La UE sanciona a Polonia por no cerrar la mina de Turow

El Ejecutivo comunitario reclama a Polonia el pago de la multa de 500.000 euros diarios impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de septiembre hasta que el país respete la sentencia que le obliga al cierre de la mina de Turow, algo que Varsovia no ha hecho ni parece que piense hacer. La República Checa cree que esta mina a cielo abierto puede dañar sus acuíferos subterráneos y poner en peligro la seguridad en zonas con riego de hundimiento. Aunque el cierre debía producirse en abril de 2020, Polonia ha decidido mantener abierta la mina hasta 2044, lo que ha hecho que Praga haya decidido denunciar el caso ante la justicia europea y ésta, de manera preliminar, le haya dado la razón.

Hasta el momento, el Ejecutivo comunitario ha enviado al país tres requerimientos de pago y dos cartas. La última misiva está fechada el pasado 3 de enero. Ahora, Bruselas debe esperar que las autoridades polacas hagan acuse de recibo de este texto. Entonces comienza a correr el plazo de 15 días para que Polonia comience a pagar esta sanción económica diaria.

Aunque por lo general los Estados miembros suelen abonar las multas impuestas por la Comisión Europea, Varsovia ha desafiado uno de los principios nucleares de la pertenencia al club europeo al cuestionar la primacía del derecho europeo sobre el nacional. Ante las sospechas de que Varsovia pueda en consecuencia desobedecer esta sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea está dispuesta a retener el desembolso de los fondos comunitarios que recibe el país, que además se deducirían con intereses, una vez se cumpla el plazo de estos quince días. Una posibilidad que podría ser recurrente si Varsovia deja de cumplir otros fallos europeos de acuerdo a esta deriva autoritaria.

De hecho, la Comisión Europea confirmó este pasado martes haber recibido la carta en la que Polonia explica cómo tiene previsto cumplir la sentencia de la justicia europea sobre el régimen disciplinario de los jueces. Ahora, Bruselas está estudiando con cuidado este texto antes de decidir si impone una sanción económica.

El pasado mes de julio el alto tribunal europeo concluyó que el régimen disciplinario polaco socava la independencia judicial al dejar a los letrados a merced del control político. En el mes de octubre, el tribunal con sede el Luxemburgo también condenó a Polonia a una multa de un millón de euros diarios hasta que el país no tomase cartas en el asunto y suspendiese el funcionamiento de la Cámara disciplinaria del Supremo. Ahora mismo esta sanción económica asciende a 70 millones de euros.

Las ayudas en el aire

En caso de que el país no pague la multa, Bruselas también se prepara para proceder a la congelación de las ayudas. Esto podría ser tan sólo el principio de una larga batalla para golpear al país dónde más le duele: el dinero. En la cumbre del mes de julio de 2020, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete idearon un nuevo mecanismo para poder cortar el flujo de fondos europeos - incluido el nuevo mecanismo Next Generation EU para hacer frente a los estragos del coronavirus- dirigido a aquellos países que no respetaran el Estado de Derecho y que, por lo tanto, estuvieran poniendo en peligro la ejecución de estas ayudas.

Posteriormente, Polonia y Hungría vetaron la aprobación de Next Generation EU en protesta por este nuevo instrumento y los Veintisiete consiguieron que dieran su brazo a torcer, a cambio de poder presentar un recurso previo ante el alto tribunal europeo sobre la legalidad del nuevo mecanismo. La sentencia definitiva se conocerá a principios de este año y, entonces, no valdrán nuevas tácticas dilatorias. A pesar de que técnicamente la Comisión Europea no necesitaba esperar al veredicto del Tribunal de Justicia de la UE para activar el procedimiento – cuya puesta en marcha puede demorarse entre cinco y ocho meses- la Comisión Europea decidió hacerlo como modo de dar una oportunidad al diálogo.

Hasta el momento, no se han conseguido resultados tangibles. El abogado general, cuyo veredicto no es vinculante pero suele anticipar en un 80% el sentido de las sentencias definitivas del alto tribunal europeo, ha avalado en sus conclusiones la legalidad del nuevo mecanismo.