integral.

El partido de Uribe asegura que negociar con el terrorismo la agenda del país “significa validar el uso de la violencia como forma de lograr resultados políticos, además de significar una injusticia con la democracia y los partidos políticos que respetan la legalidad y la convivencia pacífica”. Además, advierte de que los diálogos de paz de La Habana -que comenzaron en octubre de 2012- podrían prolongarse indefinidamente mientras siguen “atentando contra los colombianos”. Mientras tanto, según las cifras del Centro Democrático, la lista de víctimas de las FARC sigue aumentando. Desde que se iniciaron las conversaciones en Cuba, la narcoguerrilla ha cometido 755 atentados en los que han muerto 99 civiles y 627 soldados y policías.

Tras la publicación de los documentos del Gobierno colombiano sobre lo acordado hasta ahora con las FARC, el Centro Democrático alerta de la existencia de al menos 28 temas nuevos pendientes de negociar sin cuya aprobación no se firmaría el acuerdo global entras las dos partes. Estos puntos nuevos se refieren a la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, la disminución del presupuesto militar y el tamaño de nuestras Fuerzas Militares, la revisión de la política minero-energética y el reordenamiento territorial, entre otros.

A tenor de lo publicado por el Gobierno, el Centro Democrático critica las numerosas concesiones del presidente Juan Manuel Santos. Por ejemplo, el Estado asume la financiación en el desminado del territorio -denuncia el documento-, ya que las FARC no asume su responsabilidad exclusiva en el problema. Tampoco se les exige que entreguen sus bienes para reparar a las miles de víctimas que han causado durante más de cincuenta años.

En los pactos acordados en La Habana, las FARC “no son reconocidas como narcotraficantes y tampoco se comprometen a entregar cultivos ni rutas ni laboratorios para la elaboración de sustancias ilegales”. Según el Centro Democrático, al no contemplarse la entrega de los bienes derivados del narcotráfico, “se estaría legalizando la más grande operación de lavados de activos al grupo narcoterrorista”.

Otra de las críticas del Centro Democrático va dirigida contra “la paz armada de las FARC”, ya que “han insistido en que nunca entregarán las armas, pero aceptan que dejarán de usarlas sólo cuando el Gobierno haya cumplido todos sus compromisos”. Al mismo tiempo, pronostica que con las concesiones del Gobierno crearán un grupo político “financiado por el narcotráfico y respaldado por las armas, atentando contra el orden democrático”.

En el capítulo de tierras, el uribismo advierte de que gracias a los acuerdos de La Habana “ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica de permanencia” porque se expropiarán tierras por motivos de interés social o de utilidad pública. El Centro Democrático calcula que se expropiarán unos 20 millones de hectáreas a los colombianos para incluirlas en el Fondo de Tierras que ambos, Gobierno y FARC, administrarán. “Por lo contrario, en ninguna parte aparece el compromiso de las FARC de entregar cerca de un millón de hectáreas que han expropiado a los campesinos a sangre y fuego durante años”, lamenta el partido en dicho comunicado.

Sin embargo, añade la formacion de Uribe, el Gobierno pretende entregar a la narcoguerrilla territorios denominados Zonas de Reserva Campesina, “que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica” al convertirlas “en corredores geoestratégicos para la movilización militar, de tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas”. También se critica que el narcotráfico quedaría considerado como un delito político por lo que podría ser objeto de indultos o amnistías. En este sentido considera “preocupante” que “los narcotraficantes y terroristas de las FARC lleguen a ser alcaldes y gobernadores.

Otra de las objeciones del Centro Democrático tiene que ver con la creación de circunscripciones especiales territoriales contempladas en los acuerdos, mediante las cuales se pretende que hayan zonas electorales “en las que no podrá haber sino el partido político de las FARC”.

Según la visión del Centro Democrático, el proceso de paz sólo puede comenzar con “la suspensión de las acciones terroristas” y mediante una agenda basada en la desmovilizaciónla, reinserción y la entrega definitiva de las armas. “Para negociar con el terrorismo se debe respetar la justicia para que no haya impunidad”, sostiene el uribismo