Bruselas estrecha el cerco sobre Hungría y Polonia

La Comisión activará en 2022 el mecanismo para vincular los fondos europeos al respeto al Estado de derecho

Los primeros ministros de Polonia y Hungría, Mateusz Morawiecki y Viktor Orban, hacen frente común en su pulso contra la Comisión Europea
Los primeros ministros de Polonia y Hungría, Mateusz Morawiecki y Viktor Orban, hacen frente común en su pulso contra la Comisión Europea FOTO: FRANCOIS LENOIR REUTERS

Todo indica que el año 2022 será el momento de la verdad. Las instituciones europeas han ido estrechando el cerco contra Polonia y Hungría debido a lo que Bruselas considera la deriva autoritario de estos países, en ámbitos como la libertad de prensa y la pluralidad informativa. En la cumbre del mes de julio de 2020, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete idearon un nuevo mecanismo para poder cortar el flujo de fondos europeos - incluido el nuevo mecanismo Next Generation EU para hacer frente a los estragos del coronavirus- dirigido a aquellos países que no respetaran el Estado de Derecho y que, por lo tanto, estuvieran poniendo en peligro la ejecución de estas ayudas.

Posteriormente, Polonia y Hungría vetaron la aprobación de Next Generation EU en protesta por este nuevo instrumento y los Veintisiete consiguieron que dieran su brazo a torcer, a cambio de poder presentar un recurso previo ante el alto tribunal europeo sobre la legalidad del nuevo mecanismo. La sentencia definitiva se conocerá a principios de 2022 y, entonces, no valdrán nuevas tácticas dilatorias. A pesar de que técnicamente la Comisión Europea no necesitaba esperar al veredicto del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para activar el procedimiento – cuya puesta en marcha puede demorarse entre cinco y ochos meses- la Comisión Europea decidió hacerlo como modo de dar una oportunidad al diálogo, en línea con la posición defendida por la canciller alemana Angela Merkel en la pasada cumbre de octubre. Esta prudencia del Ejecutivo comunitario no cuenta con el apoyo de todas las instituciones europeas. De hecho, la Eurocámara denunció a la Comisión ante al Tribunal de Justicia de la UE por esta tardanza en activar el nuevo mecanismo.

La voces que piden mano dura pueden aumentar en las próximas semanas. Precisamente el nuevo gobierno alemán entre socialistas, liberales y verdes defiende una posición más beligerante respecto a la deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Todo indica que los intentos del club comunitario de contemporizar con los países del Este pueden llegar a su fin. Por el momento, Bruselas se ha limitado a congelar la luz verde del plan de recuperación post- covid del que a Polonia le corresponden 39.000 millones de euros, pero el golpe podría ser más mucho fuerte si se incluyen otro tipo de ayudas como los fondos agrícolas o las ayudas que reciben las regiones, aunque es difícil hablar d cifras concretas. Según el abogado general de la UE, Manuel Campos Sánchez- Bordon este nuevo mecanismo no resulta incompatible con otros instrumentos sancionadores siempre y cuando exista “un vínculo suficientemente directo entre la vulneración del Estado de derecho y la ejecución presupuestaria, de modo que no es aplicable a todas las vulneraciones del Estado de derecho, sino a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión”. Las conclusiones del abogado general suelen anticipar en un 80% la sentencia definitiva.

En estos meses la deriva autoritaria de estos países no ha remitido. De hecho, Polonia incluso ha puesto en cuestión uno de los principios nucleares del funcionamiento del club europeo: la primacía del derecho europeo sobre el nacional, lo que ha conllevado que el pasado 22 de diciembre, Bruselas abriera un nuevo procedimiento de infracción contra el país.

En cuanto a Budapest, el pasado 9 de diciembre el El Tribunal Constitucional de Hungría hizo público un ambiguo veredicto en el que, si bien no cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, sí deja abierta la puerta a que Hungría puede desobedecer las sentencias que emanan de la justicia europea y siga la senda de Polonia.

Este dictamen es la respuesta a los intentos del gobierno nacionalista de Viktor Orban de no cumplir el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al país a enmendar su política respecto a la acogida de refugiados. En un primer momento, Bruselas se limitó a esperar la reacción de las autoridades húngaras ante un fallo que dejaba tantos interrogantes. Pero todo indica que los peores presagios se han cumplido. El pasado 21 de diciembre, Orban dejó claro que no piensa hacer cambios en sus leyes migratorias. “No cambiaremos nuestras políticas , no dejaremos entrar a los migrantes. Mantendremos el sistema actual, también si el TJUE ordena cambiarlo”, afirmó ante la prensa, en lo que no deja demasiadas dudas sobre un nuevo desafío a los dictados de Bruselas

Tras el portazo de Reino Unido, los dos países del Este se han convertido en los nuevos socios incómodos del club, si bien su Varsovia y Budapest no aspiran a la salida sino a moldear la Unión Europea desde dentro, en una batalla que puede dejar muchos heridos y resultados impredecibles.