Crimen organizado

¿Qué está pasando en Ecuador? Al menos 10 muertos y 14 detenidos en el "conflicto armado" declarado por Daniel Noboa en el país

El presidente ecuatoriano firma el decreto 111, que ordena a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares» con el objetivo de «neutralizar» a los grupos criminales

Al menos diez personas han muerto y tres han resultado heridas, incluidos dos policías heridos por arma de fuego, en Guayaquil en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos "narcoterroristas".

Las víctimas mortales han fallecido en incidentes separados en varios puntos de la ciudad, según ha explicado el cuerpo policial en una rueda de prensa realizada junto al alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, en las instalaciones de la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP.

Los agentes han conseguido detener a 14 personas sospechosas de participar en los hechos violentos, mientras que se ha registrado la toma de cinco hospitales y del canal ecuatoriano TC Televisión por un grupo de encapuchados armados, así como daños en infraestructuras y vehículos. La Fiscalía ecuatoriana ha informado de que procesará a trece personas por el delito de terrorismo debido a que ingresaron armados en las instalaciones de la cadena de televisión y por retener al personal del medio de comunicación, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

El alcalde de Guayaquil ha subrayado que su compromiso "es con la seguridad" de la ciudad: "Vamos a trabajar de manera proactiva y colaborativa con la fuerza pública, a quienes apoyamos irrestrictamente. Seguiremos cooperando con nuestro contingente local de seguridad para fortalecer la respuesta conjunta ante la seria crisis de seguridad". También ha hecho un llamamiento a la "unidad nacional" y ha mostrado su confianza en que "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "tomarán las medidas necesarias para restablecer el orden y la paz en el país". El alcalde se ha solidarizado con las familias de las víctimas y ha enviado su disposición al mandatario.

Esto se produce después de que Noboa decretase el estado de excepción para permitir a los mandos policiales y militares intervenir las cárceles tras asegurar que el país vive "una crisis de seguridad penitenciaria", después de que las autoridades confirmaran la evasión de 'Fito' de la cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, una de las implicadas en la reciente ola de violencia e inestabilidad dentro de los presidios ecuatorianos.

Para el gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, 21 bandas criminales identificadas en su país ahora son organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, según decreto presidencial firmado la tarde del martes en el cual declara la existencia de un Conflicto Armado Interno. “He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, aseguró el mandatario.

De esta manera, el nuevo presidente de Ecuador, que juró el cargo a finales de noviembre pasado apenas, declaró la guerra al crimen organizado en ese país que ya había desatado una ola de violencia desde la publicación de un primer decreto con un estado de excepción.

Ecuador comenzó la semana bajo un estado de excepción que rige por 60 días y suspende los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Además, “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles”, informó el Poder Ejecutivo.

Fue su respuesta a la evasión de Adolfo Macías, alias “Fito”, que las autoridades reportaron se había fugado del Centro de Privación de la Libertad (CPL) en Guayaquil la noche del domingo. Sin saber cuándo escapó, notaron la ausencia del líder de la megabanda “Los Choneros” cuando preparaban su traslado a un penal de máxima seguridad para que continuara su condena de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio. Fue el punto de inflexión.

Las bandas han respondido con más violencia. Durante la jornada del martes Ecuador vio en directo la irrupción de delincuentes dentro del canal de televisión TC Noticias, en Guayaquil, que siguió transmitiendo mientras los encapuchados mostraban sus armas y explosivos. Los periodistas exigían, en nombre de sus captores, que la policía se alejara del sitio. Los uniformados entraron al lugar y detuvieron a 13 personas.

En paralelo, se registraron incursiones criminales en la Universidad de Guayaquil, en el hospital Teodoro Maldonado y en un centro comercial de la misma ciudad. En todos los casos hubo secuestros e intercambios de disparos. Por si fuera poco, se comenzaron a difundir videos en redes sociales que mostraban a encapuchados asesinando a los guardias penitenciarios secuestrados desde el fin de semana, intentos de saqueos a locales comerciales, robos a peatones, y en varias zonas del país sujetos armados abrieron fuego contra patrullas policiales. Al cierre de esta edición, los sucesos aún estaban en desarrollo.

Desde el lunes habían dado sus advertencias con un video grabado desde la cárcel de Turi, en el cual un grupo de encapuchados enviando un mensaje al presidente: “Así como no te importa la vida de los privados de libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios: de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de Excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”.

En la grabación, hubo una “recomendación” a la ciudadanía de no salir por la noche pues habrá enfrentamientos con las fuerzas del Estado en las calles. “Enfrentarán consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador”.

Horas después, cuatro policías fueron secuestrados en dos ciudades, casi un centenar de agentes penitenciarios detenidos dentro de los penales, estallaron coches bomba y fueron incinerados vehículos en la capital Quito, pero también en Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Loja.

De igual forma, explotaron varios artefactos, en un puente peatonal capitalino y cerca de la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, ubicada en Cuenca, entre otros. También, la mañana del martes estalló un vehículo patrullero en una carretera periférica que recorre Quevedo, en el litoral ecuatoriano.

Además, 39 reos se escaparon de una cárcel en Riobamba, a 216 kilómetros al sur de Quito, incluyendo a Fabricio Colón Pico. La fuga fue confirmada por el alcalde John Vinueza, con especial atención a “El Salvaje”, alias de Colón Pico, que la Fiscal General Diana Salazar ha señalado de querer asesinarla. El también cabecilla de “Los Lobos”, la banda más violenta del país, estuvo preso tres días antes de lograr evadirse. 12 personas fueron recapturadas.

Por su parte, los sectores económicos han reaccionado con preocupación al estado de excepción. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que “el toque de queda generará graves daños a las actividades productivas nocturnas. No todas las provincias tienen los mismos índices de inseguridad; esta decisión debería adaptarse a la situación de cada localidad”.

Diego Vivero, de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), lamentó que “ante cualquier dificultad, el encierro es la solución”. El empresario incluso consideró que la Corte Constitucional debería intervenir para regular el uso de los estados de excepción. La Agrepi emitió un comunicado afirmando: “El toque de queda es absurdo a nivel nacional”.

Durante su campaña presidencial, Daniel Noboa prometía resultados rápidos a los problemas de la inseguridad. El presidente tiene un mandato solo de un año y medio, pues ganó unas elecciones adelantadas.

Ecuador cerró 2023 con un nuevo récord de homicidios, por tercer año consecutivo, al llegar a casi 7.600 muertes violentas. El año anterior fue de 4.600, y en 2021 algo más de 2.100.