¿En qué consiste la intervención exterior que pide la oposición de Venezuela?

Antonio Ledezma, Julio Borges y María Corina Machado piden a Guaidó que reclame al Grupo de Lima una intervención humanitaria para acabar con la “privación del acceso a los alimentos y medicamentos básicos” que supone “una amenaza grave para la vida de los venezolanos”

Varias figuras de la oposición venezolana en el exilio -y también dentro del país- han pedido a Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, que active la aplicación de la doctrina “Responsabilidad de Proteger”, también llamada R2P, aprobada por Naciones Unidas en 2005. Esta nueva norma de seguridad internacional y de derechos humanos fue concebida con el objetivo de prevenir y detener genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.

Según esta doctrina, si un Estado no protege a su pueblo o es el autor de los crímenes, la comunidad internacional debería estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este contexto, Naciones Unidas fundó en 2009 la Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger (ICRtoP) reuniendo a organizaciones no gubernamentales de diferentes partes del mundo para reforzar el consenso e impedir este tipo de situaciones.

Hasta ahora, esta herramienta ha sido utilizada en Libia, Sudán, Costa de Marfily también en Haití, cuando se aprobó el uso de las tropas para defender a la población de las bandas que desataron la violencia en Puerto Príncipe. La polémica estriba en que existen diversas interpretaciones de este mecanismo. Algunos creen que supone una manera de justificar una posible injerencia extranjera.

En el caso de Venezuela, Nicolás Maduro ha repetido una y otra vez que la entrada de ayuda humanitaria no era más que una excusa para propiciar una intervención de mayor calado por parte de Estados Unidos. En el otro extremo se sitúa parte de la oposición venezolana, englobada en la alianza Soy Venezuela, que incluye a políticos como María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Soy Venezuela argumenta su petición en “la privación del acceso a los alimentos y medicamentos básicos ya sea porque estos no existen en el mercado o porque sus altos costos los hacen imposibles de ser adquiridos por elevadas proporciones de la población, lo que representa una amenaza grave para la vida de los venezolanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables"

Ledezma, por su parte, ha pedido hoy una vez más a Juan Guaidó que se tiene que plantear tanto al Grupo de Lima, formado por una docena de países americanos, como a la comunidad internacional, “la necesidad que tiene Venezuela de ser rescatada de las garras de las mafias que ejecutan exterminio. Es hora de invocar la intervención humanitaria y el R2P aprobada por la ONU”.

Este mecanismo quedó en entredicho por la falta de consenso en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo reaccionar ante el uso de armas químicas en la guerra de Siria. “Si la comunidad internacional hubiera actuado de una forma tan contundente y robusta en la década de 1990 como lo hizo en respuesta a la amenaza de masacre en Bengazi, tal vez los 8.000 hombres y niños asesinados en Srebrenica y los 800.000 hombres, mujeres y niños masacrados en Ruanda seguirían con vida el día de hoy”, ha escrito Gareth Evans, que fue ministro de Exteriores de Australia entre 1988 y 1996.

Otros observadores consideran que la base legal para la aplicación del uso de la fuerza en una intervención humanitaria requiere que “exista evidencia convincente, aceptada por el conjunto de la comunidad internacional, de la existencia de una crisis humanitaria angustiante, a gran escala, que haga imprescindible la intervención inmediata y urgente”, según ha escrito Arantxa Tirado, doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Hay algunos que van incluso más allá y reclaman una intervención dura, como han pedido miembros del exilio venezolano, nicaragüense y cubano en Miami. En el denominado “Congreso de la Resistencia Cubana, Venezolana y Nicaragüense”, celebrado en la sede de la Alcaldía de Miami este fin de semana, organizaciones de exiliados abogaron por la libertad de los tres países, así como por el “enjuiciamiento criminal a Raúl Castro”, que en gran parte es responsable de la situación en Venezuela, dijeron.

La Unión Europea ha rechazado cualquier tipo de intervención militar, una opción que no se contempla en ningún país latinoamericano en estos momentos. Donald Trump, sin embargo, ha insistido en varias ocasiones que no descarta ninguna opción, una hipótesis que ha hecho suya Guaidó desde Venezuela